Un proyecto de ley de Protección Integral al Trasplantado ingresó la semana pasada a la Legislatura, por iniciativa de la Asociación Civil Deportistas Trasplantados de Santa Fe (Detsa). El diputado provincial Leonardo Simoniello, del Frente Cívico y Social, le dio estado parlamentario al proyecto, en el que Detsa trabajó durante dos años. La intención es proteger a las personas que recibieron un órgano por donación, con un mejor pasar post trasplante en cuanto a atención de la salud e inclusión social tanto económica como lo laboral. En ese sentido, apunta a garantizar la cobertura social para trasplantados, incluyéndolos, con afiliación gratuita, a la obra social de la provincia (Iapos). También incluye otros beneficios como facilidades para acceder a planes de vivienda y traslados gratuitos dentro del territorio santafesino.

Si bien esta semana la Cámara Baja de la Nación comenzará a debatir en comisiones la ley presentada en el Congreso para garantizar la protección a los trasplantados de todo el país, el presidente de Detsa, Martín Palamedi, consideró importante "que Santa Fe tenga su propia ley para los pacientes de la provincia". Además, celebró que a nivel nacional avance la normativa --que ya tiene media sanción de Senadores--, y aseguró que si se aprueban ambas iniciativas "los santafesinos tendrán más beneficios" de los incluidos en el proyecto nacional de la senadora salteña Sonia Escudero, avalado por el Incucai.

Palamedi relató que la situación "no es nada fácil" para las personas trasplantadas: "Muchos jóvenes son discriminados y no pueden conseguir trabajo por su condición; mientras que la gente que tiene trabajo, después de lograr ser trasplantada, le otorgan la jubilación porque no la pueden echar. Además, hay muchos gastos en transporte y medicación", indicó.

En el mismo sentido, apuntó a que el proyecto de ley busca darles a las personas trasplantadas una "seguridad en cuanto a la asistencia y la protección social, pero también, y sobre todo a la gran mayoría de jóvenes, asegurarles una inserción laboral totalmente normal. Esta gente no tiene a nadie que los ampare, no es como les pasa a las personas con discapacidad, que se rigen por una normativa. Porque si alguien le da trabajo a una persona trasplantada, y después se enferma, lo tienen que internar u operar, le tienen que seguir pagando el sueldo; por eso la idea es que una ley los proteja, que el Estado obligue a insertar a los trasplantados en el ámbito laboral".

En líneas generales, el proyecto apunta a asegurar beneficios tanto en lo laboral como en el ámbito de la seguridad social. "No se considerará impedimento para el acceso, ingreso o permanencia en una relación laboral, en el ámbito público y privado, la circunstancia de haber sido sometido a un trasplante", reza el uno de los artículos. Para ello, el proyecto invita a la autoridad de aplicación --que en este caso será el Ministerio de Salud provincial-- a "organizar acciones coordinadas con los organismos provinciales con competencia en materia laboral, las que tendrán por objeto promover e incentivar la generación y mantenimiento del empleo de personas trasplantadas". También deberá fomentar capacitación laboral para estas personas.

En consecuencia, el tema laboral busca incluir a los trasplantados en concursos públicos y licitaciones que realice la provincia para formalizar contrataciones. Palamedi adelantó que para gozar de todos los beneficios a los que apunta la normativa, la provincia deberá entregar a todas las personas trasplantadas, un carné que deberá ser presentado en todos los ámbitos donde sea solicitado para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.

En cuanto a la seguridad social, el proyecto busca que la provincia otorgue una pensión (vitalicia) a las personas trasplantadas "que, en razón de tal condición, se hallen fuera del mercado laboral, desempleadas", y no cuenten con ningún beneficio similar. Además, las autoridades provinciales, deberán garantizar "la afiliación gratuita al IAPOS de todas aquellas que acrediten no contar con ningún tipo de cobertura médica".

Por otro lado, el déficit habitacional de la provincia también alcanza a personas trasplantadas de familias humildes. Como paliativo, la iniciativa de Detsa, busca que exista una "preferencia en el acceso a los planes de vivienda que desarrolle el Estado Provincial". Al respecto, Palamedi señaló que la situación habitacional tiene una "enorme injerencia" en los temas de salud, y aseguró que muchas personas sufren la incompatibilidad del órgano trasplantado con su organismo "por las condiciones en las que viven".

Además, la iniciativa incluye un reclamo histórico de las ONG que trabajan por la donación y el trasplante de órganos, relacionado con el traslado en transportes públicos: lograr que éste sea gratuito hacia los centros de atención sanitaria. La idea es que los trasplantados gocen de "un beneficio para el uso gratuito de los servicios de transporte en jurisdicción provincial". Para ello, deberá crearse el "pase gratuito".