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El proyecto presentado por el concejal radical Jorge Boasso de prohibir el ingreso de las motos con acompañantes en los días hábiles de 10 a 16 en la zona bancaria del microcentro de la ciudad, con el fin de evitar que transiten los llamados "motochorros", es una medida discriminatoria y estigmatiza a aquellos/as ciudadanos/as que por necesidad laboral llegan al centro a través de este medio de transporte.

Miles de rosarinos/as utilizan las motos como medio de transporte y llevan acompañantes para ir a sus trabajos como una forma efectiva y más económica de llegar a los mismos, debido a la deficiencia del servicio

público de transporte de pasajeros. Unos días atrás este mismo concejal, con su voto, apoyó la aprobación del aumento del boleto que sólo tiende a alejar aún más a los/as ciudadanos/as de este servicio.

Este proyecto no tiene nada que ver con la búsqueda de una solución al problema de las salideras bancarias o la inseguridad y sólo es un mal reflejo frente a los hechos que tomaron repercusión pública.

En caso de que esta medida se aprobara sumaríamos, a la cantidad de operativos que realizan la GUM, inspectores de tránsito y la policía sobre motos con motivo de revisar documentación y detectar motos robadas, que parecieran tener un fin recaudatorio más que de prevención de accidentes y delito, la prohibición de circular con acompañantes por esta zona como si esta sola medida resolviera tales hechos.

Una vez más, el concejal Boasso demuestra su desprecio por los sectores más humildes de la ciudadanía. Precisamente, aquellos a quienes ya perjudicó con el aumento del boleto, y a quienes viene persiguiendo con su discurso criminalizador de la pobreza, equiparando la protesta social o el uso compartido de las motos al delito común. Delito que, a su vez, jamás hizo tanto daño a la Nación como los grandes fraudes y corruptelas cometidos por sus propios correligionarios, como los sobornos en el Senado para robar derechos laborales, o la estafa del Megacanje o el corralito financiero.

Para nosotros, resolver el problema de la inseguridad tiene que ver con garantizar el derecho a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la construcción de una fuerza de seguridad comprometida con la prevención del delito y los derechos humanos.