Desde Santa Fe

A tres meses del asesinato de Silvia Suppo, la asociación de ex presos políticos de la dictadura cuestionó la pesquisa policial del crimen y las declaraciones de funcionarios del gobierno de Hermes Binner que descartaron "las motivaciones políticas con sorprendente celeridad". La justicia "no puede, ni debe, clausurar livianamente la línea de investigación del crimen político. Semejante ligereza no haría más que convalidar las complicidades que subsisten con los represores aún libres y sus voceros, que pretenden frenar el accionar judicial", dijeron.

La controversia comenzó hace dos semanas cuando un director de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Jorge Pedraza, dijo a un diario de Rafaela que la única hipótesis que subsiste en la causa es la del robo. "Ya no se puede hablar de crimen político", dijo. Y ponderó la investigación que dirigieron el jefe de la Unidad Regional V, comisario Juan José Mondino y su segundo, Leandro Amaya, a quienes consideró "oficiales jóvenes de la democracia que quieren hacer bien las cosas". "Yo puedo asegurar que en este caso, la Policía ha obrado con muy buena voluntad y obtuvo resultados a muy corto plazo que no es común en este tipo de crímenes", insistió Pedraza.

Amaya fue citado a declarar en la causa por un video que muestra a los presuntos asesinos de Suppo, que el apoderado de la Nueva Terminal de Rafaela, Hernán Gunzinger, aseguró haberle entregado pocas horas después del crimen, pero el comisario lo niega. La prueba fue incorporada al expediente dos meses después porque Gunzinger aportó una segunda copia de seguridad, aunque hasta ahora nadie sabe qué sucedió con la primera.

Poco después, los hijos de Silvia Suppo, Andrés y Marina Destéfani, renunciaron al programa de protección a testigos y víctimas del terrorismo de estado, molestos por las declaraciones de Pedraza y la actitud de su jefa y secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, quien prometió desmentirlo, pero no lo hizo. "Si para el gobierno, el asesinato de nuestra madre no es un crimen político y no hay ningún riesgo, entonces no es necesario que nosotros estemos en un programa destinado a testigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad", dijo Andrés.

Posteriormente, Pedraza volvió a insistir en su planteo en declaraciones a las emisoras de Santa Fe. "No hay hasta el día de hoy ningún indicio que demuestre que se trate de un crimen político. Sí hay alevosía. Se sabe que hay dos detenidos que tienen pruebas abrumadoras en su contra pero que no se los relaciona con ningún autor intelectual que los haya enviado a asesinar a Silvia", dijo Pedraza por LT9.

Pero ahora, la asociación de ex presos políticos "El Periscopio" salió a plantear sus "reservas sobre la marcha de la investigación" y cuestionó a Pedraza por "haber descartado de plano la motivación política como causal del crimen con sorprendente celeridad".

"Silvia no sólo fue una importante testigo en el juicio que condenó al ex juez (Víctor) Brusa y sus cómplices por delitos de lesa humanidad, sino que también iba a testimoniar en el inminente juicio que involucra a otros represores que caminan por las calles, pese a estar procesados y/o sospechados por graves violaciones a los derechos humanos".

"La investigación del crimen está rodeada de un sinnúmero de circunstancias no aclaradas y oscurecida por la impericia de las fuerzas de seguridad", que es incompatible con la calificación de "oficiales jóvenes de la democracia que quieren hacer bien las cosas" y "la insistencia de algunos medios periodísticos de cerrar el caso". Por lo tanto, la justicia "no puede, ni debe, clausurar livianamente la línea de investigación del crimen político. Semejante ligereza no haría más que convalidar las complicidades que subsisten con los represores aún libres y sus voceros, que pretenden frenar el accionar judicial", agregó.

"En estos últimos tres años, el gobierno provincial ha mostrado sugestivas debilidades en materia de derechos humanos. No obstante ello y, en lo que prometería ser un alentador cambio de actitud, el Ministerio de Justicia manifestó hace unos días 'su firme compromiso de apoyar las investigaciones judiciales hasta las últimas consecuencias a fines de que el hecho quede completamente esclarecido, en cuanto a la autoría material e intelectual, de modo de transmitir tranquilidad a todos aquellos que se encuentran preocupados por este suceso y a la comunidad toda'".

"Es nuestra esperanza que estos propósitos se trasunten en hechos concretos, fortaleciendo la investigación a fondo de las causales últimas detrás del crimen de Silvia, cómo garantía de seguridad para los testigos, querellantes, abogados, jueces y fiscales involucrados en las causas de delitos aberrantes de violaciones de los derechos humanos. Es también el único camino para que el caso Silvia Suppo no se convierta en un nuevo caso Julio López", concluyó.