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El Senado y la Cámara de Diputados votaron sobre tablas dos pedidos al gobierno de Hermes Binner para que informe "lo antes posible" sobre los antecedentes de la concesión de la autopista Santa Fe Rosario, ante la sospecha de que la apertura de ofertas prevista para el 18 de agosto carece de respaldo legal. "Queremos saber cuál es la ley que se invoca para licitar el corredor porque a nuestro criterio se requiere una ley específica que deberían sancionar el Parlamento", dijo el senador Juan Carlos Mercier al explicar el proyecto que aprobó la Cámara alta. El mismo argumento esgrimió el jefe del bloque de diputados del Frente de la Victoria, Luis Rubeo. "El Poder Ejecutivo tiene que explicar cuál es el respaldo jurídico para licitar la autopista porque insisto en lo que ya le dijimos al ministro (Antonio) Ciancio cuando estuvo la semana pasada en la Cámara, que ese respaldo jurídico no existe", planteó. Mercier recomendó incluso a Ciancio que "tenga en cuenta estas observaciones" porque si no las corrigiera se puede caer la licitación de la autopista.

La semana pasada, Ciancio no pudo levantar las impugnaciones del arco opositor a la concesión precaria de la autopista por seis meses a una sociedad anónima que integran las constructoras Supercemento y Edeca. El ministro explicó que se trataba de una decisión provisoria, fundada en una supuesta "emergencia" y hasta tanto se licite el corredor. Dijo que ya se había vendido cuatro pliegos a grupos interesados en hacerse cargo del negocio y anunció que la presentación de ofertas se había postergado hasta el 18 de agosto a pedido de los futuros oferentes.

Ayer, el Senado y la Cámara de Diputados votaron sobre tablas dos pedidos al gobierno de Binner para que remita todos los antecedentes sobre la licitación que se abre en diez días y con las mismas "observaciones" que le hizo Rubeo al ministro Ciancio, que para concesionar la autopista se necesita una ley.

El primer pedido de informes se aprobó en el Senado, a instancias de su autor, Mercier, quien pidió también que se remita una copia al Tribunal de Cuentas, donde están "los dos expedientes" (el de la adjudicación directa y el de la nueva licitación). "Este no es un tema menor porque el acto licitatorio está previsto para el 18 de agosto, cuando el Tribunal de Cuentas todavía no se ha expedido sobre la legalidad del proceso", dijo.

Según Mercier, la "duda más importante es que no hay una ley que autorice a llevar adelante el proceso de concesión de la autopista", por lo que le pidió a la vicegobernadora Griselda Tessio una "diligencia especial" ante el Poder Ejecutivo. Pero además, Mercier se permitió recomendarle a Ciancio que "tenga en cuenta estas observaciones" porque si no las corrigiera puede provocar "la nulidad de todo lo actuado".

Media hora después, la Cámara de Diputados votó un proyecto similar de Rubeo. Un pedido al Poder Ejecutivo para que envíe "todas las actuaciones vinculadas al llamado a licitación pública para la concesión por peaje de la autopista convocada mediante decreto 1033 del 28 de junio de 2010", dice el texto que se aprobó sobre tablas y por unanimidad, con el voto de oficialistas y opositores.

Rubeo aprovechó también para pedirle al presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina, que "le recuerde al ministro Ciancio" una promesa que le hizo a los legisladores del PJ, hace una semana. "Nos dijo que iba a enviar una copia del expediente que está en el Tribunal de Cuentas, donde se tramitó la adjudicación directa de la autopista y tengo entendido que hasta ahora no llegó nada", afirmó.

Después de la sesión, Rubeo insistió que el gobierno "está flojo de papeles" no sólo para adjudicar la autopista sino también para licitarla el 18 de agosto.