La investigación del asesinato de Silvia Suppo, testigo clave en delitos de lesa humanidad, tuvo otro giro en las últimas horas. El juez de Instrucción Nº 2 de Rafaela, Alejandro Mognaschi, procesó a los dos detenidos por el crimen: Rodrigo Sosa, el cuida coches de 19 años que los rafaelinos conocen como "Sosita" y su primo de 22, Rodolfo Cóceres, a quienes acusó por "homicidio calificado" por ensañamiento que se condena con prisión perpetua. Una resolución judicial que cierra la pista del robo. Pero abre la segunda línea investigativa que el fiscal Rodolfo Zehner está dispuesto a agotar para despejar todas las dudas de un crimen por encargo. "Hay que explorar y agotar la hipótesis que más preocupa a los familiares de la víctima, a los organismos de derechos humanos y a nosotros también", dijo Zehnder en un diálogo con Rosario/ 12. El fiscal ya propuso una batería de medidas que por ahora mantiene en reserva, entre ellas el cruce de datos y llamadas telefónicas para detectar cualquier conexión entre los ejecutores de Suppo y los ideólogos y criminales del terrorismo de estado o su entorno. Ayer, Andrés y Marina Destéfani, los dos hijos de Silvia, se presentaron como querellantes en la causa con el patrocinio de la abogada de Hijos, Lucila Puyol y su colega Guillermo Munné.

Silvia fue asesinada a sangre fría hace dos semanas cuando atendía en su negocio de venta de cueros y artesanías en el microcentro de Rafaela. Sus asesinos se ensañaron con ella, la apuñalaron nueve veces. Y horas después, falleció en el hospital de Rafaela, donde había ingresado en estado de shock, agonizante. Desde el principio, la pesquisa se deslizó hacia la hipótesis del robo. Y el lunes, el juez Mognaschi procesó a "Sosita" y a su pariente por "homicidio calificado" por el ensañamiento y la pretensión de impunidad que se castiga con perpetua. El expediente había arrancado como "homicidio en ocasión de robo" que tiene una pena menor.

"La carátula del expediente cambió porque según las pruebas y la indagatoria de los imputados nos encontramos con la figura de homicidio agravado, que es un crimen que se comete para ocultar otro delito y lograr impunidad", explicó el fiscal Zehnder. "Esto es lo que surgió de las pruebas. Los imputados decidieron ultimar a la víctima para evitar ser reconocidos en el atraco y así tenemos la figura de homicidio agravado, que se castiga con prisión perpetua".

"Lo que tenemos hasta hoy es la hipótesis del robo, pero eso no agota en modo alguno la investigación", advirtió el fiscal. "Acá se sigue investigando si estamos en presencia de un crimen por encargo, que sería la participación de un tercero. Hay que explorar y agotar esa hipótesis que es lo que preocupa en mayor medida a los familiares de la víctima, a los organismos de derechos humanos y a nosotros también. Queremos saber si tenemos a los ejecutores materiales del hecho y si fueron instigados por alguien o por algún motivo. Eso es lo que seguimos investigando".

"El juez dictó el procesamiento (de Sosita y su primo) porque tiene que cumplir plazos legales: resolver la situación procesal de los imputados diez días después de la indagatoria", dijo Zehnder. "Pero eso en modo alguno agota la investigación. Incluso, en el auto de procesamiento, el doctor Mognaschi hace mención a eso, dice que si bien lo que surge en el primer momento es la hipótesis del robo, no se descartan y se continúan investigando otras hipótesis y móviles. Por lo tanto, la investigación sigue su curso", remarcó.

¿Los imputados tenían teléfonos celulares? preguntó Rosario/12.

Ellos dicen que no. De todas formas es algo que se está investigando. También tenemos el teléfono celular de la víctima, hay diligencias en trámites.

Los detenidos dijeron que no tenían teléfonos, pero en la indagatoria hubo algunas menciones, por ejemplo, que llamaron a un remise y uno de ellos recibió un mensaje de texto. ¿Es correcto?

Sí, eso es lo que se está investigando. Pero no sería un teléfono celular que perteneciera a los imputados sino de un familiar de ellos.

¿Y de quién es ese teléfono?

No, eso no se lo puedo decir, está en carpeta.

¿Qué otras diligencias propuso?

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia ofreció toda su colaboración. Entonces, yo pedí diligencias para cruzar información respecto de personas que hayan intervenido en juicios por crímenes de lesa humanidad, ya sea en carácter de víctimas, querellantes, testigos, imputados. Queremos cruzar datos para ver qué surge de ahí, con la información de los imputados y su entorno, sus familiares, sus conocidos...

¿Los imputados en crímenes de lesa humanidad?

Claro, cruzar esa información para ver si se establece alguna relación entre esas personas y estos imputados en la causa que tenemos en Rafaela. Una línea investigativa para ver si hay alguna conexión. Pero esto va a llevar algún tiempo.

¿Ya tienen los resultados de las pericias?

He pedido un análisis de la ropa (de los imputados que ellos arrojaron en las afueras de Rafaela) que contiene manchas de sangre. El juez dispuso los estudios y eventualmente un ADN. Y yo pienso pedir lo mismo respecto de los cuchillos que fueron secuestrados en el mismo lugar.

¿Cuál fue el resultado de la autopsia?

No lo tenemos todavía, pero lo van a mandar desde Santa Fe en el curso de esta semana. Usted sabe que se hizo en el Cuerpo Médico Forense, así que llevó su tiempo. Lo mismo que el relevamiento del escenario del crimen que solicitó la fiscal Cristina Fortunato (a pedido de los hijos de Silvia). La Unidad Regional I de La Capital informó que ya estaba concluido, así que lo mandan en cualquier momento.