Miguel Nieva, miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) denunció que desde que asumió el gobierno de Hermes Binner "no hubo ni 10 centavos de parte de la provincia para apoyar las tareas de excavación e investigación que permitan identificar restos de desaparecidos". Y aseguró que "estas son pruebas importantes que podrían volcarse en los juicios, pero con su actitud el gobierno provincial ha demostrado que le interesa poco". El EAAF ya lleva identificados 87 desaparecidos en todo el país, ya ha trabajado en La Calamita, y cementerios como los de Andino, Timbúes, Barrancas y Coronda entre otros lugares. Nieva asegura que le presentó un proyecto al ministro de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti, "hace tres meses y ni siquiera nos contestaron". De igual modo relató que "tuvimos que volver a inhumar los restos de dos personas asesinadas durante la dictadura cuyos familiares pretendían saber cómo habían muerto y en medio de su dolor, no contaron con el apoyo del estado provincial para hacerlo. Fue la diputada provincial Alicia Gutiérrez la que terminó haciéndose cargo del costo de ambos féretros".

Nieva fue contundente al señalar que "en la investigación de las causas por Terrorismo de Estado acá no se ha hecho absolutamente nada: Los testigos no tienen apoyo de ningún tipo, no hay recursos para investigar, y la gente que trabaja en la Subsecretaria de Derechos Humanos no tuvieron en estos ocho meses una sola directiva para trabajar. Está claro que la política de este gobierno provincial es no apoyar a este tipo de causas".

-¿Cuándo notaron que empezó a faltar apoyo?

-La realidad es que veníamos trabajando a un buen ritmo pero cuando se produjo el cambio de gobierno en la provincia prácticamente se detuvieron las actividades que se realizaban a nivel de la hoy Subsecretaria de Derechos Humanos (antes tenía el rango de Secretaría) y se detuvieron un montón de actividades que nos daban información, que nos permitían avanzar en la investigación para luego hacer excavaciones y las identificaciones de restos. Desde que se produjo este cambio de gobierno no contamos más con este apoyo ni económico, ni humano, ni de ningún tipo desde el estado provincial para este trabajo. Y así nos vimos envueltos en una situación en la que no podemos resolver un montón de cuestiones que teníamos encaminadas dentro de causas judiciales en las que tenemos que conseguir los recursos para hacer estos estudios de ADN excavaciones. Sin hablar de todo el trabajo de investigación previo que hay que hacer para poder obtener resultados en este trabajo.

-¿Qué trabajos en terreno están desarrollando?

-Volvimos al cementerio de Barrancas donde ya habíamos trabajado en el 2006, pero ahora volvimos con fondos propios. En la primera oportunidad no habíamos encontrado lo buscado, así que se planteó una segunda etapa que se hizo hace tres semanas atrás. Después se trabajó en La Calamita, y ahora estamos esperando que el juzgado apruebe una segunda etapa, también tenemos pendiente un trabajo en Casilda que en su momento empezamos pero que después el juzgado ordenó parar. Hace poco supimos que a la causa la pretendían pasar a archivo y logramos que la Fiscalía la rescatara y volviera a hacerse cargo de la investigación, así que esperamos la orden para reanudar las excavaciones. Y tenemos pendiente volver sobre el cementerio de Timbúes y Andino, porque suponemos que tiene que haber allí restos de personas desaparecidas. En verdad queda mucho por hacer en término de excavaciones y de investigaciones. Porque quedan muchos testimonios para relevar. Pero tenemos que terminar de sistematizar toda esa información para poder aportarla a la justicia y puedan convertirse así en pruebas en el juicio oral. De hecho hay intención de elevar la Causa Guerrieri a juicio oral por lo cual tenemos que tratar de poder volcar toda esa información a esas causas y no tenemos ninguna articulación con el estado provincial para poder decir que hay un abogado de la Subsecretaría que se presente como querellante, o que veamos cómo gestionar todo esto con los abogados querellantes porque estamos trabajando prácticamente solos. Están los organismos trabajando mucho y apoyando, desde el EAAF trabajamos mucho con el Colectivo de ex presos y sobrevivientes, con Hijos, y abogados patrocinantes. Pero lo cierto es que no tenemos ningún tipo de apoyo de parte del estado provincial, y se hace muy difícil poder acceder incluso a archivos provinciales, que son necesarios para poder conocer estas cuestiones. Estamos un poco decepcionados, porque Santa Fe era una provincia en la que se venía trabajando muy bien y muchas otras provincias la tomaban de ejemplo a esta experiencia para hacerla de la misma manera. Pero a partir del 10 de diciembre estamos sin ningún tipo de apoyo.

