Puede ser una complicación para la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Progresista Cívico y Social. Ayer, los apoderados del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) se presentaron ante la Secretaría Electoral Nacional en la ciudad de Santa Fe para impugnar la candidatura de Carlos Favario, cuarto candidato a diputado nacional, por haber sido funcionario durante la última dictadura militar. Ante la consulta de Rosario/12, el juez federal con competencia electoral en la provincia, Reinaldo Rodríguez, dijo que "debido a la premura de la cuestión, mañana (por hoy) ya tendré firmada la resolución". A manera de respuesta, el dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP) dijo que durante su gestión como secretario de Gobierno, con Alberto Natale como intendente de Rosario, "no hubo un solo desaparecido en Rosario. Nos parece un acto de hipocresía, después de muchos años, plantear esta cuestión".

Josefina Luzuriaga, apoderada por el PTS, dejó ayer la impugnación en la mesa de entradas de la Secretaría Electoral Nacional de Santa Fe. Luego, la candidata a senadora sostuvo que "los que fueron funcionarios con altos cargos de responsabilidad como Favario durante la dictadura, que atentaron contra las libertades democráticas elementales, como parte de un genocidio que tenía el objetivo de imponer un ataque contra los trabajadores y el pueblo, no deberían ser habilitados para ser candidatos. Por eso impugnamos su candidatura".

Sin embargo, la ley presentada por la diputada nacional Victoria Donda en mayo de 2008 para impedir que los que participaron de gobiernos dictatoriales fueran candidatos a cargos electivos nunca prosperó en la cámara Baja nacional. Por otra parte, aquella iniciativa sólo se refería a los funcionarios que cubrieron cargos en el Estado nacional. Tampoco obtuvo todavía sanción definitiva el proyecto aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados de la provincia, a partir de iniciativas de los legisladores del SI, Alicia Gutiérrez; del Frente para la Victoria, Gerardo Rico y del Partido Socialista, Lucrecia Aranda. Aún con media sanción, nunca fue tratada en Senadores. Y aún así, sólo puede legislar sobre cargos electivos provinciales.

El pedido de impugnación será resuelto hoy por el juez federal con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez. El magistrado le dijo a este diario que su competencia "es plena, no solamente soy juez electoral si no que tengo 30 mil expedientes. Pero por la premura de la cuestión creo que mañana (por hoy) firmaré la resolución".

En el texto de la impugnación presentada ayer, Luzuriaga considera que "una eventual oficialización de la candidatura de Carlos Favario sería una nueva señal sobre la impunidad imperante en nuestra sociedad, donde aquellos que atentaron contra la vida de 30 mil detenidos desaparecidos no sólo no han sido juzgados si no que pueden postularse para ejercer cargos públicos".

Luzuriaga subrayó que "además de la candidatura procesista de Favario, Reutemann apoya al senador Mercier, quien también fue funcionario de la dictadura militar. Hay que terminar con la impunidad encarcelando por el delito de genocidio a todos y cada uno de los militares, policías y cómplices civiles".

En declaraciones reproducidas por el portal Notifé, Favario explicó que "el actuar en la Municipalidad de Rosario fue una actitud del PDP que se adoptó en su momento. Nosotros hemos hecho autocrítica y reconocemos nuestros errores, pero nadie nos puede culpar de haber participado de un hecho de tortura".