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Las cosas que hace el CAAP darían risa, si no fuera que ayuda a destruir el patrimonio edificado de los porteños. En este capítulo de la saga, el insigne Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales llega a nuevos picos de creatividad por haber dejado la impactante casona de la foto en el limbo, por tener un diputrucho que vota sin derecho legal y por haber inventado el currete de la apelación permanente. Por partes:

La espectacular casona queda en Luis María Campos 1126 y es una belleza maldecida, ya que ocupa un terreno de 879 metros cuadrados con un frente de 13 metros en un lugar muy deseado de los especuladores inmobiliarios. La casa tiene una protección bastante firme, ya que figura en la lista de Edificios Representativos de nuestra ciudad que elaboró el Ministerio de Cultura en tiempos de las chicas superpoderosas. La lista era el tipo de cosas que hacían Fajre y Arias para simular que protegían el patrimonio –las presentaban en congresos internacionales, las editaban en libros– pero resulta que la ley 1227 la convirtió en una lista de patrimonio protegido formalmente.

Pero la casa de Luis María Campos llegó al CAAP hace dos años y el CAAP hizo una inolvidable. Ese día, votaron por preservarla –para su honor y buen nombre– Carlos Susini Burmeister por la Sociedad Central de Arquitectos, Laura Weber por la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Elsa Pental por el Cicop y Beatriz Patti por el Instituto Argentino de Investigaciones Históricas.

Pero aunque la casona de la avenida podría ser considerada como el más simple standard de preservación –si no conservamos una casa así, ¿qué conservamos?– hubo otros cuatro votos en contra. Esa tarde levantaron sus manitos Graciela Aguilar –¡por el Ministerio de Cultura!, ¡el mismo que lo había puesto en la lista de representativos!–, Néstor Zakim por la Comisión por la Preservación del Patrimonio Histórico de la ciudad, Martín Gromez por la FADU y Alicia Santaló por ese viejo nido de lobbistas llamado CPAU.

Este empate, legalmente, tiene que ser resuelto por el director general de Interpretación Urbanística, del que viene a depender el CAAP. Pues resulta que ese desempate nunca se realizó, no hay rastros de que la Dgiur se haya jamás enterado y resuelto el tema. Y el caso viene a cuento porque acaba de aparecer un ingeniero avisando que va a construir una torre en el jardín de la mansión, de modo que su status legal tiene una urgencia que no tenía antes.

Cuando Mónica Capano tomó la Comisión de Preservación del Patrimonio ya mencionada, tuvo que empezar a ir personalmente a las reuniones del CAAP para que su entidad no apareciera votando locamente demoliciones. Entre otros pases a retiro, figuró el del ya mencionado Néstor Zakim, que encontró nuevos horizontes en el Instituto Histórico de la Ciudad –no confundir con el anteriormente citado, que es una ONG independiente del gobierno porteño– que dirige la inefable Liliana Barela.

Zakim es evidentemente una persona de lo más creativa, porque se las arregló para seguir votando. El Instituto no tiene asiento en el CAAP, es un ente observador, con voz pero sin voto. Pero Zakim, al mejor estilo diputrucho, vota igual. No sólo eso: vota cuando hay empates. Sería interesante ver qué pasa el día que haya un litigio que termine en tribunales y se descubra la firma de Zakim en un acta que le ganó a alguien un buen negocio. El caballero es funcionario público y le sigue cabiendo esa vieja ley penal sobre los deberes a cumplir...

Pero como todo en la vida tiene arreglo, resulta que el CAAP sufre ahora una epidemia de pedidos de revisión de los relativamente pocos casos en que aceptó catalogar edificios. Por canales amistosos a la industria de la construcción, que abundan en el tan servicial Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, las constructoras y especuladores se enteraron de que pueden apelar las decisiones del Consejo.

Y lo de especuladores no es por decir, ya que muchos de los pedidos de revisión tienen un característica peculiar: no están hechos a nombre de los dueños de la propiedad a proteger. ¿Quiénes serán los que firman estos pedidos sobre propiedades ajenas? No es posible determinarlo, porque Desarrollo Urbano los acepta sin pedir explicaciones, pero sólo caben tres hipótesis lógicas: que los firmantes sean los nuevos dueños, que las compraron para demoler, que sean personas interesadas en desbloquear las propiedades para luego comprarlas a precio menor (con el simple expediente de comprarlas como protegidas, sabiendo que no lo están) o que sean intermediarios de algún tipo, de profesión “yo te lo arreglo”, trabajando para inmobiliarias, desarrolladoras o dueños.

Algo que quedó pendiente este año, muy hablado entre diputados porteños, es la idea de reformar la ley 3056 para hacerla permanente y orgánica. Explícitamente se mencionaba reformar el CAAP o reemplazarlo por “algo en serio”, según frase muy escuchada. Es imposible encontrar un legislador que defienda al Consejo, sea opositor u oficialista, tal es su desprestigio. Y también hay un amplio quórum para la idea de sacarlo, física y legalmente, de Desarrollo Urbano, por aquello del lobo cuidando a los corderos. Es la tarea de 2011 para terminar con estos patetismos.