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El gobierno de esta cansada ciudad no para de mostrar su poco apego por la ley, hasta la ley PROpia. Tres casos revelados esta semana dejan en claro que a la hora de permitir obras ajenas o hacer las propias, la banda del ministro Daniel Chaín no deja que las formalidades se interpongan. Todo un ejemplo de gestión.

El caso más notable, por la cantidad de leyes quebradas, la confusión potencial y la fría indiferencia a los vecinos –un rasgo del bastante imperial Chaín– es el que motivó un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo porteña. El defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado recibió a varios vecinos del Casco Histórico muy preocupados porque se enteraron de que iban a hacer obras relevantes en la calle Perú entre Belgrano e Independencia. Nadie les avisó, ni mucho menos les preguntó qué les parecía.

Gómez Coronado logró descubrir, como cuenta en su Actuación 5034, que hubo una licitación 2444 para crear algo llamado “Area Central Calle Perú entre Av. Belgrano y Av. Independencia”, con un presupuesto de 7.317.052,43 pesos. Esta fuerte suma se va a gastar en uno de los grandes amores de Chaín, la “semipeatonalización” de Perú. El ministro cree sinceramente que pasará a la historia porteña como un Barón Haussman sudamericano con el simple expediente de nivelar veredas y calzadas, y no para de hacerlo. Es el turno de la vieja calle de San Telmo, donde piensa plantar jacarandás, poner bolardos para mostrar “la marca” de las veredas originales y dejar una calle donde puedan circular autos y taxis a veinte kilómetros por hora. Es lo mismo que hizo en la calle Defensa después de comerse el papelón de anunciar una peatonal y enterarse de que no podía hacerlo sin una ley de la Legislatura. Ahí fue que inventó lo de semi peatonalizar.

Como caramelo, la licitación habla de luminarias históricas y de hacer las nuevas veredas con baldosas calcáreas de nueve pancitos, aunque no aclara si harán el papelón de otras calles, el de agregar luminarias de estilo y no retirar las oxidadas cigüeñitas de luz de gas. Tampoco se habla de un pequeño detalle, el del transporte público que circula por Perú.

Esa calle tiene un total de cinco líneas de colectivos desde que Chaín les vedó Defensa. El ministro descubrió, además de que no podía hacer peatonales, que tampoco podía desviar el transporte. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte no le dio bolilla a su plan de mandar todos los colectivos al Bajo y los corrió a Perú. Acá es donde la licitación empieza a desbarrancarse para el complicado lado de los tomates.

Resulta que el documento tiene un inciso 3.0.1.2 donde se cita la ley 954, sancionada en 2002, que según el equipo de Chaín “prohibió la circulación de vehículos de transporte público de pasajeros por estas calles del casco histórico”. Pero Gómez Coronado y su equipo indican que “en realidad, la ley 954 prohibió la circulación por la calle Perú entre Diagonal Julio A. Roca y Av. Belgrano”, fuera del ámbito de la obra del ministro. Lo mismo ocurre con la cita de los Chaín de la ley 3643, que supuestamente restringe el tránsito de vehículos a una máxima de veinte kilómetros por hora en “esas calles” pero que, según los de la Defensoría, solamente menciona la calle Perú para decir que circula de norte a sur entre Alsina y Belgrano. Ni velocidad máxima, ni nada que ver con las cuadras en obra.

Otro furcio llamativo es por ausencia: en ninguna parte de la licitación se menciona que esas cuadras de Perú forman parte del Area de Protección Histórica 1. Por lógica, tampoco se dice en parte alguna que haya intervenido la Dirección General de Interpretación Urbanística, que es el organismo de aplicación de la protección patrimonial, o la Dirección General de Casco Histórico que dirige el muy notable Luis Grossman. Tampoco se menciona ni de pasada a la Comuna 1, que tendría legalmente voz y voto en estas cosas.

Como la calle Tacuarí también va a ser “semipeatonalizada” como su maltratada contraparte Suipacha, y como el gobierno porteño va a crear un Metrobus Nueve de Julio, la Defensoría pasa a preguntarse por dónde irán a pasar los colectivos y dónde se meterán los autos que huyan de la Más Ancha del Mundo. Sin decirlo (Gómez Coronado es un hombre muy cortés) lo que se señala es la falta total de un planeamiento global del tema en una amplia región porteña con mucho, mucho tránsito.

