La desaparición forzada de quien fue militante de las Ligas Agrarias, Alicia López de Rodríguez, la responsabilidad del entonces coronel Juan Orlando Rolón en los crímenes de la dictadura -con lo que se puede seguir la cadena de mandos militares para que no sean juzgados sólo quienes picaneaban o apretaban el gatillo- y la asociación ilícita son los crímenes que no fueron elevados a juicio oral en la conocida como causa Brusa a pesar de que fueron denunciados en el transcurso de la etapa de instrucción. Una testigo y un querellante que vieron a López con vida en la tétrica comisaría 4ª de la capital provincial al frente de la que estaba el ex comisario Mario Facino, opinan sobre "lo que quedó en el tintero". Graciela Roselló, actual secretaria adjunta de la seccional Rosario de la Asociación Bancaria y secretaria gremial de la CTA Rosario y José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, opinan sobre las faltas y también sobre las excusaciones de los conjueces designados para integrar el Tribunal Oral. "Es una especie de manifiesto público de falta de compromiso con los derechos humanos que a la vez revela el verdadero carácter del foro santafesino", dijo Roselló quien el viernes fue recibida por la vicegobernadora Griselda Tessio. El próximo miércoles, a las 12, en la presidencia del Senado, Tessio recibirá a querellantes y testigos de la causa.

Graciela Roselló estuvo detenida en 1976 en Santa Fe cuando tenía 20 años y militaba en la Federación Juvenil Comunista. Fue llevada en desgarrador periplo por las seccionales segunda, primera, vuelta a la segunda y de allí a la 4ta. que estaba a cargo del comisario Mario José Facino, quien luego, en democracia, fue intendente de San José del Rincón por la lista de PJ.

Roselló es testigo en la causa por la que se investiga la desaparición de Alicia López y por supuesto tiene opinión formada sobre la elevación a juicio del expediente Brusa. "A pesar de varios recortes me parece bueno ese hecho. Se trata de un triunfo de las organizaciones de derechos humanos, de los querellantes y testigos y de la sociedad civil comprometida en que se esclarezcan estos hechos, pero no puedo dejar de marcar la preocupación porque quedaron afuera denuncias que se efectuaron durante la etapa de instrucción y que aportaban los datos para una veraz demostración sobre que en la 4ta. hubo desaparición forzada de personas. Creo que esto y la actitud de excusación que adoptan todos los conjueces sorteados para integrar el Tribunal Federal Oral es una especie de manifiesto público de ausencia de compromiso con los derechos humanos que a la vez revela el verdadero carácter del foro santafesino".

Roselló que ayer por la mañana fue recibida por la vicegobernadora Griselda Tessio a quien le expresó su preocupación por "lo que queda afuera del proceso oral" dijo que se trata de "un escándalo jurídico y una denegatoria de Justicia". Por otra parte acordó con la presidenta del Senado en que se reunirá con querellantes y testigos de la causa que se conoce con el nombre del ex juez, que era secretario judicial durante la dictadura militar, Víctor Hermes Brusa. Esa reunión será en Santa Fe el próximo miércoles 13 en horas del mediodía.

Tanto Roselló como José Schulman, querellante en la causa y secretario nacional de la Liga por los Derechos del Hombre es importante la difusión social de qué implica la situación jurídica que se describe, también la movilización, no sólo de quienes están contenidos en las organizaciones de derechos humanos sino también de los militantes políticos, sociales, sindicales. A la vez se plantean realizar una presentación ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para pedir "que se ponga orden en la presentación" y llegar al procurador general de la Nación Esteban Righi para "expresar los temores que tenemos en tanto todo indica que la fiscal Susana Tripichio no se está preparando para el caso".

Alicia López de Rodríguez era militante de las Ligas Agrarias y estaba casada con el abogado José Luis Rodríguez, hoy juez de la provincia en los Tribunales santafesinos. En 1976 "tendría alrededor de 25 años" dijo a Rosario/12 Roselló quien la vio en la 4ta. cuando fue llevada al interrogatorio hacia el que la condujo la carcelera María Eva Aebis "esa de expresiones soeces que se refería a monseñor (Vicente) Zaspe como 'el pollerudo", recuerda. Cuando llegué me llevaron a una celda y para ver tuve que estirarme hasta una mirilla.... Enfrente, por un espacio similar, Alicia López se me presentaba. En las 24 horas que estuve allí varias veces me dijo que se sentía mal, que era diabética y que no le suministraban insulina ni le daban atención médica. Nunca más supe de ella, me llevaron a la Guardia de Infantería Reforzada, cerca del Parque Sur, que era casi el paso siguiente y obligado. Esperé que con ella hicieran lo mismo. Nadie volvió a saber de Alicia ni en ese ni en ningún otro lugar".

José Schulman, querellante en la causa, quien también estuvo detenido en la 4ª. detalló los crímenes que no elevó a juicio oral el magistrado Leandro Corti -hoy secretario de Asuntos Penitenciarios- cuando dio por concluida la etapa de Instrucción. En primer término mencionó la desaparición forzada de Alicia López de Rodríguez, un caso donde él testimonió junto a Roselló y a Carlos Almada. En segundo término señaló que se dejó fuera la responsabilidad del entonces jefe del Area Militar, coronel Juan Orlando Rolón, "indispensable para tirar de la cadena de mandos militares e impedir que sólo sean juzgados los que manejaban la picana y apretaban el gatillo y además la asociación ilícita entre los criminales, un escalón conceptual que permitiría acercarnos a la verdad de lo que ocurrió: un genocidio, planificado por un conglomerado de militares, políticos y empresarios alentados y conducidos por el imperialismo norteamericano, tal como se probó en la causa Operación Cóndor".

Schulman recuerda a quienes se excusaron de integrar el Tribunal Oral, entre ellos a los conjueces José María Escobar Cello y María Ivón Vella y más recientemente Eduardo Espósito, Guillermo Zenklusen y Silvia Doldán de Lazzarini. Ninguno de ellos quiso ser conjuez en la causa por la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la ciudad de Santa Fe. Entonces el secretario nacional de la LADH dice que la realización del juicio y la obtención de condena "dependerá de la movilización popular, de la presión de los organismos de derechos humanos y de las fuerzas democráticas". También espera que el gobierno de Hermes Binner dé señales "que lo diferencien de sus antecesores en el cargo".