Cerca del mediodía de ayer, el secretario del Tribunal Oral Federal Nº 1, Osvaldo Facciano, leyó dentro de la requisitoria de la elevación a juicio de la fiscalía , cómo fue el secuestro de Marta María Forestello, de 24 años, una de las víctimas que estuvo cautiva en el centro clandestino de detención la Quinta de Funes. La madre de la joven, Adela Panelo de Forestello, estaba en la primera fila de la sala de Audiencias y no pudo contener el llanto. También Cecilia Nazábal, presente en la sala, rompió en un silencioso llanto cuando escuchó las circunstancias del secuestro de su esposo, Fernando Dante Dussex.

Cuando se acercó un compañero para abrazarla, Adela le dijo "la torturaron hasta matarla", sin consuelo. A menos de un metro de la mujer, separados sólo por un blíndex, se encontraban los acusados por ese y otros asesinatos en el primer juicio oral y público contra responsables del terrorismo de Estado en Rosario. Eduardo Costanzo estaba sentado al lado de un gendarme, que lo separaba -aunque en la misma fila de sillas de Jorge Fariña, Walter Pagano y Juan Daniel Amelong. En una habitación contigua se encontraba Pascual Guerrieri, el imputado de mayor jerarquía militar, quien había pedido salir de la sala de audiencias.

Amelong tenía un traje azul y una corbata rosa, y tomaba anotaciones, especialmente durante la lectura de la requisitoria de la querella que desestima la figura de obediencia debida, basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia para el caso Simón. Amelong, conocido en los centros clandestinos como "teniente Daniel", se había llevado una edición del Código Procesal Penal de la Nación, que puso debajo de su silla. La fila tenía un lugar vacío: el propio Guerrieri pidió seguir la audiencia desde otro lugar, así que no estuvo durante la mañana. Walter Pagano se cuidó muy bien de mirar para atrás, de manera desafiante, como lo había hecho durante todo el primer día del juicio, hasta que Eduardo Toniolli -hijo de una de las víctimas golpeó el blíndex y la abogada Ana Claudia Oberlin, apoyada por la fiscal Mabel Colalongo, le pidieron que le llame la atención al Tribunal integrado por Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe. Ayer, Pagano estuvo casi todo el tiempo mirando para abajo. Por la tarde pidio salir de la sala de audiencias y siguio la lectura del requerimiento desde una sala lindera junto a Guerieri, como el mejor de sus alumnos.

Durante la misma pudo escucharse de varios de sus camaradas de armas, una descripción clara de Pagano: "Era una hombre que a diario hacía gimnasia, practicaba artes marciales, recibía a diario llamados de su esposa en la Quinta de Funes, y repetía que había dejado de trabajar con la Patota de Agutín Feced, porque 'el comandante era un inmoral'". Los mismos voceros acotaban que "Pagano te mataba sin dudarlo".

"Es muy fuerte tenerlos tan cerca", confesó Alicia Lesgart, integrante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, luchadora por los derechos humanos desde que la dictadura militar estaba en plena vigencia.

Nazábal, querellante de la causa Guerrieri, también rompió en llanto cuando escuchó las circunstancias del secuestro de su esposo. Las mismas que ella reconstruyó ante el Tribunal en la incansable batalla jurídica que libró desde el comienzo de la democracia junto a Alicia Gutiérrez, compañera de Eduardo Toniolli, otro de los cautivos en la Quinta de Funes. Cecilia estaba acompañada por su hijo, Fernando, el mismo que era un bebé cuando se llevaron al padre en plena vía pública, el 8 de agosto de 1977. Los testigos sólo podrán asistir a estas primeras audiencias, ya que no pueden escuchar otros testimonios hasta dar el propio.

Toniolli y Dussex, así como Raquel Negro, son algunos de los asesinados tras el fracaso de la Operación México, en 1978, cuando uno de los cautivos de la Quinta, Tulio Valenzuela, denunció lo que ocurría en la Argentina después de haber viajado fingiendo colaborar con los militares para capturar a los máximos dirigentes montoneros. Tras el episodio -relatado en el libro Recuerdos de la Muerte, de Miguel Bonasso-, los cautivos en ese centro clandestino de detención fueron asesinados y arrojados a la Bahía de Samborombom. Además, Edgardo Aquiles Juvenal Pozzi rescindió el contrato de alquiler que había firmado en 1977 con la familia Fedele.

La jornada solo se vio empañada por un hecho que merecerá una profunda relectura de parte del tribuanl: la decisión del responsable de la seguridad del recinto -se supone que la propia Gendarmería- de no permitir el reingreso de un joven veinteañero que lució después del primer receso entre las 15 y las 18, una remera color negra con el dibujo de un pañuelo blanco con la leyenda "Madres".

La lectura de la requisitoria de elevación a juicio fue compartida por dos secretarios. Además de Facciano, leyó Gonzalo López Quintana, del Juzgado Federal número 4. En la requisitoria de los querellantes Cecilia Nazábal y Fernando Dussex, el equipo jurídico de Hijos brindó amplia jurisprudencia sobre los delitos de genocidio, según el fallo de la causa contra Etchecolatz, así como de responsabilidad mediata y de desaparición forzada de personas, entre otras figuras delictivas por las que piden la máxima condena para los cinco acusados.

En tanto, el pedido de elevación del fiscal Ricardo Vázquez detalló las circunstancias del secuestro de todas las víctimas por cuyas privaciones ilegítimas de la libertad están acusados los tres oficiales y dos agentes de inteligencia. Además, el fiscal detalló la línea de mandos: Guerrieri evaluaba a Fariña, quien evaluaba a Amelong. Fariña era apodado Sebastián y fue el responsable del centro clandestino La Quinta de Funes.

La requisitoria de la querella indicó también que los acusados compartían responsabilidades en otros tres centros clandestinos: Fábrica Militar, Escuela Magnasco y La Intermedia (propiedad de Amelong), ubicada en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de La Ribera.

En la segunda jornada, había menos público en la pequeña sala que sólo cuenta con 18 lugares.