El ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, desplazó ayer de sus cargos a la directora y sudirectora de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Alicia Suñé y Alicia Borlle, respectivamente, "porque no acataron indicaciones precisas" para revisar el prorrateo de la jubilación del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Vigo. "Le hemos pedido la renuncia por un caso que tiene su historia y sus antecedentes", dijo el ministro. Según Rodríguez, Vigo cobra "unos 20.000 pesos mensuales" que aportan la provincia (92,78%) y la Caja de Abogados (7,22%), pero según un dictamen del secretario de Seguridad Social de la Nación, Walter Arrighi ﷓que Rosario/12 reveló en enero último﷓ la Caja santafesina debería aportar sólo el 33,53% y el resto lo deberían completar los demás regímenes a los que el ex magistrado contribuyó durante su vida activa: la Anses (43,79%), la Caja Municipal de Santa Fe (19,13%) y la Caja de Abogados (3,15%).

Lo curioso es que Vigo se jubiló durante el gobierno de Jorge Obeid cuando el interventor de la Caja era el abogado Humberto Giobergia. En ese entonces, Suñé era la número dos del organismo y después fue ascendida por el propio gobernador Hermes Binner al cargo que ocupaba hasta ayer.

La jubilación de Vigo detonó una polémica, incluso en la Legislatura, porque el ex magistrado accedió al beneficio antes de tener la edad obligatoria y a pesar de haber aportado durante 30 años a la caja nacional (la Ansés, en razón de su desempeño como docente de la Universidad Nacional del Litoral) y sólo 22 años a la provincia (en razón de sus cargos de camarista civil y luego ministro de la Corte), la que paga la jubilación casi en su totalidad (92,78%) es la caja de Santa Fe. Vigo sumó otros aportes ﷓dos años en la Caja de Abogados (entre 1969 y 1971) y trece años en la Caja Municipal de Santa Fe﷓ que le permitieron compensar el exceso de años de servicio por la falta de edad.

"Le hemos pedido la renuncia a la directora y a la subdirectora de la Caja de Jubilaciones porque no acataron indicaciones precisas para que apliquen la prorrata que correspondían en el caso Vigo. Esto tiene antecedentes, una historia que comienza mucho antes de que nosotros asumiéramos el gobierno, con un pedido de informes del diputado (Alfredo) Cecchi de revisar el caso Vigo".

Rodríguez recordó que la jubilación al ex magistrado fue concedida con dictámenes jurídicos favorables, que "decían que estaba todo perfectamente bien. Pero como teníamos idea de cuál eran las normas al respecto, se solicitó al secretario de Seguridad Social de la Nación (Walter Arrighi) su opinión sobre el caso Vigo y se le mandó el expediente".

En realidad, el pedido fue hecho por el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, el 7 de febrero de 2008, y el dictamen de Arrighi ﷓publicado por este diario﷓ "llegó a la conclusión que se había creado un régimen inexistente entre los regímenes existentes y que la prorrata de la jubilación de Vigo estaba mal aplicada", explicó Rodríguez.

"La norma aplicable ﷓agregó el ministro de Trabajo﷓ es una norma que incluye a la caja privada (de abogados) y que es muy clara en este sentido y que hay que aplicar tanto la prorrata para salario como para edades que tiene cada uno de los regímenes intervinientes en el caso. En el caso de Vigo estaba la Anses, la Caja Municipal de Santa Fe, la de Abogados y la provincia. Donde más aportes tenía era en en la Nación (Anses): 30 años. Pero a la hora de pagar, no se aplicó la prorrata que correspondía a cada caja, sino que paga casi todo la provincia (el 92,78%), más una pequeña proporción la Caja de Abogados (7,22%)".

"Entonces, acá se planteó un problema bastante grave", insistió Rodríguez. "No estamos hablando de una jubilación mínima. Estamos hablando de más de 20.000 pesos por meses, donde no sólo se están aplicando una norma propia, sino que se está generando un perjuicio económico importante a una Caja de Jubilaciones donde todos los santafesinos (que trabajan en el Estado) somos aportantes", concluyó el ministro.

El expediente ya pasó por el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, quien dictaminó que el ex interventor de la Caja, Humberto Giobergia, creó un sistema no previsto en las normas vigentes para conceder la jubilación de Vigo. "No hay posibilidades de generar un tercer género como lo hizo la Caja, computando servicios y aportes al sistema nacional para facilitar el acceso al beneficio, pero sin considerarlos luego al momento de la determinación de la Caja otorgante y del regimen jubilatorio específico", dice el dictamen al que tuvo acceso Rosario/12. "Corresponde entonces que el ministro (Rodríguez) mande anular el instructivo de la Caja disponiendo la aplicación a casos semejantes" al de Vigo, agregó Barraguirre.

Sin embargo, el fiscal Estado no se pronunció sobre el caso particular de Vigo o si su jubilación debía anularse o no. "Este dictamen no alcanza ni prejuzga sobre los beneficios individuales acordados ni sobre las relaciones específicas entre Cajas con respectos a los beneficios acordados, cuestiones a las que se les dará el trámite correspondiente si fuera su juicio de oportunidad", planteó Barraguirre.

En realidad, si el gobierno decidiera anular la jubilación de Vigo debería volver las cosas a su estado anterior y reponerlo en su cargo en la Corte Suprema de Justicia, lo que resulta muy improbable, por más que Rodríguez haya dicho lo que dijo.