Con un tono muy tranquilo, la trabajadora social Marianela Tourn, agredida el martes 5 de mayo cuando fue a realizar una visita domiciliaria en un caso de violencia familiar, rememora la sorpresa que le causó el ataque. "El me dijo que esperara un ratito, se levantó, fue hacia la mesa. Yo pensé que iba a buscar un papel, nunca un arma. Salió con un hierro utilizado para construcción, de un metro y medio de largo. Y vino corriendo hacia donde estábamos nosotras. La ex mujer cuando lo vio disparó, salió corriendo hacia la calle. Yo realmente no pensé que me pegaría", relata y continúa: "Me quedé parada, cuando vi que agarró el hierro con las dos manos y lo levantó, salí corriendo hacia la calle, pero alcanzó a pegarme en el lado derecho, en la cabeza tengo un corte bastante profundo porque se ve que me alcanzó a agarrar con la punta, me pegó en el hombro, en la parte de los riñones, el codo derecho y el antebrazo. En el antebrazo me cortó, ahí me pusieron seis puntos. Ahí caí al piso, con tanta suerte que el maletín cayó encima mío, porque sino me hubiera quebrado costillas. Ahí me siguió pegando tres o cuatro veces más. Yo me cubrí con la mano izquierda, y él me trituró los dedos prácticamente". Todo el episodio ocurrió entre las 15.40 y las 15.50 de la tarde, en un pueblo de 3000 habitantes llamado Tacuarendí, a pocos kilómetros de Villa Ocampo y Reconquista, en el norte de la provincia. Marianela acompañaba a Gladis, una mujer maltratada que le estaba reclamando a su ex marido, Alfredo Brac, la cuota de alimentos y la tenencia de una de las hijas. Si bien habían pedido asistencia policial para esta situación, en la comisaría del pueblo "no se meten en esas cosas".

El relato de Marianela pone sobre el tapete la desprotección de algunos agentes del Estado que trabajan en áreas críticas, con el único aval de su compromiso. Dentro de 45 días, los médicos podrán decirle a Marianela si la cirugía realizada esa misma noche en el hospital regional de Reconquista alcanzó para salvar su mano izquierda, de la que debieron extraer unos milímetros de tendón. La joven profesional reclama que "la policía cumpla con su trabajo". A ella misma, ese día, le costó que le tomaran la denuncia y constataran sus heridas. El médico policial de Villa Ocampo no quería trasladarse, y la denuncia policial fue recibida después de la medianoche, cuando estaba internada, en Reconquista. "Si a nosotras nos cuesta tanto acceder, imaginate a las mujeres de los golpeadores. Las tienen horas esperando para tomarles las denuncias y muchas veces sólo les reciben una exposición", relata indignada Marianela.

Después del ataque, hubo reuniones del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, en sus distintas sedes, como Reconquista y Rosario. "Es lamentable que haya tenido que pasar algo así para que se pongan en cuestión los riesgos que asumen muchos agentes del Estado, cuando son reclamos de larga data", indicó Mercedes Simoncini, integrante del Comité de Etica del Colegio de la segunda circunscripción (es decir, de Rosario). "Este sentimiento de soledad, de ponerle el pecho sola a la situación, es un problema del colectivo, no es mío, o de otra compañera que fue amenazada de muerte el otro día. Además de la inseguridad, es terrible la precariedad laboral. Estamos todo el tiempo condicionadas porque en cualquier momento nos podemos quedar sin trabajo, no tenemos un seguro, una ART. Todas estas situaciones sin duda influyen en la metodología de trabajo", consideró Marianela, quien afirmó que "las trabajadoras sociales, como todos los profesionales que estamos en el primer nivel de intervención, somos las más expuestas". La joven tiene claro algo: "Con todo esto, lo único que quiero lograr es que la policía cumple su función. Yo les pedí asistencia, me la negaron. Y deben brindarla por ley, pero también por una cuestión de ciudadanía. Esto trascendió porque yo soy una trabajadora social y no la esposa de este hombre. Pero esto pasa todo el tiempo, hay situaciones naturalizadas, invisibilizadas".

Y si alguien cree que esto ocurre sólo en el norte de la provincia, basta escuchar unos minutos a Simoncini. "Muchos hombres se la tienen jurada a la profesional, porque la consideran culpable, ya que es la que acompañó a la mujer en su denuncia", relató la trabajadora social con dilatada experiencia en violencia familiar. En Rosario hay un Programa que funciona desde hace más de una década, y sin embargo, lograr la colaboración policial es siempre arduo. "Cuando acompañamos a las mujeres a hacer la denuncia policial tenemos por lo menos una hora y media de espera. Y es mucho peor para todas las mujeres que concurren a la comisaría sin la asistencia de ningún programa", resaltó Simoncini.

Después de la agresión, Marianela se entrevistó en la ciudad de Santa Fe con el secretario de Seguridad, Carlos Iparraguirre; de Justicia, Roberto Vicente. Lo hizo acompañada de los grupos de mujeres La Verdecita y Las Diversas, de la ciudad de Santa Fe, que también llevaron un petitorio pidiendo el efectivo cumplimiento de la ley provincial de violencia familiar. Durante esos encuentros, una de las preguntas fue si Marianela tenía competencia para esa intervención. Desde el verano, la trabajadora social acompañó a Gladis, que ya había realizado cinco denuncias por violencia familiar. Y cuando desde el Centro de Salud del pueblo, la propia Marianela había pedido asistencia policial, la respuesta fue: "Nosotros no nos metemos en temas de familia, porque después se arreglan y nosotros quedamos como pelotudos". Por eso, Gladis no tenía nadie más a quien recurrir, y volvió a pedirle a Marianela que la ayude.

Tras los encuentros, la trabajadora social se manifestó decepcionada, en especial por la reunión con Iparraguirre, quien aludió a la falta de recursos. "Esa no es la respuesta de un funcionario, porque imaginate en qué condiciones trabajamos nosotros", indicó la profesional, quien valoró que Vicente haya abierto un espacio mensual de encuentro con las mujeres. También elevaron una carta a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que se creen juzgados exclusivos para atender violencia de género, ya que la gran cantidad de denuncias de este tipo vienen desbordando la actividad de los juzgados de familia.

No fueron los únicos funcionarios que se interesaron en lo ocurrido. La secretaria de Salud, Débora Ferrandini, estuvo con ella en Reconquista, donde vive la joven profesional, que cumple sus tareas dentro del programa "Médicos Comunitarios", del Ministerio de Salud de la Nación, pero contratada por la Provincia. "Recién ahora pude desentrañar que soy empleada de la provincia, porque los fondos del programa son nacionales, pero los nodos proveen el personal", indicó la trabajadora, como prueba de la precariedad laboral que inquieta a quienes se desempeñan en estos programas. "Nos sentimos solas en el accionar, en lo cotidiano. Además, la profesión está como despreciada, vapuleada", puntualizó Marianela. En Rosario, pese a las distancias de todo tipo, la situación no es tan diferente: "La mayoría estamos en dependencias estatales, con trabajos muy precarizados en áreas críticas. Con contratos precarizados, que provocan un permanente temor por la continuidad del trabajo", indicó Simoncini. Aún así, subrayó, "las trabajadoras sociales tienen compromiso con el tema. Este tema de la violencia se cruza, a veces las mujeres ven una trabajadora social y aunque no sea de un programa de violencia le comentan lo que está pasando, porque es la persona más confiable para que la gente le cuente sus problemas".