Desde Santa Fe

El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, procesó a siete represores santafesinos, entre ellos el ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Jorge Roberto Diab, el oficial del Ejército de más alto rango acusado por crímenes del terrorismo de estado en Santa Fe. Diab fue imputado por "privación ilegal de la libertad agravada", "tormentos" y "asociación ilícita", los mismos cargos que pesan sobre otros cinco ex policías, aunque en diferentes escalas: Ricardo Ferreyra, Héctor Romeo Colombini, Juan Calixto Perizzotti, Eduardo Ramos y María Eva Aevi. El séptimo es el ex juez Víctor Brusa, procesado por "apremios ilegales" en dos casos y "asociación ilícita".

La investigación es una secuela del juicio Brusa, con los mismos condenados en diciembre de 2009, más Diab y el comisario Ferreyra, quien reemplazó en la jefatura de la comisaría 4ª a Mario Facino, el 23 de diciembre de 1976. El doctor Vera Barros interviene en la causa porque no lo pueden hacer sus dos colegas de Santa Fe: Reinaldo Rodríguez (juez federal Nº 1), apartado en su momento del proceso, y Francisco Miño (juez federal Nº 2), por su parentesco con una de las víctimas y su amistad con Brusa.

Este es el tercer procesamiento de Diab en dos años, aunque en breve podría sumar el cuarto porque esta semana también fue indagado por el martirio a una ex militante de la Juventud Peronista, María Cecilia Mazzetti (ver aparte). El primero fue en noviembre de 2009, cuando el juez Rodríguez lo procesó por 46 homicidios de militantes políticos, una resolución que la Cámara Federal de Rosario confirmó parcialmente el 30 de diciembre de 2010 por 34 hechos, al considerar que en algunos casos faltan pruebas y en otros, Diab estaba de licencia en su cargo, en febrero de 1977. Y el segundo, en agosto de 2010, cuando el juez Miño lo procesó "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos" a otra ex detenida política, Rosa Valinotti. Lo que significa que el ex subjefe de Inteligencia ya tiene cuatro procesos abiertos, uno de ellos con un fallo confirmado por la Cámara.

Uno de los hechos que se investigan en la causa lo reveló Perizzotti en el juicio a Brusa. Se trata del traslado de diez mujeres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), encapuchadas y maniatadas, desde un centro clandestino conocido como "La casita" hasta la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Perizzotti dijo que el operativo se realizó de noche, a fines de marzo de 1977 y en un descampado de Santo Tomé. El jefe era Diab. "Vi que esas chicas tenían los ojos vendados, entonces le pregunté: 'Señor, ¿le sacamos las vendas?'. Y él me contestó: 'Si le saca las vendas se las pongo a usted'".

En la indagatoria, Diab negó las imputaciones y dijo que en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 sólo cumplía funciones "administrativas". "Tengo las manos limpias y la conciencia tranquila", se atajó.

Sin embargo, el juez Vera Barros no le creyó. Y consideró que "a la luz de las pruebas recolectadas en la causa el imputado Diab es responsable en su carácter de autor mediato de los delitos que aquí se investigan", dice la resolución a la que tuvo acceso Rosario/12. Por lo tanto, lo procesó por la "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos" sufridos por doce víctimas: las diez mujeres que trasladó desde "La casita" (Hilda Benavides, Mabel Caminos, Graciela Aguirre, Teresita Miño, Silvia Abdolatif, Patricia Traba, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Stella Vallejos y Vilma Raquel Juárez). Más, Vilma Pompeya Gómez y Daniel Gatti, quién fue secuestrado el mismo día que sus compañeras, el 23 de marzo de 1977 y también pasó por el mismo centro clandestino.

El juez procesó también a los cinco policías por los mismos cargos: a Colombini por "privación ilegal de la libertad agravada" y "tormentos" en ocho casos; a Perizzotti, Ramos y Aebi en siete casos y a Ferreyra en cuatro casos. Mientras que a Brusa le imputó "apremios ilegales" en dos casos. Y a todos, les reprochó el delito de "asociación ilícita".