Los arrozales y bañados del centro y noreste santafesino reciben unos 190 mil kilos de plomo en cada temporada de caza. El problema es doble: por la dimensión y por el daño que ese metal causa en el ecosistema. Por eso, la Secretaría de Medio Ambiente provincial estableció restricciones que apuntan a reducir el uso de municiones de plomo con la expectativas de llegar a 2013 habiéndolas erradicado del circuito cinegético, tal como llaman al turismo basado en la cacería de animales silvestres. Pero hay miradas opuestas sobre cuánto y cómo debe regularse esta actividad, liberada hasta hace un par de años para que tiradores europeos y estadounidenses vengan a solazarse con lo que en sus países está prohibido.

Hay ecologistas que reclaman restricciones más drásticas y denuncian que no hay controles para hacer cumplir la norma. Pero en San Javier el turismo cinegético está declarado de interés municipal. El intendente Mario Migno (UCR) es un acérrimo defensor de los cazadores, y a pesar de integrar el Frente Progresista ha hecho llegar al gobierno provincial su desacuerdo con las restricciones que pretenden encauzar esa actividad para que no siga dañando el medio ambiente. El senador departamental, José Baucero es justicialista, pero en esta hace causa común con el intendente radical. Ambos hacen una defensa cerrada de los intereses del turismo de cacería. Alegan que es una de las pocas fuentes de ingresos que tienen en la zona.

"Acá en San Javier hemos crecido comiendo patos y es común encontrarnos con una munición en la carne. Y acá estamos, lo más bien, y en un lugar bellísimo que progresa gracias al turismo", respondió Baucero, y desafió: "Si hubiese un estudio serio que determine el riesgo que implica el uso del plomo, estaríamos de acuerdo, pero como no lo hay pedimos un tiempo prudente para que se vaya suplantando esa munición por otra alternativa, como quiere el gobierno". Para el senador, las conclusiones de la Wild Conservation Society (WCS) sobre la contaminación de los patos con plomo no son atendibles.

"San Javier es linda, pero pobre. Tenemos mucha desocupación, y esta actividad ayuda porque da empleo y a los comerciantes los beneficia también", argumentó. Al requerírsele precisiones de la incidencia del negocio cinegético en la economía local, Baucero dijo que hay 12 complejos de cabañas abocadas a las excursiones de caza para extranjeros y que emplean entre 250 y 300 personas como guías, choferes, mucamas, mozos y cocineras. San Javier posee 20.000 habitantes, y en los tres meses que dura la temporada de caza, llegan entre 1.000 y 1.500 turistas.

En off the record, algunos habitantes de la zona confirman el rumor de que los cazadores consumen y propician no sólo la prostitución, sino también el abuso infantil de menores que se acercan compelidas por la pobreza de sus familias. Pese a ello, no existe una investigación de oficio que indague en el asunto. Baucero, que antes de ser legislador, fue intendente de San Javier, admite lo primero y niega lo segundo. "Acá hay pobreza y por lo tanto, hay prostitución como en cualquier lado, pero digna. No hay prostitución infantil de ninguna manera. Eso lo dicen cuando empieza la temporada de caza, pero no es cierto", afirmó con naturalidad y sin margen para la duda.

500 EUROS

El director de Recursos Naturales, Ricardo Biasatti, refutó el argumento de que la cacería derrama ingresos al resto de la comunidad: "El Ipec demuestra que el impacto económico del turismo cinegético en el distrito San Javier no existe más que para unas pocas empresas que explotan ese negocio; lo que sí tienen es uno de los índices de pobreza más elevado de la provincia. Es un sector concentrado, con alto grado de informalidad", dijo. El funcionario agregó que antes la caza estaba desregulada y hasta se la promovía desde el Estado.

Las regulaciones aplicadas producen un malestar que los cazadores expresan en los foros. Uno de ellos, el santafesino Raúl Rodríguez, calificó de "irrisoria" la medida de limitar a 30 cartuchos diarios el poder de fuego de cada cazador, y lamentó que se haya acotado los cupos de piezas para cazar. Atribuyó esa reglamentación a "las ambiciones de las organizaciones ecologistas".

Daniel Moretto atiende unas cabañas en Helvecia, pero para el turismo familiar. Participa de la ONG ecologista Santa Fe Activa. Contó a Rosario/12 que rechazó una oferta para poner su complejo al servicio del negocio cinegético. "Llegaron a ofrecerme 500 euros por día de temporada para ponerme con ellos", dijo. Como se negó e, incluso, militó a favor de la regulación para la caza en la zona, hombres que participan del negocio cinegético lo agredieron a golpes en dos ocasiones.

800 TIROS

Mónica Parvellotti es maestra en La Brava, un pequeño pueblo del departamento San Javier, sobre la ruta 39. Sabe de los estampidos cercanos de las escopetas que la estremecen mientras da clase. Sus alumnos la llevaron a ver el tendal de patos cazados y abandonados en los campos. Y le han contado que esperan a que los cazadores se vayan para entrar a buscar los siriríes, crestones y capuccinos desechados para llevárselos y comer. "Este año andan menos cazadores que otras veces, pero igual acá no es zona de caza. Pasan por la cañada y tiran a 100 metros del pueblo. A una compañera que les hizo frente la amenazaron feo", contó a este diario.

