La justicia federal dejó suelto al cuarto represor preso en la mega causa que investiga un centenar de crímenes de la dictadura en Santa Fe. Se trata del teniente coronel Jorge Roberto Diab, que operaba como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122 y hoy está procesado por 46 homicidios de militantes políticos, asociación ilícita, cuatro secuestros y torturas y la supresión de identidad de María Carolina Guallane, la joven que recuperó su nombre en 1998: Paula Cortassa. Diab ni siquiera llegó a plantear el recurso ante Casación porque directamente lo dejó libre la Cámara Federal de Rosario, que se había opuesto a la medida en los casos anteriores y tuvo que aceptar el criterio del tribunal superior. "Estos genocidas han cometidos delitos gravísimos en el marco de un plan sistemático y sin embargo, ahora vemos una serie fallos vergonzosos que los deja libre y en la calle", dijo la abogada de Hijos, Lucila Puyol, quien reclamó también al gobierno de Hermes Binner la misma reacción que tuvo cuando salieron de la cárcel los tres represores de Rosario: Rubén Lofiego, Mario Marcote y Rito Vergara, lo que significa que ya son siete los excarcelados por la Cámara Nacional de Casación Penal en la provincia de Santa Fe.

La saga ya había comenzado en vísperas del 24 de marzo, cuando horas antes de recordarse el golpe de 1976, la Cámara Nacional de Casación Penal -en un fallo dividido: votaron a favor, los camaristas Eduardo Riggi y Angela Ledesma y en contra, la doctora Liliana Catucci- ordenó la excarcelación del teniente coronel Domingo Morales, acusado por 16 asesinatos, asociación ilícita y la supresión de identidad Carolina. La fecha de la sentencia era otra metáfora: 23 de marzo, en vísperas del Día de la Memoria por el golpe de 1976. Aunque no se cumplió inmediatamente, sino hasta el 7 de abril, cuando Morales salió de la cárcel de Las Flores, donde era el único militar preso por delitos de lesa humanidad.

Siguió el 17 de abril, cuando excarceló a otros dos militares: el general Carlos Alberto Settel y el suboficial Mario Carmelo Ferger, imputados por la desaparición y el homicidio de dos soldados conscriptos: Edgardo Ferreyra y Roberto Daniel Suárez, en 1977. El viernes último, le tocó a Diab.

Diab pasó el fin de semana en libertad después de notificarse en el despacho del juez federal Reinaldo Rodríguez, quien había rechazado todas las excarcelaciones. Lo mismo ocurrió con la Cámara Federal de Rosario.

La abogada de Hijos interpretó la serie como "una maniobra más. Ellos saben que los delitos que cometieron son gravísimos y una vez que están procesados seguramente no van a ser absueltos. Entonces, primero fueron por las prisiones domiciliarias y ahora por las excarcelaciones, mientras dilatan los procesos. Son personas mayores y piensan que la instrucción de las causas puede demorar entre cuatro y seis años porque lo que hacen en forma permanente es plantear nulidades, recusaciones, apelaciones, revocatorias y nuevas apelaciones. Entonces, van dilatando los procesos", explicó Puyol.

"Los delitos de lesa humanidad que se les imputan son gravísimos, una multiplicidad de homicidios y desapariciones en el marco de un genocidio perpetrado en nuestro país. Es inconcebible que se considere que por el mero transcurso del tiempo, estas personas que son homicidas múltiples, genocidas, van a modificar sus actitudes o no van a obstaculizar la justicia o no van a intimidar a los testigos o no van fugarse, que son las condiciones por las cuales cualquier persona procesada por delitos, incluso de menor cuantía, cumple el proceso en la cßrcel. Este mismo criterio no se aplica para los delincuentes comunes cuando por un hecho como puede ser un homicidio estßn presos durante todo el proceso hasta la condena", agregó.

Y si a Diab se le imputan 46 homicidios, ¿qué tendría que hacer para que lo manden a la cárcel? preguntó Rosario/12.

Hay que ser un delincuente común de un barrio pobre y marginal y no un genocida con poder, contactos y relaciones. Supongo que eso es lo que hay que hacer. En Santa Fe, hemos logrado condenar a un juez federal. Pero no hay civiles imputados. Ni siquiera se ha tocado el sistema económico y de poder que sostuvo a la dictadura, ni en Santa Fe ni en el resto del país. Los fallos de Diab y Morales son una vergüenza por la multiplicidad de crímenes que se les imputan y en ninguno de los dos casos hay una cuestión de edad o de salud. Además, tenían un mando y una responsabilidad de amplia trascendencia en el aparato represivo contestó.

Puyol comparó también la reacción de la Casa Gris ante la salida de los represores de Rosario y los de Santa Fe. "Nos pareció muy importante que el gobierno de la provincia haya tenido una posición respecto de los excarcelados en Rosario, pero no tuvieron ningún acercamiento a los organismos de derechos de Santa Fe y ni siquiera una mención crítica en la prensa local. Y esto es preocupantes porque nos dice que hay algunos procesados que tienen menos repercusión por ser menos conocidos que otros, seguramente Morales y Diab no son tan conocidos como Lofiego, Marcote y Vergara", concluyó.