En un documento firmado por los docentes que se oponen a las medidas tomadas por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes por la seguridad privada, y frente a la resolución de las autoridades de impedir ayer el acceso al edificio, declararon que "la misma viola las garantías de trabajo y de estudio, impidiendo en los hechos el dictado de clases y la toma de exámenes". Además, exigieron la inmediata apertura de la Facultad y convocaron a un debate que "genere una solución consensuada". Lisandro Citta, presidente del Centro de Estudiantes, pidió "que abran la Facultad para que podamos cursar y rendir". El dirigente estudiantil denunció que las autoridades "redoblaron su apuesta" en el conflicto, al recibir una citación de los Tribunales Federales para declarar el 7 de agosto en una causa iniciada el año pasado por Darío Maiorana, cuando estudiantes tomaron Humanidades en rechazo a la postulación del ex Decano como Rector de la UNR.

Ayer el decano Daniel Musitano, junto a sus secretarios, docentes y personal no docente alineados con él, llegaron hasta el edificio de Entre Ríos al 700 y decidió que la Facultad no puede funcionar sin seguridad privada. "En realidad lo que está pasando acá es que abandonaron la Facultad. Había chicos que tenían mesas de exámenes y se les prohibió el ingreso", dijo el presidente del Centro de Estudiantes.

Según Citta "están buscando dividir. Con el tema de la seguridad privada, lo que hicimos fue poner en el debate el estado actual de la Facultad. No tenemos agua potable, los techos se caen a pedazos, no hay libros en la biblioteca, no hay horarios para la gente que trabaja, y los docentes cobran un salario mísero".

Citta recibió el sábado una citación de la Policía Federal para ir a declarar el 7 de agosto, por una causa que le inició Darío Maiorana debido a la toma de la Facultad que llevaron adelante los estudiantes cuando estaba por elegirse al sucesor de Aldo Gimbatti al frente del Rectorado. "En el medio del conflicto redoblan la apuesta. La respuesta que tienen a los problemas es abrir causas federales y criminalizar a los que venimos luchando por una Facultad distinta", precisó Citta.

La docente Gloria Rodríguez, directora de la Escuela de Antropología y Consejera Directiva de la Facultad de Humanidades, sostuvo ante la consulta de Rosario/12 que el problema tiene varias aristas, y que vienen discutiéndolo desde hace tiempo. "Uno de ellos es el de la situación de chicos en condición de riesgo. Creemos que la Universidad pública, en tanto pública, se debe a su comunidad y debe generar soluciones más adecuadas que la inmediata apelación a la seguridad privada", precisó la docente, una de las firmantes del documento.

El vicedecano Daniel Randisi señaló a Radio Dos que "el tema de la instalación de la vigilancia privada es una de las variables, pero hay una dificultad institucional que está a merced de un grupo que impide que el Consejo Directivo gobierne. No se puede seguir dando clases en este marco de intranquilidad, no sólo por la violencia sino porque un sector minoritario de alumnos impide que el Consejo gobierne".

En relación a la difundida negativa de los docentes a desarrollar sus actividades sin la presencia de seguridad privada, los docentes que firmaron el documento; entre otros, Gustavo Brufman, secretario general de Coad, y Sandra Rodríguez, directora de la Escuela de Historia; sostuvieron que la misma "no emanó de una asamblea gremial sino de una reunión convocada por el Decano".