[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En los ámbitos académicos y políticos hay quienes siguen dudando de la importancia de que el ciudadano común se involucre en la defensa del patrimonio arquitectónico, y más en la valoración y selección de los bienes patrimoniables. La celebración del primer lustro de existencia de la organización Basta de Demoler –a quienes saludamos desde esta columna–- debería ser suficiente argumento para entender la relevancia y trascendencia que tiene la participación ciudadana en la preservación del patrimonio cultural.

Pero hay quienes esta intervención la entienden como algo natural y es más, como una fuente de información y conocimiento fundamental. Esto sucede con los responsables del Archivo Histórico Municipal de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, que en 2008 inició una tarea que permitió conocer estilos y tipologías de la arquitectura regional y avanzar en la conservación del patrimonio de la ciudad.

Para llevar adelante esa tarea contaron con el asesoramiento de la prestigiosa abogada patrimonialista Ana María Bóscolo, que intervino en nombre del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El relevamiento de este pueblo costero incluyó ciento cuarenta viviendas y lugares históricos, y la información fue recabada a partir de la documentación que conserva la Dirección de Catastro y con el testimonio de antiguos vecinos.

La responsable del Archivo, Violeta Martínez, explicó que “la finalidad de este trabajo es contar con un registro gráfico y fotográfico de los bienes patrimoniales santacruceños, para poder efectuar un análisis que permita comprender la evolución urbana de la provincia a través de la historia de sus ciudades”, como también “conocer los estilos, tipologías y detalles de la arquitectura regional, determinar los sitios urbanos de interés patrimonial y su entorno, los yacimientos arqueológicos y sentar las bases para la protección de estos bienes”.

Esta labor de cuatro años permitió “a la vez realizar trabajos de difusión de temas referidos a la conservación del patrimonio, con el fin de que la población los haga propios y rescate así la identidad de cada lugar”, indicó la funcionaria, con una claridad envidiable para sus homólogos nacionales o porteños.

La primera parte del trabajo iniciado en 2008 consistió en una metodología de trabajo de relevamiento y registro por medio de fichas y fotografías digitales de los bienes arquitectónicos y sitios históricos, considerados de valor patrimonial, así como también de los bienes que no poseen ningún tipo de protección y que se consideren referentes históricos.

Para estos casos, la doctora Bóscolo recomendó la necesidad de actualizar el registro de bienes protegidos, e incorporar algunas viviendas de significativo valor arquitectónico.

Los responsables del proyecto destacaron la participación ciudadana, especialmente la de quienes contribuyeron aportando datos valiosísimos acerca de la construcción e historia de las ciento cuarenta viviendas y sitios históricos que componen el relevamiento.

Los testimonios de vecinos del lugar, muchos de ellos que han superado los 80 y 90 años de edad, fueron fundamentales para “hilvanar datos, cruzar información y rescatar del olvido y del desconocimiento esta información e historia que a todos nos pertenece”, expresó Violeta Martínez.

Una notable tarea, que debería despertar a quienes con millones de pesos de presupuesto siguen sin relevar el patrimonio arquitectónico y negando que la participación ciudadana sea fundamental para su identificación y preservación.