Hermes Binner borró del programa de protección a testigos y víctimas del terrorismo de estado el "articulito" que le había sugerido su ministro Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, para extender la cobertura a represores arrepentidos. El gobernador se hizo eco de las denuncias públicas de los organismos de derechos humanos que advirtieron sobre un contrabando ideológico de la teoría de los dos demonios. "El programa no incluirá ninguna otra extensión o medida que no sea el objetivo del mismo: la protección de testigos y querellantes en causas que investigan delitos de lesa humanidad y genocidio y sus familiares", informó un comunicado distribuido anoche por la Casa Gris.

La decisión de Binner intenta cerrar la controversia que le costó el cargo a la secretaria de Derechos Humanos, María Bressa y dejó a la vista el primer fracaso político de Superti en el área. El gobernador designó en reemplazo de Bressa a la abogada Rosa Acosta, quien ahora deberá repechar la cuesta y reconstruir el diálogo y la confianza con los organismos de derechos humanos.

Bressa fue la primera en admitir que había un proyecto del gobierno para proteger en un mismo programa oficial, a las víctimas y a los victimarios. "Queremos garantizarles (a los represores) todos sus derechos, incluso la protección física y la atención sicológica", dijo a Rosario/12. Y estalló la polémica. Fue Superti, quien salió a defenderla y se asumió como autor del proyecto. El programa de protección a testigos "se podría extender también a imputados (por crímenes de lesa humanidad) que transmitan la idea de declarar contra otros imputados. El típico caso de un arrepentido", dijo Superti. "Hay un articulito (sic) que dice que a pedido de la justicia competente se podría extender este programa en casos de excepción" y con "la única finalidad de mejorar la calidad probatoria de los juicios".

En realidad, el "articulito" de Superti es el tercer párrafo del artículo 5º de un decreto que estaba a la firma de Binner, que dice: "La autoridad judicial competente podrá disponer fundadamente medidas de protección para otras personas". La norma no habla de imputados, ni de arrepentidos.

Si Superti pretendía cerrar la polémica con los organismos de derechos humanos, también fracasó. Ayer, dos secuestrados en un centro clandestino en Rincón, Daniel García y Alba Sánchez, publicaron en este diario una carta abierta al ministro. "Si ese 'articulito" existe es porque usted lo colocó en ese lugar, lo que permite justamente que por allí penetre el contrabando ideológico, que hace igualar a victimas y genocidas", le reprocharon. Los García pidieron a Binner una "posición clara que nos indique con absoluta precisión" cuál es su política de derechos humanos.

Poco antes, el gobernador también tuvo que poner la cara en público ante la renuncia de Bressa y la propuesta de Superti de incluir en mismo decreto a testigos y víctimas de la dictadura y a los represores arrepentidos. "Hay que proteger a todos para que digan todo lo que saben porque esa es la forma de lograr la verdad", dijo el mandatario.

El interrogante entonces quedó planteado. Si Bressa, después Superti y ahora Binner pensaban y decían lo mismo, ¿por qué renunció Bressa?

El gobernador contestó anoche con una decisión política: borró del proyecto de decreto que le había arrimado Superti, el "articulito" que le escribió su ministro. La noticia se conoció en una declaración pública de la Casa Gris con el título: "Objetivos del programa de protección para testigos y querellantes". Cuatro párrafos que vale repasar, textualmente:

"El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe recordó en un comunicado oficial que los juicios relativos a delitos de lesa humanidad y/o genocidio son de competencia de la Justicia Federal", dice.

"El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante la elaboración de un nuevo programa de colaboración para la protección de testigos querellantes".

"Haciéndose eco de los pedidos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, testigos y querellantes, no incluirá en dicho programa a ninguna otra extensión y/o medida que no sea el objetivo del mismo: la protección de testigos y querellantes y familiares relativos a las causas federales de delito de lesa humanidad y/o genocidio".

"Esta decisión se plasmará a través de actos normativos que garanticen lo referido", concluyó.