Todos las sospechas que rodeaban al expediente en sus casi cuatro años de vida fueron confirmadas: para la Justicia las fallidas elecciones en Ñuls de 2004 es una causa que se volvió "abstracta", de acuerdo a lo resuelto por los miembros de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, quienes en su sentencia tuvieron el cuidado de "no legitimar" el actual gobierno leproso, señalando a la parte querellante (las listas opositoras) como los actores que deben reclamar por la posible ilegalidad de la presencia de Eduardo López en el parque Independencia. ¿En dónde? En la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), a la cual recurrirán mañana para exhortar por una medida que, ante la indiferencia del Poder Judicial, pasó a ser de carácter político: intervenir la entidad, como sucedió el año pasado con Central.

Como lo anticipara Rosario/12 en su edición del 13 de mayo, en 2004 las urnas rojinegras quedaron bajo cuatro llaves sin que nadie sea responsable por ello, conclusión a la que llegó la Justicia, que a tres años y medio del episodio denunciado por la oposición llegó a una sentencia. "La demorada del expediente es inconcebible", reconocieron los miembros del Tribunal, quienes así dispararon contra los colegas que oportunamente tuvieron el expediente en sus manos y nada hicieron con él. Y tras la sensata aclaración, los camaristas concluyeron que "no se puede dictar sentencia en tiempo razonable y deseable para impartir Justicia".

A sólo siete meses de que concluya el mandato que debía ponerse en juego en 2004 por medio del voto, vencieron todos los plazos para recomponer el daño causado. Pero los miembros del Tribunal tuvieron el recaudo de ser suficientemente ambiguos en su sentencia para no legitimidad la presencia del actual gobierno, como así tampoco expresarse en términos referentes a la posible invalidez de la permanencia de López en la presidencia.

En rigor, oportunamente López logró avalar la decisión de no oficializar la listas opositoras con una medida cautelar en la que luego se amparó el juez Eduardo Oroño para dejar a un lado la resolución de un colega que había inhibido al club a realizar "cualquier acto societario" por la no presentación del libro de socios. Resulta que ahora quedó agotada aquella medida cautelar, entonces los camaristas contemplan la posibilidad que los afectados (las listas opositoras) puedan recurrir al juicio ordinario para llegar a determinar quién es el responsable de que las elecciones pasaran de largo.

Aquí es donde los camaristas dan el paso al costado que los despega del caliente expediente. Puesto que el reclamo debe hacerse en IGPJ, la cual, de concluir que en Ñuls no hubo elecciones por culpa del oficialismo, se verá obligada a peticionar la intervención de la entidad a Fiscalía de Estado. Al mismo tiempo, el mismo organismo que preside Pablo Clement aún debe expedirse respecto a la asamblea que tuvo lugar en la sede leprosa del parque Independencia el pasado 15 de mayo, a la cual no pudieron participar más de 150 socios que no comulgan con el oficialismo.

Abogados de las listas opositoras interpretan que la postergación de la intervención de la institución ya no puede sostenerse, y se lo harán saber a Clement mañana por la mañana en la sede que IGPJ tiene en la ciudad munidos del resiente fallo de la Sala II. El mismo reclamo movilizará a los "socios autoconvocados" el lunes por la tarde, donde se concentrarán a las 19 en Córdoba y Moreno para volver a protestar por la singular conyuntura que padece la institución rojinegra.