Los cazadores en cuestión son franceses, canadienses, alemanes, estadounidenses que buscan por internet los cotos de caza con menos regulaciones y controles encima, donde poder apretar el gatillo a discreción. El auge empezó a mediados de los '80. Empezaron por las palomas y luego también apuntaron a los patos. Por eso los lugares ideales son las arroceras de los departamentos San Javier, Garay y General Obligado, porque son humedales artificiales que atraen estas aves. Biasatti explicó que "los lugareños vieron la oportunidad de dejar entrar a cazar en los arrozales con doble beneficio: les mataban los patos que hacían daño y además les cobraban a los cazadores".

El negocio creció y se organizó en torno a la Cámara de Empresas de Servicios de Turismo Cinegético y Pesca Deportiva. El turismo para cazadores prosperó sin ataduras, y sólo molestado de tanto en tanto por el rumor de que sus viajeros también consumen prostitución, incluso de menores. Aunque la acusación ha sido recurrente, el tema nunca despertó una investigación de oficio por parte de la Justicia.

Recién en 2008 un estudio de la Wild Conservation Society alertó a la Secretaría de Medio Ambiente sobre la presencia de plomo en los patos silvestres de la zona. Estas aves ingieren las municiones al confundirlas con las pequeñas piedras que suelen tragar para facilitar su digestión. El plomo erosiona en el aparato digestivo y pasa a la sangre y a los huesos del animal. A la intemperie, la contaminación afecta el agua y la tierra donde crece el arroz.

En esa coyuntura la provincia quiso introducir las primeras regulaciones y empezaron los tironeos. "La caza está prohibida por ley, y la Secretaría de Medio Ambiente está facultada a habilitarla una vez al año", aclaró Biasatti, que discutió con los operadores del negocio y con ONGs ecologistas una normativa tendiente a disminuir el número de disparos permitidos a cada cazador, la cantidad de piezas admitidas, y las épocas de caza.

Después de muchas idas y vueltas, e impugnaciones a las resoluciones tanto de parte de los ecologistas como de la cámara turística, se impuso una reducción progresiva de las municiones de plomo, que deben ser reemplazadas por otras de material alternativo como níquel, zinc, tungsteno o acero, entre otros. Este año, el 25% de las municiones de los cartuchos de cada cazador debe ser de material alternativo, o si no, debe abstenerse de disparar ese porcentaje dentro de su cuota. Para la temporada 2012 la restricción será del 50%, y en 2013 el plomo estará prohibido.

"Antes algunos llegaban a tirar 800 tiros cada uno, en un día. Cazaban durante 5 días que dura el tour. Cada disparo pesa unos 32 gramos, multiplicado por unos 1.500 cazadores que llegan cada año: el resultado son 192 toneladas de plomo por cada temporada", calculó Biasatti.

Este año el ministro de Aguas, Servicios Público y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, abrió la temporada de caza menor entre el 7 de mayo y el 7 de agosto para los patos, liebres, cotorras y morajúes. Las perdices respiran desde hoy. La normativa parece encauzar los cañones de las escopetas hacia las palomas, que actualmente están al borde de ser consideradas una plaga.

Los pobladores que no miran con simpatía la actividad cinegética, como las maestras de La Brava, como los integrantes de Santa Fe Activa, cuestionan que la normativa existe, pero que no se la hace cumplir porque no hay controles.

"La resolución es razonable e innovadora, aunque perfectible", planteó Rafael Baldacci, abogado de la ONG, pero también cazador deportivo. "Reiteramos el pedido para que se permita la caza sólo durante los sabados, domingos y feriados, sin distincion de especies, y se prohíba hacerlo de lunes a lunes", dijo.

Política

Desde el Estado provincial, Biasatti expone una estrategia diferente. "La solución no pasa esencialmente por la actividad de controlar, que nunca podrá ser ciento por ciento eficaz. La solución es planificar el control y los recursos. Establecer paulatinamente restricciones de manera que los beneficiarios de la actividad se vean obligados a cambiar la lógica, que hasta ahora parecía decirles a los extranjeros 'paguen para venir a transgredir la ley'. Eso no va más, y con el tiempo se verá el cambio", explicó el subsecretario de Recursos Naturales.

"Me puede gustar o no el turismo cinegético, pero es una actividad lícita. Lo que hacemos es encuadrarlo dentro de una regulación que paulatinamente hará que la actividad no desaparezca, pero que su impacto negativo se disipe", agregó.

Biasatti reveló que la Dirección de Fauna Silvestre de la nación lo contactó hace algunas semanas con la intención de extender la normativa santafesina a todo el país, puesto que en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa el turismo cinegético también es un pingüe negocio que está causando daño en sus ecosistemas. "Será clave que la reducción de municiones de plomo abarque a todo el país, porque eso obligará a los fabricantes a cambiar su oferta, de lo contrario se quedarán sin mercado. De eso se trata", concluyó.