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A veces hay coincidencias que llaman la atención, y el número 21, aplicado al patrimonio, parece ser de esas claves numerológicas que hicieron tan rico a Dan Brown. Sucede que algo así como la quinta parte de todos los edificios de esta ciudad son patrimoniales, anteriores a 1941 y en un estado razonable, reparable, aunque no intacto y perfecto como requiere tramposamente el gobierno porteño. Y la quinta parte, exactamente el 21 por ciento, de las cuadras de Buenos Aires todavía están empedradas, con los adoquines al menos como protagonistas. Este patrimonio tan fácil de romper es el aparente objetivo del macrismo, que insiste en destruirlos, arrancarlos y volver a ponerlos pero mal, o simplemente cubrirlos con asfalto.

La pregunta de fondo es por qué tanta insistencia. El ministro del rubro, Diego Santilli, es perfectamente inocente de cualquier conocimiento técnico –es un contador metido a político– con lo que no se puede sospechar que venga con esas ideas fijas que suelen tener arquitectos, urbanistas o paisajistas. Tampoco sabe nada de ecología –su cartera incluye el ambiente y el espacio público– y eso explica que descarte al empedrado como un tratamiento permeable de grandes superficies.

Tal vez Santilli simplemente piensa que el asfalto es progreso y que hacer obras, cualquier obra, gana votos y sube puntajes. Siempre es posible que reciba órdenes de sus colegas que sí saben lo que hacen, como el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, su secretario Héctor Lostri o el mismo Mauricio Macri. Todos son gente de la industria, todos saben que hay una recesión en la construcción y que hay que ayudar a los amigos.

La cosa es que el desafortunado Santilli está coleccionando amparos que le frenan las obras justito cuando su nombre suena a candidato –sus ministeriados le desean una grata carrera lejos de su actual puesto– y un tendal de vecinos indignados. Esta semana, la jueza Cecilia Lourido prohibió finalmente que se pavimenten los adoquinados de Palermo, en un fallo bastante tajante y amplio que suspende toda posibilidad de retomar los trabajos y pagarles a las empresas de la industria mimada.

La cosa empezó con un pedido de los vecinos de la comuna 14, Palermo, a la Defensoría General de la Ciudad, la “judicial”, para que su Unidad Especial Temática Patrimonio los ayudara a defender los empedrados. Los vecinos adjuntaron un pedido con casi 500 firmas y una declaración del Consejo Consultivo comunal (cuya historia continúa más abajo) repudiando los trabajos. La jueza ordenó que frenaran todo trabajo de inmediato, en una cautelar parcial, y le pidió informes a Santilli.

Mientras el ministro trataba de construir un argumento coherente sobre por qué quebrar la ley que específica y únicamente se ocupa de proteger los empedrados, la directora de la Unidad Temática se puso a caminar Palermo. Sacando fotos, le mostró a la jueza que hay más de cien cuadras sin asfaltar y hasta tramos de la vía del tranvía que quedaron colocados en un barrio que, hasta hace pocos años, era olvidable en la gestión municipal. No se sabe qué argumento convenció a la doctora Lourido, o si fue el conjunto, la cosa es que este martes falló con brillo prohibiendo todos los trabajos, imponiendo que se informe específicamente de cada trabajo que se quiera realizar y que se consulte a la comuna antes de tocar nada.

Es más, la jueza preguntó qué pasaba con la cuadra de la calle Nicaragua, cercana a la plaza, donde justamente hay una vía visible y se estaban retirando los empedrados.

CHACABUCO

Mientras se ganaba esta batalla para limitar el entusiasmo de Santilli en Palermo, se ganaba otra en la Comuna 7, la de Parque Chacabuco y Flores, que podrá enfriárselo en las maltratadas calles del barrio. El viernes de la semana pasada, el juez Pablo Mántaras aprobó un amparo para que se frenen los asfaltados de la zona y se repare el daño causado, “dejando la calzada en el mismo estado que se encontraba antes de la obra”. En este caso, se trata del simple retiro de las piedras y reasfaltado, o de una capa del material encima de las piedras.

Las calles atacadas son Avelino Díaz y José María Moreno del 300 al 800, y Viel, Albarracín y Beauchef del 1500 al 1600. Las cuadras de Senillosa al 1600, Doblas al 1500 y 1600, y Francisco Bilbao entre el 1300 y el 2000 ya vieron sus piedras arrancadas, con lo que los vecinos pedían que las restauren. Mántaras concedió la precautelar en las calles mencionadas y le ordena a Santilli que le remita las resoluciones relevantes.

Lograr esto no fue fácil. Desde la Comisión de Cultura y Patrimonio de la comuna se hizo fuerza –en especial Susana González– mientras que los vecinos Jorge Cuello y Carolina Tafuri se presentaron como amparistas. Cristina Sottile estudió y escribió y el abogado Ramiro Dos Santos Freire impulsó la causa.

Que sólo puede criticarse por escasa: este martes, la firma Rovella Carranza SA repartió papelitos avisando que seguía asfaltando en Avelino Díaz al 900, la cuadra siguiente al amparo. Los papelitos eran para que los vecinos sacaran los autos.

