El juez correccional Eduardo Pocoví procesó a seis médicos de Santa Fe y Vera por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en la causa que investiga la muerte de Ana María Acevedo, la joven de 20 años que falleció el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe como consecuencia de un cáncer de maxilar que no fue tratado porque los médicos se negaron a realizar un aborto terapéutico. El ex director del hospital, Andrés Ellena, así como los jefes de los servicios de Oncología, César Blajman, y Ginecología, Raúl Musacchio, fueron acusados de "lesiones culposas". También fue procesada la actual directora del SAMCO de Vera, la ciudad donde vivía la joven. "No estamos conformes", indicó una de las tres abogadas que patrocinan a la familia Acevedo, Mirta Manzur, quien adelantó "a título personal" que esperán lograr que en alguna instancia judicial se reconozca que la joven "fue víctima de un homicidio con dolo eventual". También dijo que apelarán en todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, si es necesario, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La directora del Samco de Vera, Sandra Barbieri; José Manuel García, integrante del Consejo de Administración del mismo hospital; y el médico Jorge Venanzi, del servicio de Radioterapia del Iturraspe, sólo serán sancionados por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Las abogadas que patrocinan a la familia de Acevedo, Lucila Puyol, Paula Condrac y Mirta Manzur, fueron notificadas anteayer sobre la resolución del magistrado. "No estoy conforme, pero era lo previsible, porque Pocoví es un excelente juez pero vive en esta sociedad patriarcal con todos los condicionamientos que esto implica. El no es un militante del feminismo", indicó Manzur.

Las cédulas recibidas por las partes decían textualmente: "Habiéndose planteado la declaración indagatoria de los imputados César Raúl Blajman; Raúl Alejandro Musacchio; Jorge Mario Venanzi; Andrés Ellena; Sandra Barbieri; y José Manuel García, declárese procesados a Blajman, Ellena y Musacchio por los delitos de lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real; y a Venanzi, Barbieri y García por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público". La otra cédula se refiere a que "no existe mérito para dictar procesamiento ni sobreseer a Venanzi, Barbieri y García por lesiones culposas". Otros cuatro profesionales que habían sido oportunamente indagados también recibieron la falta de mérito.

El peregrinar de Ana María Acevedo comenzó a mediados de 2006 en el Samco de su ciudad. Allí, la odontóloga del centro de salud -hija de Manuel García, uno de los procesados- le extrajo una muela, y pese a que el dolor persistía, dilató durante cinco meses la derivación a un hospital donde pudieran efectuarle una tomografía computada. Una vez que Ana María llegó al hospital Cullen de Santa Fe, donde le practicaron una cirugía para extraerle el tumor, fue derivada al Iturraspe. Allí debían comenzar con las sesiones de quimioterapia y radioterapia, pero apenas se conoció el diagnóstico de embarazo, el médico clínico David Yossen firmó una orden que planteaba la imposibilidad del tratamiento oncológico por estar contraindicado. La joven permaneció sin tratamiento durante meses, y con el embarazo en curso. Todos los médicos y el entonces director del hospital se negaron a contemplar la posibilidad de un aborto terapéutico, perfectamente contemplado en el artículo 86 del Código Penal.

Ante la insistencia de sus padres, Norma Cuevas y Haroldo Acevedo, el Comité de Bioética del hospital se reunió a fines de febrero, y decidió continuar con el embarazo, y con los escasos tratamientos paliativos que recibía. El 29 de abril, cuando Ana María estaba en estado pre-mortem, decidieron practicar una cesárea. La beba murió a las pocas horas, y la joven entró al día siguiente en un coma irreversible. Murió el 17 de mayo.

"Vamos a seguir bregando para que en alguna instancia judicial del largo proceso que tenemos por delante se llegue a procesar a los responsables por homicidio con dolo eventual", indicó Manzur. Esto significa que los médicos actuaron sabiendo que la muerte de la paciente podía ser la consecuencia de sus actos. "Este es el primer escalón en la larga lucha para concretar todos los derechos que se deben hacer efectivos para lograr la justicia no sólo para Ana María, sino para todas las mujeres a las que se les niega el derecho a la salud y al aborto", afirmó Manzur.