Domingo, 8 de septiembre de 2013 | Hoy
CASOS > LA DEMANDA POR DERECHOS DE AUTOR QUE LLEGó A INTERNET
Taringa! es el portal de Internet más visitado del país, una comunidad de personas que sube contenidos, servicios y propuestas variopintas, y que se sostiene en base a publicidad no convencional. Desde 2009 enfrenta una demanda penal por violar supuestamente derechos de autor, y pronto la causa puede llegar a juicio oral. Mientras aún no hay legislación específica sobre derechos en Internet, lo que suceda con Taringa! puede convertirse en un leading case. Por ahora sólo es tema de debate nacional.
Por Juan Pablo Bertazza
Un joven del presente cruza una puerta hacia el pasado y queda en medio de un grupo de hombres que, infructuosamente, intentan prender fuego con el roce de dos piedras. Canchero, autosuficiente, el muchacho les tira el encendedor y sigue caminando. Esa publicidad, que prolifera por estos días en la televisión, es un claro ejemplo de que la era que estamos viviendo se caracteriza, entre tantas otras cosas, por la convivencia entre distintos tiempos, distintas etapas de madurez. Claro que, a veces, ese encuentro no significa una convivencia en paz. “Yo siento que estamos abriendo la puerta, transitando el camino del cambio, pero lo que ya sabemos es que aparecieron nuevas formas de hacer negocios. Estamos inmersos en un movimiento cultural y social revolucionario, en el sentido de que nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan fácil acceder al conocimiento, sólo necesitás Internet y un celular. A veces pienso que si hubiera existido esta tecnología durante la guerra de Malvinas, muchas menos personas habrían creído las mentiras que se decían acerca del supuesto triunfo.” Así se presenta desde su oficina Hernán Botbol, uno de los creadores de Taringa!, acaso el portal de Internet más visitado de nuestro país, una comunidad de millones de personas que comparten contenidos de todo tipo –chistes, recetas, anécdotas, consejos para encarar chicas, lecturas, música, apuntes, datos curiosos y un interminable etcétera– para crear una especie de inteligencia artificial que al día de hoy cuenta con 16 millones de posts y que crea, en promedio, unos 7 mil posts diarios. El fin que persigue Taringa! es desarrollar las mejores herramientas posibles para que esos usuarios puedan compartir todos los contenidos que quieran y, luego, la empresa genera ingresos a partir de la publicidad en Internet que, se sabe, tiene algunos notables beneficios con respecto a la publicidad convencional como, por ejemplo, la capacidad de segmentar y personalizar los anuncios.
Hasta ahí, todo perfecto.
En el año 2009, un grupo de editoriales jurídicas, entre las que se encuentran Rubinzal Culzoni y La Ley, inició una demanda a los dueños de Taringa! basada en el artículo 71 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Ahí se determina condenar con hasta seis años de prisión a quien “de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos de propiedad intelectual que reconoce la ley”. La razón aducida era que el sitio permitía, entre esos innumerables contenidos, la descarga gratuita de 29 obras jurídicas y 12 manuales de computación. Como resultado, los tres integrantes de Taringa! se encuentran procesados y en camino a un inminente juicio oral.
El tema es espinoso por muchas razones, pero sobre todo porque la ley en cuestión data del año 1933, cuando Internet ni siquiera constituía una posibilidad imaginaria, y las formas de lectura estaban prolijamente acotadas a libros, diarios y revistas.
“Al principio, el fiscal ni siquiera quería tomar la causa. Nosotros nos sentimos en clara desventaja porque los que presentaron la denuncia están muy vinculados con el ámbito jurídico, de hecho hay un ex juez que es el doctor Edgardo Alberto Donna. Hubo mucha desigualdad y quizá cierto lobby porque cada vez que nosotros hicimos presentaciones, no nos dieron bolilla”, explica Hernán Botbol.
¿Cómo fue exactamente el comienzo del conflicto?
–Un día nos llega un correo de Natalia Barbero, abogada de la editorial Rubinzal, exigiendo que borráramos todo el contenido que teníamos de la editorial porque, de lo contrario, iniciarían acciones legales. Nosotros respondimos que ellos debían seguir las normas del protocolo de denuncia. Entonces nos manda otro mail diciendo que, a través de Google, los libros aparecen enseguida, que borráramos todo. Ahí mandamos otro mail, reiterándoles que debían seguir los pasos del DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Nos señaló y nos mandó dos links con contenidos que infringían derechos de autor, nosotros los borramos inmediatamente y nada más supimos. Hasta que, dos meses después, nos llega una notificación de un juzgado, diciendo que habían iniciado una demanda. Y se trataba de una denuncia penal.
Al revés de lo que podría suponerse, Taringa! y casi todas las empresas proveedoras de servicios de Internet no son anárquicas, no juegan al vale todo. DMCA son, de hecho, las siglas con que se conoce la Ley de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, sancionada por Bill Clinton en 1996, que propone un modelo para gestionar los derechos de autor en la red. El proceso es simple: se le puede solicitar a cualquier compañía que elimine el acceso a un contenido subido sin autorización de quien posee el derecho de autor. Todo lo que se necesita es identificar el sitio en cuestión y, bajo juramento de autenticidad, adjuntar una firma digital. “En 2011 tuvimos una reunión con Isaac Rubinzal, y él mismo nos dijo que no podía tapar el sol con las manos; incluso se sorprendió de los acuerdos que habíamos hecho con distintas entidades como Sadaic por este mismo problema; tal vez pensó que éramos unos improvisados”, recuerda Botbol.
