"Después de lo de Julio López no podemos hablar más de seguridad de los testigos aunque hay medidas positivas que se pueden tomar", dijo ayer la titular del Programa Verdad y Justicia dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación durante la reunión que impulsó la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados y que promovió el encuentro entre legisladores, organismos de derechos humanos, autoridades provinciales y nacionales. El desafío planteado fue el de abordar un programa de protección y contención de testigos y querellantes en las causas que en la provincia se tramitan por delitos de lesa humanidad. De allí que se decidió proponer al Poder Ejecutivo -en la reunión estaban presentes la secretaria de Derechos Humanos María Bressa, el subsecretario de Asuntos Penales Juan Lewis y Oscar Bello del Programa de Seguridad Comunitaria dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia- que la fuerza que se constituya para la prevención de agresiones y la protección esté dirigida por un civil y que sobre la identidad de aquellas personas que la integren se realice un exhaustivo chequeo con los archivos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y con los de las causas que se tramitan en la provincia. También se solicitará a la Unidad Especial de Asistencia a las Víctimas de Delitos de Lesa Humanidad que provea a la Secretaría de Derechos Humanos santafesina el listado de testigos y querellantes. Se decidió impulsar la conformación de un equipo de psicólogos especialmente capacitados para brindar contención y acompañamiento a las víctimas que así lo soliciten.

La diputada Alicia Gutiérrez, querellante en la causa que se conoce como Quinta de Funes por la desaparición y muerte de su marido Eduardo Toniolli propuso la reunión que fue apoyado por sus pares de la comisión de Derechos y Garantías que preside la legisladora radical integrante del Frente Progresista Mónica Peralta. Ayer participaron de la convocatoria Elena Mariani del Programa Verdad y Justicia dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Ana María Figueroa, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Bressa, Lewis y Bello y los legisladores provinciales Lucrecia Aranda, Inés Bertero, Raúl Lamberto y Gerardo Rico además de Gutiérrez y Peralta. Representantes de prácticamente todos los organismos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos -Madres de Plaza 25 de Mayo, APDH, Familiares de Detenidos por Razones Políticas y Gremiales, HIJOS, la Casa de Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe- y además testigos y querellantes, entre ellos el concejal Juan Rivero y los abogados que patrocinan las distintas causas estuvieron ayer en la delegación Rosario de la Cámara de diputados santafesina.

"Necesitamos que lleguen vivos a los juicios. Las víctimas del terrorismo de Estado queremos justicia. Hemos sido muy pacientes y nunca tomamos la Justicia en nuestras manos, estamos ante la cercanía de los juicios y queremos que se garantice la seguridad de todos nosotros pero también la de los represores que están dispuestos a hablar". En estos últimos casos Gutiérrez incluyó, en el marco del expediente de la Quinta de Funes, el pedido del represor "Tucu" Constanzo en cuanto a pedir más seguridad".

"Estamos preocupados por lo que sucede en nuestro país en los últimos tiempos y también desde hace años en referencia al juzgamiento de las causas" que tienen que ver con la reacción que genera en las fuerzas represivas el hecho de que se juzgue a algunos de sus integrantes ya sean de la policía. En la provincia empezará en poco tiempo más la causa que si bien se conoce con el nombre del represor Pascual Guerrieri involucra a "toda las cúpula del Ejército" dijo Gutiérrez. Tanto Gutiérrez como la funcionaria nacional del Programa Verdad y Justicia, Elena Mariani, señalaron que tanto en el ámbito nacional como en las provincias no se logró encontrar "el punto justo" que impida el suceso de hechos como la desaparición de Jorge Julio López, testigo en la causa contra el comisario Miguel Etchecolatz o la muerte de algunos represores como la de Héctor Febres.

Justamente el pensar en la vida de los represores que asesinaron a tantas personas se puso de manifiesto como un pensamiento que cuesta articularse. Sin embargo Alicia Gutiérrez sostuvo que "necesitamos que lleguen con vida a los juicios".

A su turno Mariani fue contundente y según dijo ella misma "pesimista, porque estamos detrás de los acontecimientos. Todos los países latinoamericanos tienen programas de protección de testigos que si bien no son perfectos tienen un modelo a seguir que dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia o Ministerio Público Fiscal". Mariani agregó que "el cuidado de la prueba es sin duda el del testigo" y agregó que las legislaciones de Ecuador, de Perú y de El Salvador contemplan especialmente los delitos de lesa humanidad.

"Después de (Jorge) López no podemos hablar más de seguridad de testigos, podemos dar cuenta de medidas positivas", dijo Mariani quien pensó que en una ley en la materia tiene que haber diferencias entre los distintos tipos de medidas a adoptar de acuerdo a la gravedad del riesgo evaluado: Por eso enumero que hay medidas ordinarias, otras extraordinarias y de atención, de protección extrema, de sustitución de identidad y otras muy posibles de ser llevadas adelante en los debates orales donde se ve la seguridad de los testigos. Exposición mediática y enfrentamiento con él o los imputados "son pasibles de medidas muy fáciles pero que nunca se instrumentaron". Así mencionó lo que llama la prueba anticipada, la declaración del testigo sin que deba enfrentarse con el represor o imputado.

Bressa explicó que la idea que desde el área a su cargo se trabaja es la de brindar contención psicológica a través del armado de un equipo que dependa de la Secretaría de Derechos Humanos. En esta secretaría y en la sede Rosario no hay ningún psicólogo. Por el contrario en la capital provincial hay cinco, pero Bressa anunció que ya hubo reuniones con el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud Mental para formar gente en Rosario. El curso específico de formación lo da la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se piensa armar otra instancia en la provincia.

Bressa admitió que lo que resulta más difícil es la protección física. "Se está pensado en formar un equipo especial, tomar los mejores hombres de las TOE que no dependan del jefe de Policía sino del ministro de Seguridad. Alguien dirigirá este programa que no será de las fuerzas policiales sino un civil".