Por todo esto, y sinceramente alarmado por las consecuencias de las obras de nuestro Haussman, el defensor adjunto pidió por escrito este miércoles que el subsecretario de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, arquitecto Jorge Sábato, le cuente si las obras tienen conformidad de las direcciones generales mencionadas y de la Comuna 1, qué pito van a hacer con los colectivos 22, 24, 28, 29 y 126, y cómo va a jugar esta obra con las de la calle Tacuarí.

Sábato tiene diez días para explicarlo.

La calle Olazábal

Lo que será más difícil de explicar con alguna coherencia será el segundo caso de este sábado, el de la resolución del segundón y socio comercial del ministro Chaín, el secretario Héctor Lostri, firmador de la resolución 714 del 15 de este mes casi terminado. El texto es uno de esos de innecesaria oscuridad, escritos en una mezcla de abogadés y arquitecturés para confundir y a la vez cubrirse de posibles demandas. Pero con paciencia de puede ver que Lostri sigue en sus trece en un concepto muy importante: que cuando le conviene, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales es “no vinculante”.

El Consejo es una sombra de lo que debería haber sido y una máquina de blanquear demoliciones. Su nombre indica que alguna vez fue un sellito de goma que servía para darle letra al ministro de turno cuando quería destruir algún edificio o cuando daba permiso para demoler y sabía que iba a haber protestas. Pero desde la ley Anchorena de 2007, las decisiones del Consejo pasaron a ser de lo más vinculantes para el patrimonio edificado antes de 1941.

Por razones desconocidas y que Lostri no explica, la casa de la foto, en la calle Olazábal esquina Zapiola, se transformó en una causa personal. Resulta que el Consejo recomendó catalogarla –en sí un milagro– y por eso fue a parar al Catálogo Preventivo. El dueño resolvió apelar pidiendo una de las famosas “reconsideraciones”, en sí mismas un invento de Lostri sin mayor asidero jurídico. El Consejo, por una vez en la vida, se mantuvo en la suya y rechazó la reconsideración. El dueño insistió, con aval de Lostri, y el Consejo, caso único en su historia, rechazó el pedido por tercera vez.

Entonces Lostri decidió innovar y le pasó el caso a su subordinado, el director general de Interpretación Urbanística, al que tiene firmando y firmando papeles que algún día lo podrán tener gastando en abogados. El director general, disciplinado, emitió una nota diciendo que no, que la casa no tenía valor alguno, que la demolieran nomás. Lostri, feliz, cuenta todo esto en su resolución y permite que se destruya la casa normanda de esa esquina.

Carriego

Finalmente, un caso de falta de coherencia interna. Como se sabe, en la parte ancha de Honduras pervive el Museo Evaristo Carriego, hogar del poeta tanguero y simple que fascinó al joven Borges. La casa es exactamente lo que uno espera de esa época y de ese dueño, una noble choricera criolla levemente italianizada, con zaguán y todo, de las que quedan pocas en esta ciudad tan cambiada. Con muchos años de biblioteca pública, el lugar se fue quedando sin mantenimiento, sin libros, sin pintura, sin obras, hasta que ya no pudo recibir sus actividades tradicionales, peñas y reuniones poéticas. Ahora el gobierno porteño anda queriendo hacer lo mismo que hace cuando logra que una plaza sea una miseria pelada: una gran obra.

Los funcionarios implicados, del Ministerio de Cultura, deberían recordar las palabras de una verdadera especialista que pueden consultar libremente porque trabaja para ellos. La arquitecta Graciela Aguilar estaba en el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales cuando el 23 de noviembre de 2010 se emitió una nota protegiendo un edificio en Avenida de los Incas 3240. El voto ese día fue de cinco a dos, con Aguilar –y por tanto el Ministerio de Cultura– votando como siempre, en contra. Lo interesante del voto es que la arquitecta explica su oposición por “considerar que el inmueble no presenta valores singulares que ameriten la catalogación al tiempo que presenta intervenciones que ponen en riesgo su autenticidad”.

Esta es una excusa consistente de Aguilar, a la que le consta que un cambio de ventana o una mano de pintura mal pensada le basta para descartar cualquier edificio. Es curioso, porque la arquitecta es realmente una experta en patrimonio, tanto que según su propio currículum publicado en Internet –aunque llamativamente lo retiró de circulación– la Ciudad la contrataba para obras de restauración aunque era funcionaria de la misma Ciudad...

Con tanta experiencia, el ministro Hernán Lombardi debería pensar lo que dijo su funcionaria, ya que la obra que planea hacer en la casa de Carriego ciertamente “pone en riesgo su autenticidad”. Y eso es algo que un ministro de Cultura no debería hacer, ¿no?

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