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La cesanteada supervisora de Nivel Medio de la Regional II de Educación, de Reconquista, Estela Pietropaolo, denunció que la determinación del Ministerio de Educación de separarla del cargo por decreto es "arbitraria" y que está basada en "persecución ideológica". La docente presentó una apelación revocatoria de la resolución ministerial y hará lo propio con una medida cautelar en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El ordenamiento del sumario y desplazamiento del cargo de la docente fue solicitado a la cartera educativa por la delegada Regional Leonor Peña, y ejecutado por la ministra Elida Rasino, mediante el decreto 1.288, del 22 de julio pasado, con la firma del gobernador Hermes Binner.

Pietropaolo asegura que su desplazamiento fue por "mantener diferencias con Peña". Por su parte, los diputados Enrique Marín, del Frente para la Victoria; Marcelo Brignoni, del bloque Encuentro; José María Tessa, del Movimiento de Articulación Popular; Antonio Riestra, del Movimiento PARES; y Alicia Gutiérrez, de Solidaridad e Igualdad, solicitaron a Binner "la nulidad de la decisión tomada y la reinstalación de Pietropaolo".

Los motivos del sumario que se le inició a la ex supervisora en 2009 son cuatro: "Haberle reconocido a dos docentes de la escuela 43, de Reconquista, que tenían razón al reclamar unos reemplazos; desobedecer, sin justa y legal causa, las órdenes de los superiores naturales; haber autorizado un curso por avance en la escuela 385, de Reconquista (cuando -según la acusada- lo que ocurrió fue un error y un olvido de la delegada regional, que tramitó sola todas las necesidades, sin comunicar a los supervisores de lo que iba haciendo y otorgando); y haber consentido una reestructuración curricular en la escuela 43". En tanto, Pietropaolo señaló que los puntos tuvieron que ver con "cuestiones de reglamentación, relacionados con temas pedagógico-políticos; pero con la idea de una persecución". Además, indicó que tras el proceso sumarial, la Junta de Disciplina Docente, que es el organismo encargado de estudiar la disciplina de los maestros, analizó el caso y "una de las partes -la del gremio- determinó una suspensión por 30 días"; mientras que la otra parte, "sospechosamente, vio mucho más de lo que vio el resto de los integrantes de la junta, y consideraron la cesantía". Para la docente, "forzaron la mirada hacia donde les convenía".

Sobre esos cuatro puntos, Pietropaolo sostuvo: "Por supuesto que el ministerio va a decir que son sancionables, porque en el sistema educativo tenemos una reglamentación de lo más frondosa y de lo más ambigua, que les permite a ellos meterse en esas grietas y tironear una realidad para su lado". En ese sentido, dijo que seguirá los mismos pasos que inició en 2008. "Continuaré insistiendo y formando conciencia sobre las injusticia que padecemos en el norte de la provincia, en cuanto a educación", dijo la docente.

Por su parte, el diputado Marín indicó que el sumario tuvo que ver con "las diferencias de la docente hacia la línea política que bajaba Rasino para ejecutarse en el área de educación". Y agregó: "Si uno lee el sumario, se da cuenta que la realidad es que hay una persecución política de por medio"; por eso, "propusimos al gobernador que nos informe de este asunto, porque nos preocupa. El problema es que lo vemos como una amenaza hacia todo el sistema y hacia los que están dentro". Y continuó: "Pedimos que el gobernador deje sin efecto lo que resolvió y que ponga las cosas en orden". Amsafé apeló la cesantía.