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La Asociación Civil Las Diversas entregó ayer al gobernador Hermes Binner una carta en la que solicitan -como ya lo hicieron en marzo pasado- "el cierre de todos los prostíbulos en la provincia, como también de todo lugar que bajo otra denominación ejerza tales funciones, como saunas y wiskerías". La misiva incluyó el repudio a la propuesta del jefe de la Unidad Regional II de Policía, comisario Osvaldo Toledo, quien propuso "reglamentar la prostitución", tras el asesinato del efectivo Emanuel Del Mastro cuando cuidaba -en calidad de policía- un departamento conocido como "privado" en Mendoza 909.

"Al reglamentar la prostitución, las mujeres siguen siendo víctimas de explotación sexual, ya sea en lugares cerrados o abiertos y víctimas de la custodia de proxenetas, 'fiolos' y policías", dice la carta de Las Diversas, acompañada de firmas de activistas por los derechos de las mujeres en todo el país. "Reglamentar la prostitución es reglamentar la violencia hacia las mujeres e instalar en la sociedad que la mujer es un objeto para explotar, comprar, violar, vender", afirman Las Diversas.

Y también apelaron a una imposibilidad concreta: "Le recordamos que los prostíbulos no pueden ser reglamentados ya que son ilegales. De legalizarlos, su gobierno estaría infringiendo leyes nacionales y tratados internacionales". Entre las normas vigentes, mencionaron la ley Palacios de 1913, que establece penas de prisión para quienes "promuevan o faciliten" la prostitución o corrupción "para satisfacer deseos ajenos, aunque medie el consentimiento de la víctima", y detallaron la graduación de esas penas, como así también las que les caben a los regentes de casas de prostitución. En tanto, la ley de profilaxis, de 1926, prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución.

Sobre los tratados internacionales que apuntan a castigar la explotación de mujeres, recordaron la Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la prostitución ajena; la Convención contra la Esclavitud de 1926; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas de 1979, así como el Pacto de Derechos Sociales económicos y Culturales de 1966.

Las Diversas subrayaron "el alto número de mujeres, niñas y niños desaparecida/os en la Provincia; en la que operan los proxenetas mas importantes del país". Y le exigieron a Binner "campañas para desnaturalizar la prostitución, para prevenir la trata de personas, para desalentar el consumo de mujeres, así como políticas de educación y trabajo genuino para todas las mujeres". Las Diversas también piden un "programa de proteccíon y asistencia a las víctimas de trata, y un refugio para albergarlas durante el período de recuperación".