La Asociación Civil Anticorrupción manifestó "preocupación" por el concesionamiento directo de la Autopista Rosario-Santa Fe a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) por seis meses, debido a que se trata de "una de las vías de mayor rendimiento económico del país", que se otorgó "sin licitación ni concurso de precios", ante el vencimiento de la concesión de Aufé. Además, el director General de la ONG, Hugo Miretti, planteó al gobernador que analice "si conviene la continuidad del ministro (de Aguas y Servicios Públicos, Antonio) Ciancio y demás funcionarios involucrados, dada la sospechosa falta de transparencia apuntada". Al mismo tiempo, y pese a que Hermes Binner defendió la contratación directa del Consorcio Vial S.A., integrado por dos constructoras, también el senador Juan Carlos Mercier y los demás legisladores del bloque del Partido Justicialista en la Cámara Alta presentaron un pedido de informes sobre diversos aspectos de la adjudicación directa que explotará durante seis meses la autopista.

La polémica explotó hace una semana, cuando se produjo el vencimiento de la ex concesionaria de la autopista. Aufé estuvo al frente de la ruta durante 15 años, y si bien el gobierno sabía que a fin de junio vencía la contratación, confió en que continuaría por seis meses, mientras durara el llamado a licitación por un nuevo período. Sin embargo, la concesionaria exigió -según el ministro Ciancio- una serie de puntos que la provincia no aprobó. Fue así que el funcionario de Binner determinó que durante 180 días se contrataría directamente a la empresa Consorcio Vial para que se haga cargo del servicio.

En ese marco, el director de la Asociación Anticorrupción aseguró que la decisión de la provincia es "preocupante", ya que "había vencido el plazo de Aufé y el Poder Ejecutivo de la provincia no podía obviar ese dato. No sabemos si es por corrupción que se tomaron estas medidas, sin consulta y de manera muy sospechosa", dijo Miretti a este diario; y en el mismo sentido, afirmó que "suena a sorna que se alegue que el gobierno de la provincia no podía contratar a personal para hacerse cargo de la autopista, cuando han nombrado sin concurso previo a gran cantidad de funcionarios, con importantes sueldos y viáticos, creando estructuras paralelas a las ya existentes". Miretti también consideró que "se impone un informe público sobre estas cuestiones, y un proceso de políticas públicas coherentes entre lo que se declama y lo que se aplica".

El mismo día que Ciancio difundió la contratación de la UTE, cosechó rápidamente las críticas del PJ. El diputado Luis Rubeo cuestionó duramente la decisión de realizar "discrecionalmente" una contratación directa por 180 días durante el proceso de licitación, que se abrió el miércoles pasado. En el mismo tono que el legislador del Frente para la Victoria, Miretti planteó que la continuidad del funcionario de la cartera de Servicios Públicos es "insostenible", y que el gobernador "tiene que apartarlo, si hay republicanismo y transparencia", consideró.

Por su parte, Mercier aportó desde el Senado, donde solicitó un pedido de informes por esa adjudicación directa. La iniciativa no pudo ser tratada el jueves pasado. "En forma deliberada, los legisladores del Frente Progresista dejaron al Senado santafesino sin quórum para evitar dar el debate público sobre este y otros temas", denunciaron los senadores del PJ. Mercier fundamentó que el Ejecutivo provincial obvió el procedimiento de licitación pública. "Es conocido que la fecha de vencimiento del contrato con la anterior adjudicataria se había establecido hace más de quince años, o sea que el actual Gobierno lo conocía, por lo cual no existe ninguna circunstancia que justifique la falta de tiempo para realizar la correspondiente licitación", expresaron los legisladores justicialistas.

Mercier afirmó que "es importante conocer las actuaciones realizadas para la concreción de la gestión, a los efectos de tener acceso a los informe técnicos y al dictamen del Fiscal de Estado". Y aseguró que se trata de "otra lamentable oportunidad en que se produce una adjudicación semejante, fuera de todo control de licitud".

La semana pasada, tras regresar de su viaje relámpago a Montevideo, Binner defendió el accionar de Ciancio: "Tuvimos la necesidad de hacerlo", dijo el gobernador para explicar el por qué de esa salida ante el rechazo de Aufé a continuar con el negocio durante la transición. "Hay un cambio de firma por seis meses, pero no se modifican ninguna de las condiciones, ni de peajes, ni de reparación de la ruta, ni de responsabilidades que tiene el concesionario. No hay ninguna pérdida para el Estado. Y ya está en marcha la nueva licitación, así que ahora tenemos plazo hasta diciembre para buscar el mejor oferente", dijo.