-¿Desde que asumió el gobierno de Hermes Binner, con quiénes trataron?

-Estuve reunido con la ex Subsecretaria de Derechos Humanos María Bressa, con la cual mucho no avanzamos porque no conocía nada del tema. Después estuve reunido con el ministro de Justicia Héctor Superti quien me pidió que elaboremos un proyecto, y así lo hicimos. Se lo entregamos hace tres meses y no tuvimos ninguna respuesta al respecto. Y no pudimos acceder a hablar más con nadie. El gobernador Binner nos derivó a Superti pero éste nos atendió una vez en forma breve y nunca más tuvimos noticias.

-¿Qué planteaban en ese proyecto presentado al ministro de Justicia Superti?

-Era un proyecto de investigación con muy pocos recursos, para ochos meses de trabajo. Desde abril a diciembre, donde se contemplara los recursos del trabajo que hoy no hay: La verdad es que el único miembro del Equipo que estaba trabajando en la provincia soy yo, y vengo porque tengo mi familia aquí. El Equipo no tiene un presupuesto para abordar la provincia de Santa Fe porque en esta provincia hay una ley que dice que Rentas de la provincia debe financiar estos trabajos, que es la llamada ley Traferri. Pero desde el 10 de diciembre que no salen ni diez centavos desde esa ley para este tipo de investigaciones. Quizás salieron para el acto que hicieron el 24 de marzo en Santa fe, pero no para el aporte que se está haciendo con estas investigaciones.

-¿Cuántas causas abiertas hay en toda la provincia?

-Hay unos 120 expedientes, y más de 90 están en Rosario. En la capital provincial venimos trabajando bien con el juzgado federal Nº 1 y Nº 2, también con la fiscalía de Rosario. Ellos nos ordenaban medidas y nosotros como Equipo resolvíamos todo con la Secretaría de Derechos Humanos, pero desde el 10 de diciembre no podemos resolver absolutamente nada.

-¿Hubo algún caso puntual?

-En los primeros meses de 2008 hicimos dos exhumaciones de dos personas asesinadas en Rosario en el 76 a pedido de la familia que quería corroborar las causas de las muertes así como verificar la identidad de las personas. Una vez terminado el trámite, había que re inhumar los dos cuerpos, y la familia no tenían posibilidad de pagar los cajones. Un familiar en medio del dolor del momento tuvo que salir a buscar esos fondos para poder volver a enterrar a sus familiares. Finalmente la diputada Alicia Gutiérrez se hizo cargo del costo de los mismos, ante al ausencia total del gobierno provincial que no respondió a este pedido de ayuda. Esta es la sensibilidad que tiene este gobierno sobre este tema.

-¿Cuál es su opinión acerca de por qué no hay una política en este tema?

-Nunca expresaron qué querían hacer con la Subsecretaría de Derechos Humanos, ni con este tema. Pero está por demás claro que no tienen ningún interés que esto avance, porque de lo contrario deberían haber resuelto algo. En lo que tiene que ver con la investigación de las causas por terrorismo de estado acá no se ha hecho absolutamente nada: los testigos no tienen apoyo de ningún tipo, no hay recursos para investigar, y la gente que trabaja en la Subsecretaría, los mismos empleados lo cuentan, no tuvieron en estos ocho meses una sola directiva para trabajar. Creo que si hay un responsable de esta cuestión, pero la política de este gobierno provincial es no apoyar a este tipo de causas.