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El ex juez Víctor Brusa se hundió en el silencio, pero dos de los ex policías que lo acompañan en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad tiraron de la cadena de mandos. La negativa de los imputados a declarar en la cuarta audiencia del juicio oral y público obligó al Tribunal que los juzga a ordenar la lectura de las indagatorias en la etapa de instrucción, en febrero y marzo de 2005. Ya hace cuatro años, Brusa se negó a declarar y ayer persistió en su mutismo. Pero el ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino y el ex oficial del Departamento Informaciones (D2), Eduardo Ramos, apuntaron a los mandos militares que tenían a la Policía santafesina bajo "el control operacional del Ejército". Facino fue directo. "En esa época era difícil mantenerse dentro de la ley porque los jueces y funcionarios miraban para el costado", dijo al negar su responsabilidad en la represión. ¿Qué significa eso?, le preguntaron en la indagatoria. "A los que mandaban no les interesaba la ley. Ellos hacían lo que querían. El Ejército mandaba", contestó.

La cuarta audiencia estuvo dedicada a la lectura de las indagatorias de Facino, Ramos y de otros tres imputados: el ex jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212, Juan Calixto Perizzotti; su ex secretaria María Eva Aebi y el ex oficial del D2, Héctor Colombini, que actuaba como nexo del Ejército, según confesó el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini, imputado también en el juicio, pero que hasta ahora zafó por problemas de salud. Hoy, a las 16, el Tribunal mantendrá un nuevo contacto por video conferencia con una junta médica que envió a Mendoza para un nuevo examen a Marcellini y resolver si lo separa o no del juicio.

Pero antes de que el secretario del Tribunal, César Toledo, comenzara a leer las declaraciones, Brusa, Facino, Ramos, Aebi y Colombini se levantaron del banquillo y se fueron. El único que se quedó a escuchar fue Perizzotti.

Brusa y compañía fueron detenidos a principios de 2005, cuando el juez federal Reinaldo Rodríguez el primero que intervino en la investigación los imputó por "apremios ilegales, tormentos y privación ilegítima de la libertad". Y el fiscal de la causa, Eduardo Grioglio, indagó sobre el rol de los detenidos y su responsabilidad en la represión ilegal.

Todos los imputados negaron los cargos y hasta dijeron desconocer los centros clandestinos de detención que denunciaron las víctimas de la dictadura. A uno lo llamaban "La Casita" y operaba en las afueras de Santo Tomé y el otro era "El Borgia", en las cercanías de San José del Rincón. ¿Tiene conocimiento de la existencia de estos centros?, preguntó el fiscal.

"Los desconozco totalmente", le contestó Colombini. "No, ni idea", fue la respuesta de Ramos. "No, no tengo el más mínimo conocimiento", se defendió Perizzotti. "No, ni idea. No conozco Rincón. Y no sé nada de lo que denominan La Casita", completó Aebi. A la misma pregunta, respuestas casi idénticas.

Ramos fue el primero en tirar de la cadena de mandos: apuntó a dos jefes militares con nombre y apellido: el coronel José María González, interventor de la provincia después del golpe del '76, que ya está preso en otra causa por el secuestro y la desaparición de un militante político, Mario Osvaldo Marini. Y el primer jefe de Policía de la dictadura: "el teniente coronel Carlos Adalberto Carranza Zavalía" (sic). Un fallido. El designado en el cargo fue el teniente coronel Carlos Adalberto Rodríguez Carranza, ya fallecido, que estuvo al frente de Policía de Santa Fe hasta los primeros días de mayo de 1976, cuando lo reemplazó el coronel Carlos Alberto Ramírez.

Facino se negó a declarar cuando fue detenido en febrero de 2005, pero el 1º de marzo cambió de idea y habló, acaso para aclarar los cargos que desempeñó en la Policía: jefe de la seccional 4ª desde el 8 de mayo de 1975 hasta el 23 de diciembre de 1976; jefe del Comando Radioeléctrico hasta el 4 de febrero de 1981 y luego director de Investigaciones de la Unidad Regional I. "Después del golpe militar recibimos una orden del jefe de la Policía de la provincia, coronel Ramírez, que la Policía estaba bajo control operacional del Ejército. Posteriormente, se recibió orden de alojar detenidos (en la seccional 4ª) que fueran conducidos por efectivos del Ejército y el Area 212", explicó.

Facino negó también haber tenido contactos con los detenidos en la 4ª. "El comisario no recibía a los presos. La estadía de los presos la manejaba el personal militar, es decir los llevaban y traían los militares. Nosotros no teníamos ninguna participación en ese sentido", dijo.

"En mi función nunca participé en ningún operativo con el Ejército. Y nunca formé ningún grupo especial de inteligencia. En esa época era difícil mantenerse dentro de la ley, porque jueces y funcionarios miraban para el costado, pero yo lo pude hacer y actué dentro de la ley", se despachó Facino.

¿A qué se refiere? le preguntó el fiscal.

Que a los que mandaban no les interesaba la ley. Ellos hacían lo que querían. El Ejército mandaba contestó.

¿El Area 212 funcionaba como un poder dentro del poder de la Policía?

Era un poder que nos estaba vedado a la Policía. Ahí no entraba nadie. Y además, cualquier policía que tuviera dos dedos de frentes no habría estado cerca de eso, a no ser que tenga intereses creado respondió Facino. El jefe del Area 212 era el coronel Juan Orlando Rolón y el jefe de la Oficina de Coordinación del Area 212 que funcionó en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada en la planta alta era el comisario Perizzotti, desde enero de 1977 hasta noviembre de 1983.