El primer juicio oral y público al terrorismo de estado en Santa Fe comenzó con seis represores en el banquillo y uno a mil kilómetros de distancia. El ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, el único mando del Ejército que queda en el proceso, fue internado en una clínica de la ciudad de Mendoza y frustró la posibilidad de escuchar las acusaciones en su contra por el sistema de video conferencias que había autorizado el Tribunal Oral Federal que debe juzgarlo. "Es el efecto Pinochet", dijo uno de los querellantes en la causa, José Shulman, al denunciar el intento de la defensa de Marcellini para que zafe por su estado de salud. Uno de sus pares ya lo logró: el ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón el máximo responsable de la represión en el centro norte santafesino logró que lo excarcelen y aparten del juicio por problemas de salud. Y el tercero en la jerarquía militar, Nicolás Correa, un experto en inteligencia del Ejército que integró el gabinete de asesores del ex gobernador Jorge Obeid (entre 1996 y 1999) murió hace dos años. Así que ayer formaron en el banquillo sólo seis imputados: el ex juez federal Víctor Brusa, el primer integrante del Poder Judicial preso por delitos de lesa humanidad en la Argentina y cinco ex policías: Héctor Colombini, Mario Facino, José Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, que desempeñaron distintos roles durante la dictadura, pero que sus víctimas los acusan de integrar lo que llamaban "La Patota".

La audiencia se demoró más de una hora y media por la situación de Marcellini. Su defensa ya había pedido al Tribunal que lo aparten del juicio por una supuesta "incapacidad mental sobreviniente" (artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación). Pero el lunes, a las cinco de la tarde, volvió a la carga con otro escrito en el que informó que el coronel había sido internado en una clínica de Mendoza con 40 grados de fiebre y debía permanecer 48 horas en observación. La consecuencia quedó a la vista: los técnicos del Tribunal no pudieron instalar el sistema de video conferencias para que Marcellini siga las audiencias desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria.

El Tribunal corrió vista a fiscales y querellantes del escrito de la defensa de Marcellini y les concedió dos horas para que contesten. "Estamos sorprendidos", dijo el abogado querellante Jorge Pedraza, quien interpretó el incidente como "otra traba más" para apartar del juicio al coronel. "Nosotros pedimos que no se suspenda el debate y se rechacen las maniobras de mala fe procesal. Porque una cosa son las garantías del debido proceso que prevé la Constitución y otra, estirar los códigos como un chicle, donde todo se permite", agregó.

Marcellini era una pieza clave en el circuito represivo. Estuvo al mando del Destacamento de Inteligencia Militar 122, entre fines de 1975 y octubre de 1979, con jurisdicción en el centro norte de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y departamentos fronterizos del Uruguay. En su carrera, también pasó por la Escuela de las Américas. "Era dueño y señor de vidas, bienes y honras", lo definió Pedraza. "Un coronel que solía frecuentar las instituciones tradicionales del patriciado santafesino y tenía profusas amistades en el Poder Judicial de la provincia. Y conducía las reuniones de la Comunidad Informativa Santa Fe (Cominsafe), donde se convocaba a mucha gente: periodistas, comerciantes, influyentes de las llamadas fuerzas vivas de la ciudad que colaboraban, tangencialmente o directamente, aportando datos de inteligencia para combatir lo que ellos llamaban la subversión o fuerzas de oposición a la dictadura", recordó Pedraza.

La internación de Marcellini obligó al Tribunal que integran el juez subrogante Roberto López Arango y los conjueces Andrea Alberto de Creus y Carlos Renna a suspender la lectura de la acusación fiscal y solicitar al equipo de médicos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que examine al paciente y eleve un informe. Mientras tanto, rechazó el pedido de la defensa de Marcellini para que se lo aparte del proceso.

Durante casi siete horas tres a la mañana y cuatro a la tarde el secretario del Tribunal, Cesar Toledo y la procretaria Marta Quiroga se alternaron en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los querellantes: Pedraza, Shulman, Anatilde Bugna, Stella Vallejos, Patricia Traba, los esposos Daniel García y Alba Sánchez y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Hasta que a las 18, se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 9 de la mañana, cuando les toque leer la acusaciones de los fiscales.

Los imputados escucharon los cargos en su contra casi sin inmutarse: algunos con la mirada perdida o buscando algún punto fijo en el espacio y otros, con gestos de fastidio o negativa. En la doble fila de butacas destinadas al público se ubicaron cinco Madres de Plaza de Mayo; Elsa Ramos, de Familiares de Desaparecidos; algunas querellantes, la vicegobernadora Griselda Tessio; la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta y el director del Programa de Protección a Testigos, Oscar Blando, entre otros.

Concluida la audiencia, dos de los imputados: Brusa y Ramos, volvieron al anexo 3 de la cárcel de Las Flores, conocido en la jerga carcelaria como "pabellón de los represores", donde tendrán más compañías. El Tribunal modificó el régimen de prisión domiciliaria que beneficiaba a Perizzotti, Facino y Colombini, que ahora serán alojados junto a Brusa y Ramos durante los días de audiencia que serán lunes, martes y miércoles de por medio.