Desde Santa Fe

La justicia santafesina dio curso a una denuncia contra Carlos Reutemann que antes había sido desestimada dos veces -en noviembre de 2003 y en octubre de 2007- para que se investigue su responsabilidad en la masacre de Diciembre Trágico, como se conoce a la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejó siete muertos y decenas de heridos en Rosario. El fiscal Nº 2 Norberto Nisnevich solicitó al juez de Instrucción de la 4ª nominación, Rubén Saurín tres medidas antes de dictaminar si se reabre la causa contra el ex gobernador: el desarchivo de dos expedientes en los que fueron absueltos el ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, que ya son cosa juzgada. Y un pedido al gobierno de Hermes Binner para que informe "si existen en carácter público o secretas, disposiciones, circulares, instrucciones, órdenes, recomendaciones, o cualquier acto administrativo de idéntica característica relacionado con la actuación de las fuerzas policiales de la provincia en los eventos acontecidos en diciembre de 2001", según el dictamen fiscal al que tuvo acceso Rosario/12. El juez Saurín aceptó el requerimiento de Nisnevich y despachó un oficio a la Casa Gris que llegará en las próximas horas a manos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, para que lo conteste.

El 20 de diciembre del año pasado -a seis años de la represión-, Binner recibió en la Casa Gris a familiares de las víctimas y abogados de la Comisión Investigadora No Gubernamental que le pidieron, entre otras cosas, el acceso a todos los documentos y archivos que haya producido la provincia sobre la masacre. "La respuesta fue positiva. El gobernador se comprometió a acompañarnos en todo lo que sea posible en el ámbito del Poder Ejecutivo", dijo Celeste Lepratti, hermana de Claudio "Pocho" Lepratti, asesinado de un tiro en la garganta en el techo de una escuela.

Cuatro días después, el 24 de diciembre, el abogado santafesino Mario Pilo se presentó ante el juez Saurín y le pidió que investigue a Reutemann y al ex subsecretario Alvarez, por supuesto "homicidio culposo, incumplimientos funcionales y abuso de autoridad" por los sucesos de diciembre de 2001. Y como hechos nuevos, señaló la reunión de Binner con los familiares de los caídos en la represión y la promesa de "abrir los archivos" oficiales. Y un olvido de jueces y fiscales que nunca llamaron a testimoniar al ex delegado del Ministerio de Gobierno en Rosario, Osvaldo Turco, a pesar de que sí declaró ante la Comisión Investigadora No Gubernamental.

Pilo ya había denunciado a Reutemann en agosto de 2002, pero la causa tuvo un trámite rápido y fue archivada por el entonces juez Correccional de la 8ª. nominación, Roberto Reyes, en noviembre de 2003. El ex fiscal Nº 2, Roberto Favaretto, no apeló y la resolución quedó firme. Hoy, Reyes es vocal de la Cámara Penal (Sala IV) y Favaretto, juez Correccional.

En octubre de 2007, Pilo volvió a solicitar la reapertura de aquella causa contra Reutemann, pero fracasó: el fiscal Juan Pablo López Rosas desestimó la denuncia y el juez Jorge Andrés la mandó al archivo.

En diciembre pasado, después de que Binner recibiera a los familiares de las víctimas de Diciembre Trágico, Pilo volvió a Tribunales para insistir -por tercera vez- que se investigue a Reutemann por presunto "homicidio culposo, incumplimientos funcionales y abuso de autoridad". "No veo la razón por la que el ámbito nacional el ex presidente Fernando de la Rúa fue procesado (por cinco homicidios culposos), mientras que en la provincia de Santa Fe parece que no hubiera pasado nada", dijo el abogado.

En su escrito, Pilo citó la sentencia de la Cámara Federal de Capital Federal que ordenó investigar a De la Rúa: "Los funcionarios políticos son los responsables de administrar correcta y legalmente la violencia del Estado y sobre ellos recae la responsabilidad que el conjunto de la población les delega por medio del voto". Y la resolución del juez Claudio Bonadío que procesó al ex presidente por cinco homicidios culposos y 172 lesionados y embargó sus bienes por 20 millones de pesos. Según el fallo de Bonadío, De la Rúa tuvo una conducta "imprudente y negligente" para evitar el desborde represivo y después intentó evadir su culpa con "una pretendida ignorancia o desinformación", agregó Pilo.

El fiscal Nisnevich dio trámite a la denuncia y solicitó tres medidas al juez Saurín: que requiera dos causas contra Domínguez y Alvarez en la que ambos fueron sobreseídos en marzo y diciembre de 2004 y que ya son cosa juzgada. Y pida informes al gobierno de Binner.