El gobernador Hermes Binner y el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, participarán hoy de una audiencia pública informativa convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del reclamo por 1.000 millones de pesos que realiza la provincia sobre fondos del Ansés. En el año 2006, Santa Fe retiró el consentimiento para que la Nación siga detrayendo el 15 por ciento de los recursos de la masa coparticipable con destino al financiamiento de la seguridad social, tal como se había establecido en el Acuerdo Federal de 1992 y en otros pactos fiscales posteriores. Como consecuencia de ello, la provincia reclama que esos recursos sean reintegrados desde esa fecha. La presentación fue acompañada mayoritariamente por el arco político santafesino, a excepción del kirchnerismo, que consideró que no fueron tenidos en cuenta por Binner a la hora de realizar el reclamo.

Con la provincia atravesada por las medidas de fuerza de los trabajadores de la administración pública, y en un marco de incertidumbre por el destino de los proyectos de reforma tributaria enviados a la Legislatura para afrontar los incrementos salariales; el gobernador Binner, junto a la vicegobernadora Griselda Tessio, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Eduardo Di Pollina, el ministro de Economía, Angel Sciara, el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, y representantes de entidades empresarias y de los trabajadores, participarán hoy de la instancia de conciliación convocada en la sede del máximo tribunal.

Según la acordada de la Corte Suprema sobre audiencias públicas; en las audiencias informativas, que tienen por objeto escuchar e interrogar a las partes sobre aspectos del caso a decidir, cada parte podrá designar un abogado para que haga un alegato cuya duración no podrá exceder de veinte minutos. El abogado deberá presentar un resumen escrito de su exposición con cuarenta y ocho horas de anticipación.

El lunes, Binner convocó a legisladores nacionales para informarlos acerca de las gestiones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien Reutemann no participaron del encuentro, los legisladores reutemistas Celia Arena y Daniel Germano sí fueron, al tiempo que enviaron una nota para apoyar el reclamo. En cambio, el kirchnerismo no concurrió a la Casa Gris argumentando que habían sido citados con sólo 48 horas de anticipación, y que no los tuvieron en cuenta a la hora de realizar la presentación.

En su momento, desde la Fiscalía de Estado, que contó con el patrocinio de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Carlos Rosenkrantz, explicaron que el reclamo de fondo realizado por el gobierno santafesino se basa en que "la imposición o distribución tributos debe establecerse a partir de un acuerdo entre la Nación y las provincias. Hay un derecho intrafederal, que es el derecho de la coparticipación federal, que se establece en forma consensual".

En su reclamo, la provincia destacó "la modificación fundamental de las circunstancias que dieron origen y justificaron la detracción de los fondos que actualmente efectúa la Nación". En tal sentido, recordó que en 1992, la Nación "tenía un stock de deuda inmanejable y se quedaba sin flujo de fondos, ya que los ingresos corrientes por aportes y contribuciones pasarían, centralmente, a las AFJP", en el marco de la privatización del sistema previsional.

En cambio, la presentación indica que en la actualidad, "el perfil del sistema previsional es absolutamente distinto", ya que en 2008 la Nación "se apropió de un stock de activos valuados en unos 25.000 millones de dólares -que conformaban los activos netos del sistema privado de jubilación-; recuperó la totalidad de los flujos de aportes y contribuciones; y adquirió tenencias accionarias de magnitud en empresas y conglomerados privados de primera línea".

Asimismo, en una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia tras la presentación inicial de la demanda, el gobierno de Santa Fe solicitó que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, "se ordene la suspensión parcial" de la aplicación del artículo en cuestión y también "el cese preventivo" de la detracción de los fondos coparticipables.

En tal sentido, la pretensión cautelar se limita "a los períodos sucesivos" y "tan sólo al 50 por ciento de los fondos que corresponden a la provincia de Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada, requerimiento parcial y mínimo anticipado al cual se ve forzada la provincia atento la grave situación financiera" que atraviesa.

Cabe recordar que la Provincia realizó tres reclamos generales por inconstitucionalidad. Uno que está vinculado a la ley 26.18, que modificó en el año 2006 el impuesto al cheque. Otro reclamo está basado en el fondo creado para financiar la autarquía de la Afip -que siguen su curso y el que plantea la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, en el que estará basada la audiencia informativa convocada hoy por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.