"Creo que hay buenas expectativas y voluntad política entre los legisladores para que, en poco tiempo, Santa Fe tenga, como mínimo, la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y tal vez se pueda avanzar más en la cuestión procedimental que sí corresponde a la provincia". La apreciación pertenece a la diputada socialista Lucrecia Aranda, autora de uno de los proyectos que hay en la Legislatura para que Santa Fe se ponga a tono con el espíritu de la ley que derogó la figura y la acción del patronato. Los otros proyectos que hay en la Cámara de Diputados son de Marcelo Brignoni, del FPCS﷓Encuentro Popular y de Marcelo Gastaldi, del Frente para la Victoria. Aranda manifiesta su opinión acerca de que debe contarse con mayores recursos para atender estructuras y dispositivos que permitan el cumplimiento de la ley y la atención de familias en situaciones de vulnerabilidad, ésas que no pueden actuar como espacios y lazos de contención, de límites, de proyección. También habla de lo positivo de la descentralización de recursos en esta área "porque no se puede atender desde Rosario o Santa Fe un caso de abuso sexual o de adicción que ocurrió en otra ciudad o comuna". Hay una queja acerca de los fondos que envía la Nación, 2 millones 600 mil pesos durante el 2007, "poca cantidad", dice que de todos modos asegura que el gobierno anterior no ejecutó. Apuesta a que la ley salga del consenso de los legisladores ya que hay espacios en la Justicia y en la sociedad que no quieren perder las cuotas de poder que significaba el patronato.

Aranda opina que deben aumentarse los recursos aplicados a crear la estructura que haga posible la instrumentación de la ley, para el caso los centros de día y los dispositivos para atender las situaciones que algunas familias, por sí solas, no pueden solucionar, incluido el tema de la convivencia. "Hay que preguntarse qué ofrece el Estado, con qué recursos se cuenta en el barrio donde se produce determinada situación y saber que ése debe ser un recurso concreto", dijo. La diputada socialista también habló de las resistencias, aunque sean veladas, a la aplicación de la ley nacional, y esas resistencias, a su criterio, son en algunos casos desde los mismos estamentos judiciales que ven que pierden una cuota de poder, concretamente la que daba la aplicación del patronato.

Lucrecia Aranda es autora de uno de los proyectos que plantea la adhesión a la ley pero además se extiende en la enumeración de derechos y garantías de los chicos y en como deben aplicarse y protegerse. Pero no es el único proyecto que tiene la Cámara, desde el Frente para la Victoria Marcelo Gastaldi también plantea la adhesión a la ley y el diputado Marcelo Brignoni es autor de otro texto, de allí que ella señala que es importante que la norma que salga sea producto del consenso, "sobre todo porque hay resistencias en algunos sectores de la Justicia y también en variados ámbitos sociales".

Cuando Aranda habló el viernes con Rosario/12, hacía pocas horas que se había conocido el caso del chico que fue encontrado después de una fuerte inhalación de pegamento en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario , y quien luego fue entregado a su familia. Ella hace una reflexión interesante ﷓ya que se descuenta que el niño debe volver con su grupo familiar y que sólo como 'últimísima' situación se podría buscar otra salida﷓, cuando dice que en ningún momento la ley nacional expresa que no se debe actuar en un caso como el mencionado. "Lo que no se debe es detenerlo o encerrarlo, pero sí debe existir una intervención rápida para acercar un recurso, un programa, trabajar con la familia para que el niño no siga aspirando pegamento. Se trata que se pueda contar con de un dispositivo para reparar la vulnerabilidad de sus derechos, para que pueda volver a la escuela y ese dispositivo incluye a su familia....Esto tampoco quiere decir que estar con su familia sea lo mejor que le pueda pasar, pero hay que trabajar con ese grupo y tratar, ultimar los recursos, para que pueda funcionar como contención, como el lugar donde se ordena lo cotidiano, el ámbito de los cuidados y límites". La contracara de este concepto es la vieja y derogada ley de patronato que de todos modos persiste en las actitudes de algunas expresiones judiciales y sociales. A esta rémora del pasado le correspondería el análisis que con rapidez plantearía: 'Si estaba aspirando o dejó de ir a la escuela hay que ingresarlo a alguna institución'." Eso es, justamente, castigarlo por ser víctima, por ser pobre o no tener un grupo familiar contenedor. En estos ejemplos cabe la invocación 'se vulneraron tus derechos, entonces te encierro", explica Aranda. El espíritu de la ley de protección pone en el Estado la obligación de agotar recursos para recuperar los vínculos familiares y cuando esto no sea posible en el corto plazo, recién se pensará en un lugar de tránsito por el espacio más breve posible.

Como los alcances de la ley nacional tienen un mediano conocimiento ﷓tal vez casi nada en el conjunto de la sociedad﷓ Aranda dio una opinión a título personal. "Sí creo que deben aumentarse los recursos a través de centros de día u otros dispositivos para acompañar y sostener lo que algunas familias, por sí solas, no pueden lograr, entre ellas las cuestiones convivenciales. ¿Qué recursos, en qué lugares los ofrece el Estado, qué mano se le tiende a ese grupo para salir de una situación concreta?", dice. A la vez opina que tal vez haya que pensar en la creación de nuevos juzgados de Familia que son los que tienen que intervenir cuando hay una vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y sólo existen en las ciudades de Rosario y Santa Fe. También opina que desde el fuero de Familia hay algunas resistencias por la sobrecarga de trabajo de esos ámbitos y explica que otras resistencias son las de algunos juzgados de Menores que sienten que pierden ciertas cuotas de poder al no ejercer el patronato.

Según explica la ex titular del Area de la Mujer de la Municipalidad de Rosario, uno de los puntos fuertes en debate tiene que ver con que la ley nacional plantea que son los municipios y comunas los que también deben intervenir y en este terreno son muy pocos los que tienen tradición de trabajo en la problemática.