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El gobierno porteño, ya se sabe, tiene serias dificultades en aceptar los límites tan molestos de la ley. Una y otra vez avanzan con obras que ellos piensan les ganarán la simpatía pública, pero resultan contravenir leyes. La semana pasada, en pleno arranque de la campaña electoral, los vecinos de Barracas se desayunaron con que los macristas siguen sin darse por enterados de que no se puede asfaltar encima de los adoquines. Y el Gobierno de la Ciudad ni siquiera puede alegar que no se aplica en este caso, porque la calle de la foto es Ituzaingó, donde en octubre de 2008 los vecinos ya frenaron un intento de asfaltar con un regio amparo.

Como para que entiendan, la ley 65 dice que toda calle secundaria que sea “adyacente o circundante” a una zona, lugar o monumento histórico de la Ciudad y esté empedrada o adoquinada “será mantenida con dichos materiales y las reparaciones que resulten necesarias se realizarán con los mismos materiales”. Las fotos muestran que la Ciudad recurrió al expediente chanta y vago, pero barato, de emparchar con asfalto.

Las zonas más afectadas, reporta Proteger Barracas, son Uspallata entre Montes de Oca y Tacuarí, Ituzaingó entre las mismas calles, y Jovellanos entre Uspallata e Ituzaingó. Todas estas cuadras son parte del Casco Histórico y están apenas a metros del Area de Protección Histórica 1, con lo que son de lo más “adyacentes o circundantes”.

Y hablando de Barracas y de la calle Ituzaingó, parece que tuvo un cierre, al menos por ahora, el tema del 678 de esa calle, donde se iba a hacer un edificio. El 600 de Ituzaingó tiene nada menos que dos casas catalogadas, en el 620 y el 670, exactamente al lado del lote a construir. Resulta que el proyecto a construir, llamado apenas “Número 6” por la inmobiliaria Caffarella, era un edificio perfectamente normal para estos tiempos, de esos que maximizan el metraje, no tienen estilo alguno discernible y se componen siguiendo la Unica Regla de la arquitectura argentina, el mínimo que impone el código –mínimo de cielorrasos, mínimo de superficie de ambientes, mínimo de pasillo, mínimo de todo.

Pero cuando se construye al lado de un edificio catalogado, la ley ordena un trámite especial que haga que el diseño no afecte al bien protegido. El Proyecto 6 no mostraba la menor conciencia de este límite y constaba que no había pasado por el trámite especial. De hecho, en la nota de tapa de este suplemento del 14 de mayo se le señalaba al Gobierno porteño la oportunidad de no ignorar también esta ley.

Publicada la nota, el dueño de la inmobiliaria se comunicó con m2 para contar que había hablado con los vecinos el tema. Cuando se le señaló que no era un tema con los vecinos sino con la ley, el señor Caffarella comunicó que había desistido de hacer el edificio y que planeaba vender el terreno. De nada valió repetirle que ninguna ley le prohibía construir algo allí, apenas tenía que presentar un proyecto que no afectara al vecino protegido.

Si esto es cierto y el señor Caffarella no construirá allí, el tema queda pospuesto hasta el próximo dueño y el próximo proyecto.