Y aquel encuentro fue, en cierta forma, el puntapié inicial de un principio de acuerdo con la editorial y con la Cámara Argentina del Libro. “Les propusimos darles un canal exclusivo de denuncia con mayor velocidad, un acceso especial que les permite a ellos mismos poder borrar los contenidos para que, de ahí, nuestros moderadores pudieran ratificar la denuncia. Lo que sí, se comprometen a no borrar cualquier comentario desfavorable a sus publicaciones.”
Ese acuerdo tuvo un correlato en algo mayor: a principios de este año, la Cámara Argentina del Libro, junto a Capif, Sadaic y AADI firmaron, con la intermediación de la Secretaría de Cultura de la Nación, una carta de intención para lograr que actores con intereses contrapuestos se pudieran poner de acuerdo. La cuestión de fondo no era otra cosa que trabajar en la creación de una ley capaz de respaldar a las empresas de Internet y, al mismo tiempo, defender también la propiedad intelectual. La aprobación de una nueva ley de derechos de autor es, de hecho, el gran reclamo que hacen también los creadores de Taringa! Así como la nueva ley de medios reemplazó una norma implementada durante la dictadura, los notables cambios en materia de Internet ameritan también otra reglamentación. A eso apunta también Fernando Tomeo, abogado especialista en Derecho informático, al asegurar que este tipo de denuncias fue muy frecuente en Estados Unidos donde, por ejemplo, se condenó a empresas como Napster, aunque es incomparablemente distinto a lo que sucede en nuestro país.
“El problema es que en la Argentina hay que actualizar la norma, ya que la ley de Propiedad Intelectual es de la década del ‘30”, asegura el letrado.
Lo notable es que hasta aquel acuerdo entre la Cámara Argentina del Libro y Taringa! generó conflictos y desencuentros a raíz de una nota de La Nación. El tema es que cuando la Cámara del Libro envió un comunicado anunciando el acuerdo con Taringa!, el centenario diario lo levantó en una nota, interpretando que ese acercamiento dejaba libre de todo cargo a la empresa y que ése era el final feliz de la demanda; cuando, en realidad, el acuerdo sólo se limitaba a la implementación de un nuevo canal de denuncias y no tenía ninguna vinculación con la causa penal que continuaba –y continúa– corriendo.
De hecho, al ser consultada para esta nota, Diana Segovia –de la Cámara del Libro– respondió: “Es una confusión permanente; nosotros no somos querellantes en la causa Taringa! y el sistema de denuncias ofrecido fue posterior a las causas; fue algo que solicitamos por ser ésta una preocupación del sector y es para todo aquel que se siente perjudicado en sus derechos. Los titulares de Taringa! respondieron a esta preocupación facilitando el sistema para la baja inmediata de los contenidos protegidos por derechos de autor”. Un detalle tal vez no menor: el presidente de la Cámara Argentina del Libro es, precisamente, el mismo Isaac Rubinzal.
De la misma confusión se quejan también los responsables de Taringa! La última noticia que hubo acerca de la causa trascendió la última semana de agosto y fue que la Corte Suprema decidió rechazar el recurso presentado por Taringa!, dejando así firme el juicio oral contra sus responsables. Por supuesto que Taringa! no es la única compañía que tiene estas dificultades, pero sí es cierto que se trata del primer caso de un procesamiento penal. Ahora bien, lo que asombra y fastidia a los titulares del portal es que cada vez que existe alguna ínfima información acerca de la causa, aun aquellos detalles que no cambian absolutamente nada, muchos periodistas anuncian como si fuera la primera vez que los dueños de Taringa! están procesados y pueden llegar a ir presos. “No sé si es por el poco tiempo del periodismo de hoy, que no llega a chequear sus fuentes, pero cada dos por tres dan la misma noticia como si no existiera un registro de archivo; es como si no se acordaran de que ya habían dicho antes lo que vuelven a decir una y otra vez en muy poco tiempo”, se fastidian.
Una de esas modificaciones tiene que ver con la carátula que cambió cuatro veces; la última modificación fue de “partícipe necesario” a “co-autor”. “Ese cambio es importante porque ‘partícipe necesario’ quiere decir que sin esa participación no se podría haber hecho, y eso es tremendamente falso porque, por ejemplo, uno de los posts te direccionaba a un blog donde estaban todos los contenidos disponibles. Y si uno hilara más fino, podría decir que también el servidor de Internet es responsable, porque si el usuario no tuviera conexión, tampoco podría bajar el contenido. Condenar al intermediario es como culpar a un diario de que en uno de sus avisos clasificados se permitió la venta de un auto robado”, grafica Hernán Botbol.
¿Qué creen que va a pasar?
–Desde los argumentos jurídicos creemos que las posibilidades de ganar son altísimas, tenemos muchos elementos, aunque ningún abogado nos puede garantizar el éxito. Lo que sí, todo esto nos sirvió para darnos cuenta no sólo de la necesidad de una ley sino, también, de que estábamos haciendo un mal manejo de prensa, porque ésta es la única causa que tenemos y, sin embargo, da la sensación de que tenemos montones de denuncias. De hecho decidimos crear un área de prensa porque, por no salir a hablar a tiempo, siempre pareció que los que ostentaban la verdad eran quienes presentaron la demanda.
Desde que se inició la causa, ¿tuvieron bajas de usuarios o algún problema similar?
–No, Taringa! sigue creciendo y expandiéndose. Además, de todo el contenido y tráfico que tenemos, menos del 4 por ciento está relacionado con links de descarga, es irrelevante. Lo que sí es cierto es que todo esto afecta nuestra imagen, porque muchos escuchan o leen que estamos procesados y, mágicamente, pasamos a ser culpables de lo que se nos acusa.
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