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La falta de respeto a la ley es una de las características del actual gobierno porteño, sobre todo si son leyes a las que se opusieron originalmente. El macrismo en funciones detesta tener que respetar los límites que le marque la Legislatura, sobre todo los que afectan a sus amigos y entenados, las constructoras y los especuladores. Esta es una de las razones principales por las que se empeñan, amparos y escándalos aparte, a seguir levantando empedrados históricos en la ciudad. Esta vez le tocó a la calle Perdriel en sus dos primeras cuadras, justo pasando Caseros y bordeando el Hospital Británico. Como la obra no tiene cartel ni responsable ni número, no se sabe con certeza pero parece que también van a avanzar por las laterales.

Este “progreso” contradice brutamente la ley 4806 sancionada por la rama legislativa el 28 de noviembre de 2013, promulgada por Boletín Oficial en enero de 2014 y reglamentada por decreto seis meses después. Esta ley fue producto de interminables batallas de los vecinos, los mismos que el macrismo dice escuchar, por frenar el reemplazo de adoquines por asfalto de mala calidad. El texto es simple: “Declárase integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la categoría “Espacios Públicos” en los términos del Art. 4º, inc. c), de la ley 1227 las calles construidas con adoquinado granítico, que se integren en el Catálogo Definitivo previsto en la presente ley”. La idea era crear un catálogo para terminar de una buena vez con el tema, determinar qué calles se preservaban y qué calles se arruinaban, y sacarse de encima a los molestos quejosos y sus abogados.

Pero con el PRO nunca se sabe dónde termina la incompetencia y dónde arranca la mala fe, el catálogo sigue sin aparecer. La ley ordenaba algo bastante complicado, no complejo pero sí larguero, con la consulta a las Juntas Comunales y el mapeo de distritos especiales, APHs y lugares históricos. La complicación se ahondaba con el artículo tercero de la ley, que le encargaba el catálogo final a un notorio sello de goma, la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Los lectores memoriosos recordarán el golpecito de Estado que hubo en esta Comisión, ente mixto entre legislativo y ejecutivo, para poner un oficialista, quebrando la tradición de que su titular fuera de la oposición. El oficialista en cuestión fue Ricardo Pinal, persona difícil de encontrar en su lugar de trabajo: su secretaria afirma que “a veces viene a la mañana, prueba de nuevo”.

Según esta Comisión, el catálogo sí fue preparado, pero fue enviado al ministerio de Ambiente y Espacio Público, donde reside el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, EMUI, aparato hasta ahora desconocido por el público pero autorizado por el decreto de reglamentación a encargarse del asunto. En la Comisión juraron que lo habían mandado, pero no sabían ni cuándo ni a quién. Y agregaban que ni siquiera tenían una copia del catálogo, que según parece está sellado como Top Secret.

El misterio se ahonda cuando se considera la definición de calle adoquinada que marca el mismo decreto reglamentario. Ahí se habla de que será legalmente adoquinada una calle que conserve el 40 por ciento de sus piedras. No se explica si se trata de un 40 por ciento por cuadra o en su longitud total, o si esa proporción se activa cuando el sesenta por ciento restante se compone de piedras retiradas o incluye también a las que están pero tapadas por una capa asfáltica.

En fin, mientras tanto se sigue asfaltando, aunque sería más ético detener estas barbaridades hasta que se publicara y debatiera el catálogo, que bien puede incluir estas cuadras ahora arruinadas y las adyacentes que todo indica serán las próximas en caer. Pero hablar con los vecinos de la ciudad que gobierna es algo que el macrismo no hace: es más fácil mandar las máquinas, sin cartel ni número de contrato, a crear hechos consumados.