POR LAUTARO ORTIZ

Por 25 pesos, Carlos –técnico electrónico, desempleado- ofrece una impecable conexión ilegal al servicio de televisión por cable. Y lo más importante: por un extra de 10 mensuales le asegura a su centenar de clientes una asistencia inmediata ante cualquier inconveniente que pueda surgir (desconexión imprevista por parte de la empresa y/o desperfectos en la imagen). Por 40 pesos, Raúl –de profesión gasista– promete que la factura de gas no superará en el próximo bimestre los 37 pesos aunque el reloj del medidor indique una tarifa tres veces mayor. ¿Cómo? “Con un destornillador basta”, responde, enigmático. Por 20 pesos, Juan Carlos –desocupado– consigue detener la aguja del medidor de agua corriente para que “pagués lo mínimo aunque llenés quince piletas juntas”.
¿Trabajos ilegales? ¿Curros? ¿Changas? Más bien oficios aprendidos a la fuerza, a golpes de desesperación, en una Buenos Aires devastada por el desempleo. “Acá no queda otra: o te inventás un laburo o te cagás de hambre”, afirman con un dejo de resignación los que decidieron ingeniárselas de este modo para vivir.
Las empresas de TV por cable sufrieron en los últimos meses una vertiginosa pérdida de abonados. Reconocen que un 35 por ciento de televidentes ha dado de baja el servicio, y que un 20 por ciento de la población del Gran Buenos Aires está conectada en forma ilegal. La principal razón es el alza en la factura, que supera los 50 pesos mensuales. El Centro de Denuncias de Clandestinos de la empresa Multicanal dice que recibe un promedio de diez llamadas diarias, todas anónimas, alertando sobre conexiones ilegales. El mapa privilegiado de la ilegalidad incluye la zona sur del Gran Buenos Aires (Lomas de Zamora, Ezeiza y Lanús) y las ciudades de Rosario, Resistencia y Corrientes. Pese a los permanentes controles de las empresas, pese a la advertencia Seis años de prisión para quien robe la señal, no hay manera, parece, de impedir que la gente se “enganche”.
“Y cómo no se van a colgar si es el impuesto más caro”, argumenta Carlos, despedido sin razón después de cinco años de trabajar haciendo conexiones para las empresas de cable. “Me echaron cuando se les ocurrió y no me pagaron lo que me debían. En la desesperación empecé a trabajar por mi cuenta, como hacen todos, y en menos de un año me armé una clientela de cien personas que todos los meses me pagan 10 pesos y yo les aseguro la continuidad del cable. Yo no estafo a nadie: ayudo a la gente que no puede pagar. Mi conexión es impecable; no robo la señal porque los engancho directamente a las cajas de la calle; lo que hago es brindar un servicio”.
Carlos tiene a su cargo dos empleados que recorren la zona sur con dos camionetas provistas de escaleras especiales y bobinas de cable coaxil. “La diferencia es que las empresas roban sin respetar nada; pasan los cables por las casas sin ninguna consideración a la propiedad privada. Nosotros hacemos las cosas bien, pensando en la gente”.
La misma explicación da el gasista Raúl para justificar su trabajo. Empezó hace un año, cuando decidió alterar la numeración de su propio medidor porque no podía pagar una tarifa tan cara: “Enseguida todos mis vecinos me pidieron que les hiciera el mismo trabajo. Entonces empecé a cobrar. Para los clientes no hay riesgos: yo no rompo nada, simplemente bajo la numeración para que paguen menos. Para mí es una forma de ayudar”. Por su trabajo Raúl cobra entre 40 y 45 pesos, lo que le asegura un sueldo de 400 pesos mensuales. “No tengo otro trabajo, estoy matriculado y con 50 años es muy difícil conseguir un puesto en alguna empresa”. La mayoría de su clientes vive en el humilde barrio de Monte Chingolo, Lanús, aunque ya tiene pedidos de la zona céntrica de Lomas de Zamora.
Similar es el trabajo que se inventó Juan Carlos, que con un alambre de quince centímetros logra detener las paletas plásticas del medidor de agua. “Algunos piensan que como esto es un curro lo puede hacer cualquiera. Hay que saber abrir el medidor sin romper nada, y el medidortiene un sistema muy complejo de vidrios y varias medidas de seguridad. Pero conociendo el sistema se puede hacer. A mí me llama gente de guita, que tiene piletas y todo”. Antes de intervenir, Juan Carlos estudia las boletas anteriores para saber hasta qué punto se puede modificar el medidor: “Si de 50 pesos pasa a pagar 17, la diferencia es mucha y se pueden dar cuenta. Hay que bajar el promedio de a poco”. El gasista cobra 20 pesos por la operación y en ocasiones acepta créditos, la moneda solidaria de los Clubes del Trueque.
Pero no todos los curros son ilegales en esta ciudad. A pesar de la crisis aún existen rebusques menos peligrosos. Uno de ellos, el menos conocido, es el de “encuestado”: una suerte de extra adiestrado para responder durante una o dos horas al cuestionario elaborado por profesionales de publicidad y marketing de empresas que hacen testeos de mercado. Por 20 pesos (o una bolsa de productos alimenticios), el “encuestado” se compromete a afrontar un interrogatorio sobre productos alimenticios, periódicos, empresas de servicios y hasta figuras de la política. Para ello, las empresas de publicidad cuentan con los denominados “reclutadores” que –a partir de una base de datos propia de personas con diversos perfiles socioculturales– se encargan de seleccionar a los encuestados.
“Yo estuve en una encuesta sobre Elisa Carrió”, dice Mirta, que participa de esos encuentros varias veces por mes. “Nos preguntaban si nos parecía bien que llevara una cruz en el pecho. Hablamos de su vestimenta y hasta de su aspecto físico. Tiempo después estuve en una de Rodríguez Saá y nos preguntaban si era un político creíble o no. En lo único que pensaba era en los 20 patacones que me iban a dar”. ¿Y cuando la encuesta es sobre un producto desconocido? “Voy igual y hablo sin entrar en detalles”, dice Mirta. “Las reclutadoras me dan un poco de letra. En definitiva es una forma de ganarme la vida: así junto entre 150 y 200 pesos mensuales”.