La Justicia Federal procesó a José Luis Gil, un ex miembro de la Guardia Rural Los Pumas, por amenazas a familiares de víctimas, testigos y funcionarios judiciales que investigan delitos de lesa humanidad en Reconquista. Gil fue procesado por el juez Aldo Alurralde por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", enviadas mediante cadenas de e mails, que firmaba en nombre de "La Hermandad".

Gil,de 64 años es un profesor secundario que fue cesanteado y es quien actuó en forma solidaria con un grupo de detenidos por delitos de lesa humanidad. El juez federal Alurralde lo había detenido en los primeros días de octubre, y ahora consideró que existen elementos suficientes para atribuirle la probable responsabilidad de los hechos.

Durante los allanamientos, solicitados por el fiscal federal Roberto Salum, la Justicia se llevó de su domicilio una notebook y una PC con gran cantidad de material que lo incrimina.

"Todo el plexo probatorio, las pruebas testimoniales, los elementos secuestrados en su domicilio y los peritajes realizados sobre ellos me llevan a dictarle el procesamiento", dijo Alurralde. Desde la detención de Gil el 6 de octubre pasado fue mucho lo que se avanzó en la investigación, que está a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con sede en el norte provincial.

"El delito que se le imputa es obstaculizar la causa Nº 50; el trabajo de jueces y otros funcionarios del Poder Judicial; además de amedrentar a testigos de una causa de delitos de lesa humanidad" ("Base Aérea"), indicaron fuentes tribunalicias.

Para evitar el "entorpecimiento de la investigación" seguirá detenido en la Alcaidía policial del departamento General Obligado, a pesar de que su abogado planteó por segunda vez su excarcelación.

Para la Justicia al menos dos mails salieron desde la conexión de Arnet de la casa de Gil pero de una dirección con nombre falso :[email protected], creada en el ciber que está al lado de su casa. En los escritos, se decía que la causa Nº 50 estaba "armada" y orquestada "desde la fiscalía" y "que los testigos eran truchos".

"Después empezaron las amenazas con frases como: 'Todos van a rendir cuentas' o 'El fiscal es un traidor'. En el último mail se hablaba de la "ejecución" de los fiscales Salum y José Ignacio Candioti, así como del abogado Gabriel Hernández. "Los ilustrados del Juzgado Federal y de la fiscalía también van a ser tenidos en cuenta en el momento de saldar las cuentitas y hacerles ver que en la vida todo se paga, especialmente en esta guerra que ustedes están empeñados en continuar. Si algo les pasa a los policías detenidos o al hermano de la Fuerza Aérea (en referencia al comodoro Danilo Sambuelli, procesado con prisión preventiva), serán ejecutados", advertía sin medias tintas uno de los mensajes suscripto por "La Hermandad" y enviado a funcionarios judiciales. Entre los destinatarios se destaca el fiscal Juan Ignacio Candiotti, a quien también le hacían saber que controlaban los movimientos de sus hijos, y su prosecretario Gabriel Hernández.

En el departamento de Gil, en el monoblock de calle Ludueña al 1400 la policía secuestró fotocopias de la causa N` 50, armas de fuego de grueso calibre, una gran cantidad de municiones, textos filonazis, documentación de otras personas y recomendaciones de cómo declarar en el juicio.

Entre otros elementos había "una credencial de periodista sin uso de radio LT 9; otra de la UOM y diez formularios de policías". Las credenciales estaban en blanco. También tenía en su poder réplicas de "sellos electorales".

Hasta el momento es el primer detenido que hay en el país por amenazas recientes y vinculadas a una causa de derechos humanos. Gil tenía "un minucioso detalle de la causa 50" y tenía un profundo estudio de las declaraciones de testigos y víctimas, donde figuraban nombres de policías. Entre las declaraciones apuntadas especialmente se encuentra la del presidente de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, Raúl Borsatti, una de las personas que lo había denunciado.