Desde Santa Fe

El juez Jorge Patrizzi (Instrucción 8ª) que quedó al frente de la investigación de la catástrofe del río Salado en diciembre último ya tiene un pedido concreto de los actores civiles que actúan en la causa para que llame a indagatoria y siente en el banquillo de los acusados a Carlos Reutemann. "Solicitamos que cite a declarar como imputados a todos aquellos funcionarios provinciales que -al momento de la catástrofe- tenían a su cargo la responsabilidad de prevenir tales hechos, y en primer lugar a quien por entonces se desempeñaba como gobernador de Santa Fe y por ende era el jefe de la administración provincial", dice el escrito que presentó un matrimonio que sufrió la destrucción de su vivienda: Jorge Castro y su esposa, Milagros Demiryi, a quienes ahora patrocinan los abogados Ricardo Hase y Jorge Elizondo. A casi tres años de las inundaciones que dejaron 23 muertos y más de 130 mil personas en el desamparo, "aún no hay ningún funcionario procesado, es una de las causas emblemáticas de la impunidad de la provincia", afirmó Demiryi, una conocida luchadora del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

El juez Patrizzi deberá resolver ahora si da curso al pedido de indagatoria de Reutemann, quien ya declaró en la causa como testigo y por escrito. El año pasado, el fiscal Ricardo Favaretto también solicitó la indagatoria de un puñado de funcionarios, entre ellos el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli y el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez -que ya desfilaron por Tribunales- pero en esa lista no incluyó a Lole.

A principios de febrero, Patrizzi abrió por primera vez las puertas de su despacho a dos víctimas de las inundaciones y les confirmó que Reutemann estaba bajo la lupa, pero que aún no había decidido si lo imputaría en la causa. "El juez no nos aseguró que llamará a declarar a Reutemann, pero tampoco descartó esa posibilidad", dijo Graciela García, una de las líderes de la Marcha de las Antorchas, quien entrevistó al magistrado junto a otra militante del grupo, Margarita Garau. "El juez nos dijo que Reutemann es parte de la causa y cuando termine esta etapa de la investigación dictará una resolución en la que se sabrá qué pasa con el senador nacional", comentó García.

Ahora el matrimonio Castro, que actúa como actor civil en la causa, le pidió al juez que cite a declarar a los funcionarios provinciales que tenían "la responsabilidad de prevenir los hechos que sucedieron después del 29 de abril de 2003 en Santa Fe y, "en primer lugar" a Reutemann, según el articulo 95 del Código Procesal Penal de la provincia. "Si durante la investigación, no se ha indicado contra quien se dirige la pretensión se entenderá que lo es contra todos los imputados, inclusive los que fueren tales con posterioridad en el mismo proceso y por el mismo hecho que se investiga", dice el escrito que los Castro presentaron "por derecho propio y en representación de sus cuatro hijos menores, Lautaro, María, Luciano y Agustín".

Castro y su esposa recordaron que se constituyeron como actores civiles "a los fines de reclamar indemnización por los daños y perjuicios causados en ocasión, durante y como consecuencia de la catástrofe hídrica del río Salado ocurrida en nuestra ciudad a partir del 29 de abril de 2003, hechos configurativos de estrago calificado (fuere doloso o culposo) e incumplimiento de los deberes del funcionario público 'contra quien o quienes resultaren penalmente responsables por los hechos investigados' en el proceso.

"En primer lugar, como resultado de la investigación realizada, han sido indagados varios funcionarios públicos. Pero, conforme al artículo 95 del Código Procesal si durante la investigación no se ha indicado contra quien se dirige la pretensión, 'se entenderá que lo es contra todos los imputados, inclusive los que fueren tales con posterioridad en el mismo proceso y por el mismo hecho que se investiga'", agregaron.

"Las indagatorias cumplidas hasta la fecha, ameritan que se exprese por el presente que la pretensión indemnizatoria se dirigirá contra dichas personas y contra todas aquellas que posteriormente resultaren imputadas, como así también contra las que conforme a las leyes sustantivas -civiles o administrativas- debieran responder por el daño que los imputados hayan hecho.

"La pretensión resarcitoria se deducirá oportunamente contra todos los terceros que resultaren penal y/o civilmente responsables. La provincia de Santa Fe se ha constituido (...) como tercera civilmente responsable. Y en consecuencia, la constitución de actor civil alcanza a la provincia de Santa Fe, contra la cuál también se promoverá la acción tendiente a obtener el resarcimiento integral de los daños causados por la catástrofe".

Por lo tanto -añade el escrito- "solicitamos se cite a declarar como imputados a todos aquellos funcionarios provinciales que -al momento de ocurrida la catástrofe- tenían a su cargo la responsabilidad de prevenir tales hechos, y en primer lugar a quien por entonces se desempeñaba como de gobernador de Santa Fe".

Demiryi consideró que el pedido de indagatoria de Lole "tiene estrecha relación con lo que venimos sosteniendo a lo largo de estos años con todo el grupo que venimos luchando por el tema inundación", dijo en declaraciones a la emisora LT10. "A casi tres años de la catástrofe, aún no hay ningún funcionario procesado, esta es una de las causas emblemáticas de la impunidad en la provincia", agregó.