Desde Santa Fe

Las dudas que se plantearon hace más de un año ante la jubilación de 15.696 pesos otorgada por la Caja de Jubilaciones de Santa Fe al ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Vigo, podrían colocar en una disyuntiva política al gobierno de Hermes Binner. Un dictamen que se guarda bajo llave en la Casa Gris firmado por el secretario de Seguridad Social de la Nación, Walter Arrighi, concluye que el beneficio se concedió -en el gobierno de Jorge Obeid- con una "incorrecta determinación de las proporciones a cargo de cada caja o instituto" al que aportó el ex magistrado en su historia laboral. Hoy, la provincia paga el 92,78% de la jubilación de Vigo y la Caja de Abogados el 7,22% restante. Mientras que según el prorrateo que sugiere Arrighi, la provincia debería pagar sólo el 33,53% y el resto lo tendrían que aportar los otros regímenes: la Anses (43,79%), la Caja Municipal de Santa Fe (19,13%) y la Caja de Abogados (3,15%). La diferencia no es menor: en Santa Fe las jubilaciones provinciales no tienen techo, mientras el haber máximo de la jubilación nacional ronda los 4.300 pesos.

El expediente está hoy en manos del fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, quien deberá dictaminar si la jubilación de Vigo se convierte en un caso líder que abre las puertas a otros similares o si hay borrón y cuenta nueva. Lo curioso es que Arrighi finaliza su dictamen con una cita del artículo 15 de la ley 24.241: "Cuando la resolución otorgante de la prestación estuviere afectada de nulidad absoluta que resultara de hechos o actos fehacientemente probados, podrá ser suspendida, revocada, modificada o sustituida por razones de ilegitimidad en sede administrativa, mediante resolución fundada, aunque la prestación se hallare en curso de pago". Y agregó: "En estos supuestos, se le corre traslado al beneficiario del error cometido a fin de que haga valer su derecho y vencido el plazo se procede a su corrección".

Vigo dejó su cargo en la Corte Suprema poco antes de la llegada de Binner, quien le pidió a Obeid que no envíe el pliego del reemplazante: Daniel Erbetta. "Ya lo mandé", le contestó Obeid. Fue el 3 de setiembre de 2007, en el primero y único encuentro en la transición entre ambos, veinticuatro horas después de las elecciones que ganó el socialista.

Dos meses después, el 1º de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas un pedido de informes sobre la jubilación de Vigo ante las dudas que se plantearon por la edad del magistrado y si le correspondía acceder a una jubilación nacional que tiene un haber máximo de 4.300 pesos. La Cámara pidió también una copia del expediente jubilatorio, a instancias del entonces diputado Alfredo Cecchi. "Nosotros suponemos que el doctor Vigo no tiene edad para jubilarse, que no llegaría a los 65 años. Y que además tendría que haber sido la Caja nacional la que debería haber otorgado la jubilación, según el régimen vigente", le dijo Cecchi a Rosario/12.

El revuelo se apagó con el tiempo, pero el trámite siguió. El 7 de febrero de 2008, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, pidió una opinión sobre el caso Vigo al secretario de Seguridad Social de la Nación, Walter Arrighi, según un informe del periodista de LT10, Miguel Cello. La consulta omitió el nombre y apellido del magistrado, a quien se identificó "como un profesional de la abogacía que ha prestado servicio a lo largo de su carrera en distintas jurisdicciones y en cosecuencia aportó a diferencias cajas previsionales. Actualmente se desempeña como profesor universitario y cuenta con 62 años de edad (sic)".

"Comprenderá el señor secretario -le escribió Bonfatti a Arrighi- que estamos frente a un asunto demasiado impreciso, que no se corresponde con la calidad y transparencia que debe tener la concesión de un beneficio previsional que, una vez otorgado, tiene una larga duración, incluso porque se extiende hasta a aquellos que tienen derecho a pensión. Además, plantea un problema que este Gobierno debe atender no sólo por el antecedente que puede inaugurar este caso, sino porque nos coloca en el espacio de la ética pública, valor que este Gobierno sostiene y no admite ni siquiera la negligencia en su persecución. En esa postura y para no afectar en lo más mínimo a la persona, este requerimiento ha pretendido ser lo más objetivo posible", planteó el ministro de Binner.

Arrighi respondió con un dictamen de cuatro fojas -al que tuvo acceso Rosario/12- que describe la historia laboral de Vigo y sus aportes a cuatro regímenes: la Caja de Abogados (2 años y 2 meses), el sistema nacional (30 años y 2 meses), la Caja de Jubilaciones de la provincia (22 años y 11 meses) y la Caja Municipal de Santa Fe (13 años y 4 meses).