Un grupo de senadores provinciales del PJ presentó ayer un proyecto de ley que propone que sea la justicia provincial la que intervenga en los caso de venta minorista de estupefacientes. Esto se cumplirá con la adhesión a una ley nacional. Argumentan que como los juzgados federales son pocos y se dedican a la persecución de bandas, cuando se solicitan allanamientos contra los "kioskos de droga, estos se demoran y llegan cuando ya se ha levantado el punto de venta".

La iniciativa está firmada por Alcides Calvo, Ricardo Spinozzi, Cristina Berra, Hugo Terré, Norberto Betique, José Baucero, Danilo Capitani y Hugo Pucheta. Los senadores justicialistas destacan que "en la actualidad, está vigente en la provincia de Santa Fe la ley 23.737, a la cual se ha adherido y que establece que los delitos relacionados con drogas y estupefacientes son de competencia de la justicia federal. No obstante creemos que los delitos que se perpetren y que produzcan sus efectos dentro de los límites territoriales de los estados que integran la República Argentina deben ser, de acuerdo a su magnitud, de competencia de la justicia penal ordinaria de esos estados provinciales".

Para el senador Calvo "la actualidad social de la provincia nos plantea que los problemas relacionados con el consumo y comercialización de estupefacientes se han incrementado".

Por eso el grupo de senadores apuntan que "la avocación de los juzgados federales al conocimiento de las causas que tienen origen en la venta y distribución de drogas, al ser estos sustancialmente minoritarios respecto de los juzgados penales y correccionales, hace que se torne de cumplimiento imposible la verdadera persecución del delito de la venta minorista de droga, ya que en su mayoría las tareas de inteligencia están dirigidas a operativos de gran envergadura relativos a detectar bandas organizadas de narcotraficantes y redes importantes de distribución".

"Pero -aclara el proyecto- en el delito que involucra a los mencionados 'kioscos' de venta de droga, que son detectados muchas veces por los vecinos de los barrios donde se establecen y que cada día son más, es muy difícil que pueda llegar a actuar la justicia federal, porque estos sitios proliferan por todas las jurisdicciones provinciales, y en el caso de estados de gran desarrollo territorial como la provincia de Santa Fe, con importantes centros urbanos en toda su geografía, el combate federal se hace prácticamente imposible" dicen los legisladores.

"En reiteradas oportunidades, se solicita que se libren órdenes de allanamiento contra estos puntos de venta, que debido a la gran cantidad que existen, la demora en el libramiento de las mismas hacen que cuando estas lleguen, ya se haya levantado el punto de venta, debido a que suelen cambiar de lugares permanentemente. Este tipo de venta, que se instala en los barrios contamina la vida cotidiana de los vecinos", agregó.