Desde Santa Fe

Dos testigos complicaron a la pesquisa policial del asesinato de Silvia Suppo y alimentaron aún más las dudas de la familia de la víctima. Uno es el apoderado de la Nueva Terminal de Rafaela, Hernán Gunzinger, quien aseguró haber entregado un video de los presuntos homicidas 48 horas después del crimen, pero la prueba recién fue incorporada a la causa dos meses más tarde porque el empresario aportó una segunda copia. "Yo me dirigí a la Jefatura de Policía, a Investigaciones y allí entregué el CD a uno de los jefes de apellido Amaya", dijo Gunzinger. Amaya es el subjefe de la Unidad Regional V, quien negó el hecho. El otro testigo es el remisero que transportó a los limpiacoches que se atribuyeron el homicidio hasta la terminal de micros, pero que antes de declarar en la causa judicial tuvo que pasar por la Jefatura de Policía de Rafaela (ver aparte). Mañana, y a pedido de la querella que representa a los hijos de Suppo, está citado a declarar ante el juez Alejandro Mognaschi, el subjefe de Investigaciones, subcomisario Horacio Maidana, a quién le pedirán explicaciones sobre el CD que Gunzinger dice haber entregado en la Jefatura, pero que al parecer nadie recibió.

La confusa situación con el video ya tuvo su resonancia política cuando dos funcionarios del gobierno de Hermes Binner salieron a respaldar la pesquisa policial. "La investigación fue prolija", dijo el ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, a quién "no le consta" que el video hubiera estado poder de sus subordinados a poco del asesinato de Suppo. Y después, un director de la Secretaria de Derechos Humanos, Jorge Pedraza, sumó su elogio a los investigadores y hasta calificó al jefe de Unidad Regional V, comisario Juan Mondino, como "uno de los oficiales jóvenes de la democracia que quieren hacer bien las cosas".

El video de la Nueva Terminal fue filmado por las cámaras de seguridad de la estación de colectivos el 29 de marzo, el día del crimen, cuando los dos imputados, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, se fueron de Rafaela en un viaje de línea sin que nadie los moleste.

La querella tuvo noticias de esta filmación dos meses después, el 26 de mayo, cuando la concesionaria de la estación de ómnibus informó al juez Mognaschi que la terminal tiene "un sistema de monitoreo a través de cámaras IP, que está a cargo de la empresa Willtel" y un archivo de imágenes. Pero que ese video ya había sido "entregado a personal policial de investigaciones". La nota está firmada por el responsable de la empresa, Carlos Cassinerio y el apoderado, Hernán Gunzinger.

Gunzinger fue citado a declarar en la causa y ratificó ante el juez lo que la empresa ya le había dicho por escrito. "En su momento, cuando la Policía se hizo presente en la Terminal para tratar de recabar datos sobre estas personas (Sosa y Cóceres), debe haber sido dos días después del hecho, me pidieron las filmaciones de las cámaras que están dispuestas en la Terminal. Ellos ya venían con conocimiento que teníamos ese sistema y yo personalmente retiré un CD con el material fílmico requerido de la empresa Willtel, que se encarga del tema y luego se lo llevé a la Policía. Yo me dirigí a la Jefatura de Policía, a Investigaciones y allí entregué el CD a uno de los jefes de apellido Amaya. En ese momento, yo no le hice firmar ningún recibo ni quedó documentada la entrega del material fílmico. De todas maneras, estas imágenes quedan guardadas", dijo Gunzinger y se comprometió a entregar al Juzgado una segunda copia del "material que oportunamente entregué a la Policía". Y así lo hizo, el 8 de junio.

Gunzinger desvinculó al responsable de la concesionaria, Carlos Cassinerio porque "está en Rafaela una vez por semana" y el encargado de buscar el video en Willtel y después llevarlo "hasta la Jefatura de Policía" fue el propio Gunzinger.

El subjefe de la Unidad Regional V también declaró en la causa y negó haber recibido el video del 29 de marzo que el empresario dice haber dejado en sus manos. "En ningún momento me dieron ningún tipo de filmación. Lo que sí me dio Gunzinger fue una clave para hacer monitoreo y nos dio la página donde debíamos ingresar" por internet, explicó Amaya. Aunque después, ante otra pregunta, dijo que no recordaba si eso había sido antes o después del hecho.

Le preguntaron entonces sobre lo que había dicho Gunzinger, que él fue hasta "la Jefatura de Policía de Rafaela, a Investigaciones" y allí había entregado "el CD a uno de los jefes de apellido Amaya".

Lo que puedo decir, es que él habla que fue a Investigaciones y yo hace seis meses que no estoy allí. El se puede haber confundido. Si me hubiera dado ese video lo hubiera entregado inmediatamente a la gente de Investigaciones, sobre todo por la gravedad del hecho que se investiga -contestó Amaya.

Uno de los abogados querellantes, Guillermo Munné, le preguntó entonces si "podía comentar el motivo por el que se pidió ese video". Y le recordó una reunión que el jefe de la Unidad Regional V, comisario Mondino y el propio Amaya tuvieron con uno de los hijos de Suppo, Andrés Destéfani y el propio Munné, al día siguiente del asesinato de Suppo, el 30 de mayo. "Allí usted manifestó que se iban a pedir esas filmaciones" a la Nueva Terminal -le planteó Munne.

No recuerdo, puede ser. Concretamente, nunca tuve en mis manos ningún video de la terminal de Rafaela, ni lo vi para nada, ni antes ni ahora -se defendió Amaya.