MEDIDA MAYOR

Contemplando y ayudando en estas batallas, la Defensoría del Pueblo porteño que preside Alicia Pierini anduvo pensando en cómo resolver el tema, cómo evitar que el incontenible deseo de pavimentar del Gobierno de la Ciudad genere estas batallas legales todo el tiempo. Esta semana, el defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado emitió una resolución pidiendo al ministro Santilli lo que, cortésmente, puede traducirse como un poquito de coherencia en sus acciones, un mínimo de planeamiento, consulta y justificación.

El escrito hace un poco de historia del empedrado porteño, que arranca, como casi todo por aquí, con el virrey Vértiz. Gómez Coronado le dedica un párrafo de homenaje a la habilidad técnica de los talladores, casi todos españoles e italianos, pero también montenegrinos, y rompe algún mito al destacar que casi todas las piedras eran de San Luis o de Tandil, con una primera tanda de la Isla Martín García. El defensor define el problema como un azaroso proceso en el que “los adoquines están siendo removidos de las calles para ser reemplazados por asfalto, estando en muchos casos en perfecto estado, lo que genera dudas sobre la necesidad de esas obras”. Estos casos se ven constantemente en Palermo, Caballito, Flores, Villa Crespo, Floresta y Parque Patricios, para mencionar los casos en que hubo movilizaciones y protestas.

El defensor menciona la Ley 65, que protege estas superficies, y el amparo de San Telmo para detener las obras, tan exitoso que generó el ya famoso cartel que dice “obra paralizada por orden judicial” (que fue retirado una vez que se publicó en este suplemento). Gómez Coronado, que sabe mucho de geografía urbana, explica que las calles porteñas se dividen principalmente en la red primaria y la secundaria, la primera formada por autopistas y avenidas rápidas, la segunda por las calles y las avenidas de mano única que sirven de colectoras y comunicadores hacia la primaria. La mayoría de las calles, sin embargo, pertenece a la red terciaria y en ésas es donde “resulta evidente. que la presencia del adoquinado no afecta la circulación vehicular y por el contrario tiene una serie de ventajas, como la de contribuir al escurrimiento del agua”.

La recomendación es que “es conveniente conservar los adoquines existentes, reparándolos en los casos en que haga falta, al menos en las arterias que forman la red terciaria”. En los otros casos, hay que consultar y por eso la resolución recomienda a Santilli que haga mantener el empedrado de las calles de la red terciaria, que consulte a Planeamiento Urbano –su colega Lostri– qué hacer con las calles de la red secundaria “para obtener su opinión desde el punto de vista patrimonial” y que consulte a las comunas toda obra relacionada con los adoquines.

Simple, ¿no? Hasta el ministro puede entenderlo.

OTRO CORACH

La Comuna 14, que toma el inmenso Palermo, tiene además de batallas por sus empedrados otros combates algo más cómicos. Uno es el que enfrenta al presidente de la Junta Comunal con su Consejo Consultivo. El funcionario en cuestión es Maximiliano Corach, hijo de ese Corach que todos recordamos como ministro del Interior de Carlos Menem. Corach fils encontró una manera de librarse de un grupo de gente que molestaba a su administración –macrista– que está empezando a hacer ruido.

Las comunas tienen autoridades elegidas, los comuneros, más comisiones y un consejo consultivo de vecinos que se forma de un modo más informal. Básicamente, hay que anotarse, concurrir, participar y ofrecerse a ser parte. Estas comisiones sugieren, impulsan, piden y también tienen derecho a ser informadas de la gestión de la comuna a través, justamente, del Consejo Consultivo. Esta última entidad se reúne una vez por mes.

En diciembre, el Consejo de la Comuna 14 decidió con tino declararse en cuarto intermedio hasta febrero, en lugar de simplemente no reunirse como hicieron prácticamente todos los demás de las otras comunas en pleno mes de vacaciones. En algún momento de febrero, Corach decidió que había encontrado el truquito para librarse de un Consejo que lo molestaba: declararlo disuelto y convocar a otro más a su gusto. El problema es que entre los consejeros está el abogado Pedro Kesselman, protagonista de varios amparos recientes, y varias personas que no se impresionaron demasiado por la movida del presidente comunero.

Con lo que hay dos Consejos en la Comuna 14. El de Corach parece ser virtual, porque sus actividades o son minimalistas y muy discretas, o bien inexistentes. El otro litigó el tema y sigue funcionando, con sus miembros reportando a sus respectivas comisiones como siempre. El tema se terminó de formalizar por escrito, por una excéntrica carta que Corach le escribió a la Defensoría General del Pueblo porteño, la “judicial”. La nota 2013-02436004 fue dirigida a la doctora Daniela Proietti, de la Unidad Especial Temática de Patrimonio, “a efectos de solicitarle tenga a bien informar la identidad y carácter invocados por quien hubiere requerido la información brindada en esas actuaciones”. En castellano simple, lo que el comunero le pregunta a la abogada es quiénes son éstos que andan iniciando actuaciones contra obras como las del empedrado en su comuna.

La justificación no es ésa, claro está, sino que “existe en nuestra jurisdicción un grupo de vecinos que se arroga ilegítimamente la titularidad y facultades del Consejo Consultivo”. Lo curioso del asunto es que ni hace falta ser miembro de comuna o consejo alguno para participar de estas movidas, ni mucho menos arrogarse esto o aquello. Basta ser vecino del barrio y mostrar un poco de respeto a la ley –la de adoquinados, por ejemplo– para estar ahí.

¿No es un encanto que un simple comunero ya hable de “nuestra jurisdicción”?

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