La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se convirtió ayer en el primer organismo de derechos humanos que se presentó como querellante en las causas que investigan a represores de la dictadura en Santa Fe. Un planteo al que se podría sumar en los próximos días el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Pero también pidió la unificación de las causas judiciales de la represión ilegal en el centro norte de la provincia que hoy se tramitan ﷓por separado﷓ en más de 60 expedientes, la mayoría de ellos ante el juez federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. "Para avanzar en la justicia, primero, hay que reconocer la verdad. Por lo tanto, debemos salir de este camino de fracturar y fragmentar las causas y avanzar por el otro", dijo José Schulman, víctima del terrorismo de estado que presentó el escrito junto con la copresidenta de la Liga, Graciela Rosemblun.

La unificación del proceso a la guerra sucia contra la sociedad ya madura en la justicia federal, donde las investigaciones avanzan sobre el rol que cumplieron los jefes militares, tanto del Area 212 (que tenía jurisdicción en los departamentos La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Garay), como del Destacamento de Inteligencia Militar 122, con una competencia se extendía a Entre Ríos y parte del Uruguay.

Hasta ahora, el único ex jefe del Area 212 imputado y detenido en una causa es el coronel Juan Orlando Rolón, quien asumió el cargo en noviembre de 1976. Pero su antecesor, el coronel José María González nunca fue molestado por ningún juez, a pesar de que la noche del 24 de marzo de 1976 comandó el golpe de estado en la provincia, asumió como el primer interventor de facto del gobierno de Santa Fe hasta mayo de 1976 y después siguió al frente del Area 212 hasta que lo reemplazó Rolón. González había sido designado en octubre de 1974.

Lo mismo sucedió con los ex jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122. El único imputado ﷓y con prisión domiciliaria en su casa en Mendoza﷓ es el coronel Domingo Manuel Marcellini, que estuvo al frente del organismo desde noviembre de 1975 hasta octubre de 1977. Desde hace tiempo, la justicia cuenta con una lista de dieciséis oficiales de inteligencia que revistaron en el Destacamento, desde noviembre de 1975 hasta diciembre de 1978, pero ninguno de ellos ﷓excepto Marcellini﷓ fueron citados por los jueces. En esa lista figuraba el ex teniente coronel Paul Alberto Navone, que se suicidó en la localidad cordobesa de Ascochinga el 25 de febrero, el mismo día que debía declarar ante la justicia federal de Paraná por la apropiación ilegal de bebés durante la dictadura.

La Liga se presentó como querellante en dos causas: una investiga el destino final de la docente desaparecida Alicia López, en la que el ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, está procesado por "homicidio" y otra en la que están imputados los coroneles Rolón y Marcellini, entre otros. "Pensamos que es un aporte para fortalecer la investigación e incorporar la mirada de un movimiento que hace más de 30 años que lucha por la justicia", dijo Schulman.

En la entrevista con el juez Rodríguez, los militantes de la Liga insistieron en la necesidad de unificar las causas de la represión ilegal en Santa Fe. "En la Argentina hubo un plan de exterminio y en la ciudad de Santa Fe una operación coordinada y articulada entre las Fuerzas Armadas, la Policía y una parte del Poder Judicial", explicó.

-¿Creen que puede haber una megacausa del Area 212 de Santa Fe?

-Hay que unificar. Si se pudiera hacer una sola, mejor. Lo que no se puede admitir es que haya 60 causas. Incluso, hemos planteado que la última vez que estuve en Santa Fe hice el reconocimiento de la comisaría 4ª, pero por este camino, voy a tener que hacer el mismo reconocimiento 30 veces, lo que resulta hasta grotesco. ¿Cuántas veces voy a reconocer lo mismo? Una vez que fui a reconocer la 4ª, ya está" ﷓planteó Schulman.

Por su parte, Rosemblun coincidió en que "la unificación de las causas tiene que ver con los testigos, por lo que significa declarar más de una vez sobre hechos que ocurrieron hace 30 años. Pero significa también ubicar el mapa político y el plan de genocidio que incorporó no sólo lo represivo, sino lo económico social. La ciudad de La Plata tuvo 2 mil desaparecidos, la provincia de Tucumán 400, Córdoba más de 2 mil, por la Escuela Mecánica de la Armada pasaron 5 mil y otro tanto por Campo de Mayo. Es decir, la represión tuvo características nacionales, pero se concentró más en los centros industriales desarrollados. Entonces, ese es el marco del genocidio que nosotros planteamos: acá hay una responsabilidad de los militares, pero también de los civiles, en sus varias expresiones, que hasta el día de hoy no han sido tocados en las causas judiciales", concluyó Rosemblun.