El juez Darío Sánchez (Instrucción 5ª), quien procesó al director y al subdirector de la cárcel de Coronda y a los dos guardias tomados como rehenes en la masacre del 11 de abril de 2005 que le costó la vida a 14 internos, descartó la hipótesis de la "zona liberada" y de una pelea entre santafesinos y rosarinos. "No se encontró ninguna evidencia de que hubiera habido una zona liberada o colaboración voluntaria de algún guardiacárcel o funcionario con los internos que cometieron los hechos", reveló el fiscal Nº 6 Carlos Romero, que actuó en la causa.

Sánchez procesó al director del penal, Oscar Daniel Mansilla y a su segundo, Carlos Daniel Monti, por supuesto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "homicidio culposo agravado" por los cuatro internos asesinados en el Pabellón Nº 1. Y a los guardiacárceles Oscar Yosviak y Eduardo Daniel Marchesin por los mismos cargos: "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "homicidio culposo agravado", pero por la muerte de 14 personas. Ordenó también un embargo por 50.000 a cada uno.

En la resolución, el juez dictó también la falta de mérito del ex director del Servicios Penitenciario de la provincia, Fernando Rosúa y de otros funcionarios, según confirmaron fuentes del Palacio de Tribunales.

El fiscal Romero explicó que a Yosviak y Marchesin "se los procesó porque uno abandonó su puesto de trabajo cuando se estaba desarrollando una protesta y era dable esperar problemas. Uno, porque lo abandonó y el otro, porque autorizó el abandono de ese puesto", dijo