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El actual jefe de Gabinete y electo jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tiene sus momentos de sinceridad, aunque sean involuntarios. A quien recuerde la campaña de su jefe político en 2007 le sonará el tema de la falta de cumplimiento de la ley: Mauricio Macri se presentaba como alguien que iba a disciplinar la ciudad y a poner controles. Ocho años de gobierno demostraron que era apenas un tema de campaña, un guiño de mano dura o un sonsonete recomendado por Durán Barba. Nadie en estos años puso un peso en controlar a las constructoras, ni siguiera cuando hay muertos, ni a crear un ambiente de disciplina y sanciones que hace que hasta el más redomón se comporte. Rodríguez Larreta ni se molestó en prometerlo.

Con lo que el macrismo sanciona el dicho de que hecha la ley, hecha la trampa a un nivel institucionalizado. La industria de la construcción y los especuladores de todo tamaño recibieron la señal fuerte y clara, actuando en consecuencia. Tres casos detectados y denunciados en estos días demuestran qué ecuménico y variado es el descaso a la ley.

El primero lo encontró el arquitecto Marcelo Magadán, magister en restauración y caminante de cámara en mano. Es la casa vagamente Tudor de Combate de los Pozos al 1100, a media cuadra de la avenida San Juan. Esta casa está en una tira de viviendas de la misma altura, una rara cuadra con su arquitectura original en esta ciudad donde casi no queda nada original. La cuadra muestra la fuerza del canon, cuando se seguía uno: edificios diferentes pero coherentes en su materialidad, su textura y proporción, sin ninguno de los ruidos de la modernidad berreta.

Pero hace unos días, según los vecinos, comenzaron a desmontar el interior de la casa, a vaciarla. En la puerta hay un cartelito truchón que avisa que es una “demolición total” y hasta trae los datos del demoledor, pero no tiene número de expediente, ni de trámite, ni de permiso. Lo más probable es que el caso todavía no haya pasado por el inefable CAAP y lo estén arruinando lo más posible para zafar y lograr una desestimación. Como este consejo asesor tiene el sí fácil y no le importa que se destruya un ya raro conjunto intacto, ya permitió una demolición a la vuelta, sobre Sarandí, que era otra cuadra honesta y antigua, y ahora luce un edificio olvidable, feo y rentable.

El otro caso es en la calle Tinogasta 3058, a un par de cuadras de la estación Villa del Parque. Como se ve en la foto, es una quinta de las viejas, encantadora y amplia, de los tiempos en que el barrio se merecía el nombre –hoy es un mero lío de autos– y muchos vivían con jardín, patio y fondo. La casa es criollona con toques Art Nouveau, algo muy argentino, y la puerta de entrada a los fondos, a la izquierda, tiene un claro aire Déco que muestra que esto de remodelar viene de antaño.

Un vecino del barrio vio aparecer el cartel de venta contra la reja y tuvo curiosidad y sospecha. Resulta que esa cuadra de Tinogasta se pobló en estos años de edificios de una pavorosa mediocridad estética pero muy rentables y con aires de “nueva forma de vida”. De hecho, justo enfrente se alza uno muy guarango, con cocheras, que le costó al barrio una casona muy bella. Con lo que el vecino llamó al celular y preguntó cuánto valía la propiedad: medio millón de dólares. Con toda cordura, viendo el tamaño de la quinta, su estado de conservación y su ubicación, el vecino concluyó que era un precio de lote para construir.

Pero sucede que la casa está catalogada como edificio singular, con el grado de cautelar y ficha en el catálogo preventivo, con lo que resulta difícil que hasta el CAAP la desestime así nomás. Este parece ser un caso similar al reciente de la avenida San Martín, donde una linda esquina francesa se vendía para demoler, también sin que medie una inmobiliaria, con la garantía de que la “excepción estaba redactada y lista”. Como este tipo de operaciones lo hacen expertos en estos trámites, no hay por qué dudar de que pueden conseguir estos favores públicos y demoler el patrimonio tranquilos.

El tercer caso demuestra el poder de este tipo de influyentes en los despachos municipales. SOS Caballito acaba de denunciar un currete maravillosamente burocrático para saltarse la ley 2722, que bajó las alturas constructivas en una amplia zona al sur del barrio. El caso involucra un lote en la calle Méndez de Andés 527, donde yacía una obra paralizada desde la quiebra de una empresa en el año terrible de 2001. La obra acaba de resucitar, con arquitectos nuevos, para hacer un edificio de departamentos con cochera de 38 metros de altura en una zona donde se pueden construir apenas 10,5 más retiro, con un tope de 13,50. ¿Cómo lograr el milagro? Pues resucitando el proyecto que quebró en 2001, o sea, utilizando un permiso de obra de ¡1994! Como señala SOS Caballito y como denunció en estos días, el mismo Código de Planeamiento Urbano les da apenas seis meses de vigencia a los trámites de obras paralizadas, con lo

que llevarlo a 21 años es simplemente un disparate. Y sin embargo ahí están trabajando, inmunes al control público y con un cartel con el nombre y matrícula de varios profesionales que no son cuestionados ni sancionados por el Colegio Público de Arquitectura y Urbanismo, el CPAU.

Para saber cómo

La Universidad Nacional de Avellaneda invita a un seminario de cuatro encuentros dedicado a un tema muy relevante para los lectores de este suplemento: cuándo conviene formar una asociación civil o una fundación. El evento está a cargo del abogado Gustavo Curcio y se realiza el 8, 15, 22 y 29 de septiembre de 16 a 20 en la sede universitaria de España 350, Avellaneda. La actividad es gratuita y libre pero se pide inscripción previa al [email protected].

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