“El caso de la mámoa”, como ha sido bautizado por medios españoles, tiene a los gallegos divididos; y a la aldea Ardesende, del municipio Orense, como protagonista involuntaria de la actualidad nacional. Todo comenzó con una reciente denuncia: la del grupo ecologista Outeiro, que advertía públicamente cómo restos arqueológicos de una tumba colectiva de más de 6 mil años –que aún conservaba las losas de granito originales de la cámara sepulcral– habían sido destratados y retirados para construir... un merendero. “Hoy una plancha de hormigón y un mesado moderno ha provocado un daño irreparable en la masa tumular, sustituyendo a lo que fue un cementerio prehistórico de los primeros habitantes de Cea”, anota el informe de la inquietada agrupación, enviado a la fiscalía para que analice el caso. Mientras, desde la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia admiten que los restos existen, que son un bien cultural, pero aclaran que “la mámoa no ha sido destruida; está enterrada abajo” y que las piedras retiradas no son megalíticas sino que pertenecen a una vieja vivienda de la zona que solía llamarse Casa Grande.

Lo cierto es que los activistas de Outeiro no están convencidos de los argumentos oficiales y reiteran su inquietud ante lo que podría ser la destrucción de invaluable patrimonio. Por las dudas, también explican que no se han ensañado contra los pobres merenderos. “No nos preocupan la mesa y los dos bancos; lo que nos preocupa es que los hayan construido sobre un yacimiento arqueológico”, expresan los verdes integrantes, que –de cara a la situación– tiemblan ante la posibilidad de que no se trate de una excepción a la regla. ¿Será que petroglifos, castros, minas romanas, hórreos, monasterios, otras mámoas, etcétera, están siendo descuidados, incumpliendo la limitación de 500 metros a la redonda con la que la ley española las avala? Tiemblan los ecologistas. En especial, ¡tiemblan los muertos!