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Después del decreto 936 que prohibió los avisos clasificados de oferta sexual en los diarios, el rubro 59, anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el abogado constitucionalista Domingo Rondina salió a cuestionar la medida por "inconstitucional". El profesional consideró que "el decreto pone un límite inconstitucional a la libertad de expresión". Para modificar ese derecho humano, explicó, es necesario cumplir tres reglas: la primera de ellas es que debe ser por ley y no mediante un decreto. Rondina afirmó que convalidar esa medida presidencial configura "un riesgo". "Por ley se podría hacer un cambio de esa naturaleza aunque yo creo que no, ni siquiera por ley porque la prostitución no es una actividad inconstitucional y está despenalizada", aseguró.

En tanto, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), con sede en Rosario y Santa Fe, cuestionó la medida por "discriminatoria" y afirmaron que "profundizan la clandestinidad" de las mujeres que ejercen el trabajo sexual "de manera autónoma".

En tanto, las iniciativas legislativas que apuntaban a la prohibición de estos avisos clasificados no habían prosperado en Santa Fe. Uno de los autores, Santiago Mascheroni, interpretó que el gobernador Hermes Binner podría dictar un decreto similar al de Cristina, para garantizar que los diarios santafesinos tengan que cumplir la norma.

El diputado provincial Mascheroni presentó el 22 de septiembre pasado junto a su colega Antonio Riestra un proyecto que no sólo prohibía la difusión de oferta sexual, sino que además proponía sancionar a los medios que publicaran este tipo de avisos con la quita de toda publicidad oficial. Tiempo después, presentó un proyecto similar la diputada del SI, Alicia Gutiérrez. Esos proyectos no llegaron a ser tratados siquiera en comisión. Según los cálculos de los legisladores, cada fin de semana se publican unos 500 avisos con oferta sexual en los diarios de la provincia.

Por otra parte, en el Concejo municipal, el concejal Orlando Debiasi había trabajado una ordenanza en ese sentido, que llegó a ser tratada y aprobada en la Comisión de Gobierno. La iniciativa --denunció el propio Debiasi-- fue devuelta a esa comisión "en carácter de no 'aún no sabemos qué'".