Desde Santa Fe

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, reveló ayer que el gobierno ofreció al Tribunal Oral de Santa Fe varios testigos que confirmarían -si se los cita a declarar- que el ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, violó el arresto domiciliario en su casa de San José del Rincón, donde cumple dos condenas a 20 y 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Uno de ellos es un funcionario del Ministerio de Seguridad ﷓al quien no identificó﷓, pero que el lunes al caer la tarde vio a Facino tomando café en un supermercado de Colastiné Norte, a pocos kilómetros de la quinta del ex comisario y alertó por teléfono a la Casa Gris. Inmediatamente, se montó un operativo policial, pero cuando llegaron el jefe y el subjefe de la Unidad Regional I, Facino ya se había ido a bordo de un automóvil, junto a dos mujeres. Para el ministro, si la justicia ratifica este hecho, Facino "no debe tener el beneficio de la prisión domiciliaria".

Lewis pasó ayer por la Legislatura para pedirles a los diputados del oficialismo y la oposición que voten un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y establece un cronograma de tareas para implementar de manera definitiva la reforma procesal penal en la provincia (ver aparte). El sistema de juicio oral y público llevará su tiempo, recién se pondrá en marcha en 2013.

Pero en una ronda de prensa, le pidió al Tribunal Oral que revoque el arresto domiciliario de Facino. "Un funcionario del Ministerio de Seguridad vio a esta persona tomando un café (en un supermercado de Colastiné Norte) cuando cumple prisión domiciliaria en su casa de San José del Rincón. Entonces, a esos fines, se realizaron dos dispositivos policiales para corroborar si esto era efectivamente cierto. Se intentó chequear el dato. Y se hizo una presentación al Tribunal Oral firmada por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, donde se solicitó al Tribunal una serie de medidas para averiguar si efectivamente había sido así, y en su caso, que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria, que es lo que corresponde", comentó Lewis.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia considera que los represores condenados por delitos de lesa humanidad "no deben tener estos beneficios, que si bien están previstos en la ley, tienen que otorgarse cuando se den las circunstancias y corresponda, y evidentemente, este no es el caso. Por lo tanto, solicitamos al Tribunal que investigue" si Facino violó la prisión domiciliaria y le revoque el beneficio, agregó.

-¿Además de ese funcionario, hay otros testigos que aseguren haberlo visto en el supermercado y que violó la prisión domiciliaria?

-Nosotros hemos ofrecido al Tribunal Oral de Santa Fe una serie de testimoniales para que se verifique el dato.

-Y si se confirma que fue así, ¿Facino sería trasladado a una unidad carcelaria?

-Bueno, esa es una decisión del Tribunal Oral que debe determinar dónde y cómo debe ejecutar su condena el sujeto. Yo entiendo que sí, que debería ir a una unidad carcelaria, pero lo debe decidir el Tribunal y en ese sentido tiene un amplio espectro de posibilidades ﷓explicó el ministro Lewis.

Patricia Isasa, sobreviviente de La Cuarta, señaló que Facino "violó la detención domiciliaria con soltura. Seguramente no es la primera vez que pasa. Resulta que los controles no son ni continuos. El represor, luego de que se retira el control, espera unos minutos y listo, sale, llegando a pasearse en el supermercado Kilbel o tomar café en un centro comercial de Colatine Norte. Tambien maneja su Megane FVY 185".

"El ministro Lewis es quien tiene en su órbita la Subsecretaria de Asuntos Penales (manejada por Devora Cotichini), que debe controlar a los genocidas en sus casas. Por eso les cabe también responsabilidad en la forma del control", entendió Isasa.

Facino cumple dos condenas por delitos de lesa humanidad. En diciembre de 2009, en el juicio a al ex juez Víctor Brusa y otros represores, el Tribunal Oral lo condenó a 20 años de prisión por secuestros y torturas y en agosto de 2010, a 23 años de cárcel en la primera condena por homicidio en Santa Fe, al considerarlo autor mediato por el secuestro y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López.