Un empleado de una concesionaria de Telmex se instala con una poderosa máquina en una plazoleta frente al Palais de Glace, arranca y cava un pequeño túnel para pasar un cable. Minutos después, noventa mil hogares de la zona norte no tienen luz. La widia de la máquina acababa de cortar un cable troncal de la red eléctrica. El empleado no sabía que su idea de cavar por ahí para pasar un cable no era original. La empresa tampoco. Telmex tampoco. Pero lo realmente increíble, era que el gobierno porteño tampoco.

Resulta que cuando uno va a hacer un pozo, una excavación o una obra de cualquier tipo en una calle o plaza, tiene que informarle al gobierno de la Ciudad qué puede haber en el lugar. El gobierno no tiene ni idea en casi todos los casos y es responsabilidad del que hace la obra averiguarlo con las empresas de servicios, algo que no se sabe si se cumplió en este caso.

Pero en 2005, hace ya una década, la Legislatura porteña aprobó una ley creando un Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana, Sidiau. Aunque la idea fue del entonces diputado Mario Morando, del PRO, el macrismo en funciones hizo poco y poquito para cumplirla. Según el mismo gobierno porteño, los únicos lugares mapeados son esos en los que el macrismo hizo obras que le importaron, como en el arroyo Maldonado, las extensiones del subte y la zona inmediata al Mercado del Plata. Nada más.

Mientras, como denunció el auditor porteño Eduardo Epszteyn (FpV), se gastan millones en encargarles a empresas privadas estudios puntuales sobre qué hay bajo tierra en lugares donde se quieren encarar obras municipales. La información sí la tienen las empresas de gas, luz, telefonía y aguas, pero es mucho más rentable dar contratos por ahí.

Y Edesur, mientras, demuestra qué pocos generadores tiene, qué colección de parches viejos es la red eléctrica porteña, qué lentitud de reflejos sigue teniendo en cuanto hay una emergencia, un imprevisto, un accidente.