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Hace unos años, la Cámara porteña les cortó de cuajo un lindo y tradicional truquito a los especuladores inmobiliarios y sus cómplices municipales. Cada vez que alguien proponía proteger un edificio, el dueño se “enteraba” y sacaba un rápido permiso de demolición. Para cuando se completaba el lento y deliberadamente complejo trámite legislativo, el bien a proteger ya era un lote vaciado.

Esto es lo que iba a pasar con la casona francesa, ya única en su tipo, de los Bemberg, en Montevideo y Juncal, frente a la plaza Vicente López. La entonces flamante Basta de Demoler se presentó a la Justicia con un argumento aportado por Teresa de Anchorena, que presidía la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, y el abogado Diego Hickethier. El planteo era de rango constitucional: si el Ejecutivo permitía que un edificio fuera destruido antes de completar el trámite legislativo, no permitía a la Legislatura hacer su trabajo.

Los amparistas ganaron claramente, la Ciudad apeló y la Cámara les tiró con el Código, sosteniendo el fallo y, cosa bastante rara, ampliándolo explícitamente a todos los casos. De hecho, le ordenó al Ejecutivo cesar y desistir en el mecanismo y poner en la lista preventiva todo edificio que estuviera incluido en cualquier proyecto de ley con estado legislativo. El Ejecutivo porteño cumplió y el Ministerio de Desarrollo Urbano, que encabezan Daniel Chaín y su socio comercial y secretario Héctor Lostri, la cortó con los permisos. Hasta este año, en que volvieron a las andadas.

El caso se dio en la avenida Pueyrredón 861, donde se alzaba un edificio de cuatro plantas muy Déco, vecino al sanatorio de mitad de cuadra, de un estilo muy parecido, pero firmado por el gran Alejandro Virasoro. El año pasado, este edificio se puso en venta, lo que alarmó a los que ya saben qué pasa en esos casos. El defensor adjunto del Pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, puso su equipo a trabajar en el caso, estudiando el edificio. Pese a las altas sospechas de que también fuera de Virasoro, no hubo modo de comprobarlo, con lo que Gómez Coronado presentó en agosto de 2012 ante la Legislatura un proyecto de ley para catalogarlo, basado en sus valores propios y no en la fama del autor.

El proyecto fue a parar a esa noble institución llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, perfectamente controlada por Chaín y Lostri por medio de su virrey, la municipal de carrera Susana Mesquida. El expediente 2251-F-2012 fue rechazado por el CAAP debido a que la planta baja presentaba un local que no era el original. De nada valió que la fachada estuviera sana, que los interiores no hubieran sido remodelados, que la volumetría estuviera en su lugar. Según Graciela Aguilar, que representa en el Consejo al Ministerio de Cultura porteño; Ana Pusiol, de la Comisión de Planeamiento legislativa, y de los votantes por la FADU, el CPAU y el Copua (que sigue metido ahí sin tener base legal), es preferible destruir un edificio remodelado que preservarlo y restaurarlo. Honrosamente, los representantes de la SCA, el Cicop y la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteña votaron en disidencia.

Este papelón tuvo lugar en noviembre del año pasado, pero el proyecto seguía en la Legislatura, lo que según la Cámara impedía que el Ejecutivo diera permiso de destrucción. Pero no: en julio de este año, la Dirección General de Registro de Obras expidió por ventanilla el papelito correspondiente. La ironía es que así como nadie en el ministerio de Chaín se dio por enterado del estado parlamentario del trámite, a nadie se le ocurrió avisar que Pueyrredón 861 iba a ser destruido legalmente. El trámite legislativo continuó. Recién hace dos semanas, la Comisión de Patrimonio de la Legislatura trató el tema. Como esta comisión no es ya la que fundó y capitaneó Anchorena, mandaron el proyecto a archivo por la simple razón de que el CAAP había desestimado el edificio.

En Pueyrredón 861 hay ahora un agujero donde alguien va a construir algún apilado de hormigón feo y olvidable, pero rentable. Chaín, Lostri y sus subordinados volvieron al viejo sistema, mal que le pese a la Cámara. Más aún, según Gómez Coronado están en pleno orsay del artículo 10.3.3 del Código de Planeamiento Urbano, la parte que dice que “luego del dictado de un acto administrativo o sancionada una norma que tienda a la elaboración de un catálogo para un distrito determinado, o frente a una modificación preventiva del Catálogo o inclusión de un bien en el mismo, la Dirección deberá denegar cualquier pedido de obra o demolición que se le someta, hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión”. Esto es, en burocratés, la misma advertencia de la Cámara.

Todavía más, está el parágrafo 5.4.12.1, inciso 7.5.2. “Demolición de Edificios Sujetos a Protección de Cualquier Nivel”, que dice que “no se dará curso a solicitudes de demolición de edificios incluidos como propuesta o en forma definitiva, en el catálogo respectivo. Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las sanciones que fija el código de falta para este tipo de contravención. Los mismos sólo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70 por ciento del volumen destruido”.

El caso de Pueyrredón 861 puede ser un caso aislado o un contraataque, contando con que ni los jueces se acuerden del fallo. Si es lo último, Chaín & Co pueden estar reabriendo la vieja ventanilla que tantas alegrías les dio a los especuladores inmobiliarios.