Un grupo de vecinos de Reconquista presentó un recurso de amparo contra el gobierno de la provincia en el marco del prolongado conflicto que pescadores artesanales y deportivos, y pequeños y medianos comerciantes del rubro mantienen con las empresas dedicadas a la pesca industrial en gran escala. El amparo solicita que se ordene al gobierno santafesino "reglamentar los cupos máximos por especie; cambiar el criterio para que el pago de la tasa fiscal actual en lugar de ser `por pieza' capturada sea `por kilo' y descentralizar los controles de impacto ambiental", además de "agilizar los trámites para poner en vigencia el convenio que otorga poder de control a la Prefectura Naval".

La solicitud tiende a lograr que "ante la falta de información fidedigna de carácter estadístico (capturas y esfuerzo), y hasta tanto se implemente un sistema de información pesquera y se dictamine científicamente cuál es el rendimiento real que puede ser extraído en diferentes sectores de la cuenca sin poner en riesgo la integridad del recurso pesquero, se adecuen los cupos de exportación generados por la pesca industrial".

"Prohibir la instalación de nuevos frigoríficos pesqueros en la provincia de Santa Fe hasta tanto dictámenes científicos que emanen de entidades idóneas, independientes de la autoridad de aplicación, demuestren fehacientemente que el recurso pesquero no se encuentra en situación crítica o se haya salido de la situación actual de aparente sobreexplotación", es otro de los objetivos del recurso de amparo.

Roald Omar Báscolo, uno de los demandantes, dijo que "la principal causa de la crisis pesquera es la deficiente actuación de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es este organismo el responsable del cuidado del recurso, de la regulación de las actividades y del control del tráfico de lo que se extrae del río. Es la ausencia del ente controlador lo que permite, lo que da carta blanca a cualquier depredador que sin obstáculos quiera llevar adelante un suculento negocio colando los ríos, sin medir las consecuencias para la sociedad". Otro demandante, Adolgo Espíndola, dijo que "el recurso pesquero en el río Paraná sufre la peor crisis de los últimos 50 años. La crisis tiene varias causas, casi todas por actividades humanas, pero se destaca la sobreexplotación del río llevada a cabo de modo descontrolado por los grandes acopiadores como los frigoríficos pesqueros y los exportadores; también hay actividades contaminantes y algunas otras de menor importancia en cuanto al daño que provocan".

El recurso legal está siendo tramitado en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del juez de turno Enrique Müller y fue acompañado de abundante documentación científica, incluyendo estudios realizados por investigadores del Conicet.