Las defensoras del Pueblo adjuntas, Liliana Loyola y Liliana Meotto, pidieron a la Empresa Provincial de la Energía que deje sin efecto el aumento contenido en la facturación en base al cuadro tarifario emanado de la resolución 1169/2008 de la Secretaría de Energía de la Nación, por resultar contrario a los principios constitucionales y la ley de Defensa del Consumidor.

Las funcionarias reclamaron también que se devuelvan los importes en exceso ya abonados y que se suspendan las facturaciones pendientes de pago sobre los bimestres objetos de esta resolución.

La Defensoría recomendó a la EPE que "adopte las medidas tendientes a que al momento de la toma de lectura, informe al usuario el consumo del período indicando fecha y hora de la toma". Las defensoras recomiendan que cada modificación de tarifas que afecte al usuario sea informada en forma veraz, precisa, efectiva y con la antelación necesaria para que no se vulneren sus derechos.

"De haber estado suficientemente informado, el usuario hubiera tenido la posibilidad de tomar una mejor decisión respecto al consumo de este período", sostiene el documento firmado por Meotto y Loyola, quienes señalan que los aumentos violan los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, al incumplir con el deber de brindar una información adecuada y veraz.